Plan para convertir bloqueos en delito divide a sectores: rechazan y aplauden
Mientras los legisladores debaten sobre tres proyectos de ley para penalizar los bloqueos de vías, la COB, sindicatos y organizaciones sociales defienden ese método de protesta para reivindicar sus derechos vulnerados por los gobiernos de turno.
Los promotores de las normas antibloqueos argumentan que los cierres de vías generan perjuicios a la población y a la economía y afectan la circulación de responsables de bienes, servicios.
Defienden también que la ley busca resguardar a la sociedad civil y a policías/militares en escenarios de conflicto, evitando que sean “utilizados como carne de cañón” o queden expuestos sin garantías frente a protestas violentas.
Existen actualmente tres proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, dos en Diputados y uno en el Senado.
Los asambleístas proyectistas de las normas han señalado que los bloqueos no solo interrumpen el tránsito, sino que afectan la economía, el comercio y la percepción internacional del país, lo que podría disminuir inversiones o turismo.
El proyecto plantea tipificar los bloqueos como delito, con penas entre 10 y 20 años de privación de libertad, especialmente si hay violencia, organización o instigación.
Ciudadanos e integrantes del Comité Cívico Pro Departamento de La Paz marcharon el pasado miércoles por las principales avenidas del centro de la sede de Gobierno, en demanda de un ley “antibloqueos”.
Defensa
Organizaciones sociales como la Central Obrera Boliviana (COB), han rechazado los proyectos de ley que penalizan los bloqueos calificándolas de provocación y criminalización de la protesta histórica.
Para la COB, estas propuestas “desconocen la historia de lucha de los movimientos indígenas, campesinos y obreros” y buscan reprimir formas legítimas de presión cuando el Estado incumple acuerdos o ignora demandas populares.
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), ven la ley antibloqueo como un intento de silenciar a las “grandes mayorías” del país, al restringir formas de movilización profundamente arraigadas y, según ellos, legítimas.
Comisión integrada
El Senado aprobó este jueves que una comisión integrada se encargue de tratar el proyecto de ley antibloqueo, mediante diálogo con sectores económicos y sociales.
Una comisión integrada se conforma para temas de importancia y urgencia. En este caso, se constituyó por las comisiones de Constitución y de Justicia Plural.
La senadora Claudia Mallón explicó que esta comisión integrada, se podrá trabajar con mesas técnicas que convoquen a sectores para dialogar.
Señaló que se podrá invitar a organizaciones sociales, empresarios, agropecuarios, floricultores y otros sectores para debatir el tema.
