Ataque cibernético o negligencia, ¿qué se sabe del apagón en Venezuela?

CARACAS |

Un ataque electromagnético de Estados Unidos con apoyo de la oposición, o negligencia y corrupción de un gobierno que destruyó la infraestructura. Esto es lo que se sabe del peor apagón que ha colapsado a Venezuela desde el 7 de marzo.

Sabotaje múltiple

El corte se produjo a las 16:54 locales (20:54 GMT) por una falla en la central hidroeléctrica Guri (estado Bolívar, sur), que genera 80 por ciento de la energía del país y la segunda más grande de Latinoamérica después de Itaipú (Brasil-Paraguay).

Según el presidente Nicolás Maduro, se trató de un "ataque cibernético" contra el cerebro de Guri y de un "ataque electromagnético" a las líneas de transmisión (aludiendo a descargas maliciosas de energía que destruyen aparatos electrónicos).

"Un ataque de una tecnología que solo cuenta el gobierno de Estados Unidos", sostuvo Maduro.

Hoy, el mandatario volvió a la carga: "Tengo las pruebas en las manos, verifican que fue un ciberataque dirigido desde Houston y Chicago (...) ordenada por el Pentágono".

Al calificar el supuesto ataque de "terrorismo", Maduro anunció la creación de una comisión de investigación, para la que pedirá apoyo de la ONU, China, Rusia, Irán y Cuba.

El mandatario socialista asegura que el "sabotaje" se combina con ataques físicos a las subestaciones para generar incendios y cortocircuitos.

Una de esas acciones, dice, afectó a la termoeléctrica de Tacoa, que alimenta a Caracas y su periferia, donde vive un quinto de los 30 millones de habitantes.

"En la Gran Caracas el sistema es hidroeléctrico y termoeléctrico. Si (el daño) hubiese sido accidental, la Gran Caracas se hubiera podido alimentar de Tacoa, como ocurrió con centrales pequeñas" en otros estados, explicó el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.

Pero "cortaron el suministro de gas a Tacoa y provocaron una explosión (...) para que Caracas quedara a merced del ataque", añadió el ministro, indicando que los autores sabían que también se afectaría el suministro de agua, la atención hospitalaria y la banca electrónica para generar un estallido social e intentar derrocar al gobierno.

Una subestación también explotó el lunes en la capital por causas desconocidas.

"La casi totalidad del servicio ha sido restituida en el territorio nacional, pero no podemos dormirnos, la guerra eléctrica continúa", advirtió Rodríguez.

Los apagones son frecuentes en Venezuela, pero el actual es el peor que ha golpeado al conjunto del país y el primero que afecta a Caracas con severidad.

Negligencia y corrupción

El líder opositor Juan Guidó rechaza la versión oficial, que lo vincula como autor del "sabotaje" en su ofensiva por sacar del poder a Maduro con apoyo de Estados Unidos. Este país lidera el más de medio centenar que lo reconoce como presidente interino de Venezuela.

Guaidó asegura que -según fuentes cercanas a la estatal Corpoelec- "un incendio de vegetación registrado el jueves en la tarde afectó las tres líneas de 765 kilovoltios entre Guri y las subestaciones Malena y San Gerónimo B". La "falta de mantenimiento preventivo" y de poda de la hierba "hacen que estas torres sean susceptibles a estos incendios", añadió.

Citando a técnicos, el también jefe parlamentario sostiene que un hackeo al sistema que controla la Red Troncal de Transmisión "es imposible por una razón simple: es un sistema analógico". Pero el gobierno señala que es un "sistema de última tecnología digital anillada".

Guaidó desestima además la tesis del ataque recordando que en 2009 se decretó la "emergencia eléctrica" y en 2013 se militarizaron las instalaciones de ese tipo.

"El agravante más obsceno de la crisis es que Venezuela tiene alrededor de 19.000 megavatios instalados, pero hoy solo hay 2.500 disponibles. Su negocio (el del gobierno) fue robarse la plata y comprar plantas, no ponerlas operativas", dijo.

Una comisión del Legislativo, de mayoría opositora, denunció a finales del año pasado que la corrupción en el sector eléctrico dejaba pérdidas por unos 1.500 millones de dólares hasta 2016, y que el monto podría aumentar cuando se incluyan otros casos ocurridos desde entonces.

La dilapidación de esos recursos ha impedido realizar el mantenimiento y las inversiones que demanda la infraestructura, afirman los adversarios de Maduro.