Oleada de protestas indígenas pone en jaque al Gobierno colombiano

La protesta social ya se ha convertido en uno de los principales frentes del Gobierno del presidente colombiano Iván Duque. Hace tres semanas comenzó una oleada de movilizaciones indígenas que ha derivado en una preocupante crisis en el departamento del Cauca, donde los cortes de la carretera Panamericana han aislado el suroeste del resto del país.

Los nativos demandan, en lo sustancial, un incremento de la inversión contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta del período presidencial. Una cantidad que actualmente supera los 3.000 millones de dólares y que las comunidades consideran insuficiente, reseñó ayer el diario El País.

Las movilizaciones ya han dejado varios muertos –al menos ocho personas fallecieron manipulando explosivos, según el Ministro de Defensa, y un manifestante murió al recibir disparos– y decenas de heridos en los enfrentamientos con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Esta modalidad de protesta no es nueva. Se llama “minga”, que en lengua quechua es una tradición de trabajo agrícola colectivo, y tanto los expresidentes Álvaro Uribe como Juan Manuel Santos tuvieron que acceder a negociar con sus representantes.

Según los portavoces del movimiento, hay más de mil compromisos de diversa índole que se quedaron por el camino.

El Consejo Regional Indígena del Cauca, territorio en el que viven cerca de 200.000 nativos, busca la complicidad de la sociedad en este pulso.

“Tiene que leer cómo el Gobierno nacional y su partido político, el Centro Democrático, están dispuestos a ir en contra del pueblo”, manifestó el jueves en un comunicado. Rechazan las acusaciones del Ejecutivo, que sostiene que se infiltraron en sus filas guerrilleros de grupos disidentes de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“La comunidad no permite la entrada a ningún actor armado”, asegura la organización.

La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, llegó a especular con la posibilidad de que incluso el presidente venezolano Nicolás Maduro pueda aprovechar la situación para controlar la protesta e intentar desestabilizar el país vecino.

El presidente Duque ha declinado, por el momento, reunirse con los representantes indígenas. Quiere evitar crear un precedente y primero, sostiene, deben acabar los cortes de la Panamericana que impiden el abastecimiento de la región y dificultan el acceso al puerto de Buenaventura, el principal del país y uno de los más importantes de la costa del Pacífico.

“He dicho que sin vías de hecho, allá estará el Presidente. Bloquear las vías es un mecanismo de hecho innecesario que afecta a los demás; no se puede acudir a las vías de hecho para poder reivindicar derechos, porque eso significa que los derechos de unos están por encima de los demás”, aseguró Duque.

Sin embargo, el Gobierno sí envió esta semana una delegación encabezada por el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Hubo avances en cuestiones relacionadas con los derechos humanos.

Desde el inicio de las protestas se ha registrado nueve muertes durante los enfrentamientos.

DATOS

“Puente aéreo humanitario”. Las autoridades han habilitado una vía alternativa y la madrugada del jueves activaron un “puente aéreo humanitario” para el transporte de medicamentos y suplementos nutricionales hacia el sur de Colombia.

La ONU exige que se entable el diálogo. Ante la gravedad de la crisis, Naciones Unidas pidió el jueves que se mantengan los canales de diálogo y mostró su preocupación por los episodios de violencia.

Deploran el uso  de la fuerza. La oficina colombiana de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recuerdan a las partes que “el uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos”.  

Posición de los organismos. “El diálogo es fundamental para la atención a las demandas sociales y es la única salida”, defienden las organizaciones en los organismos involucrados en el desarrollo del proceso de paz.

PETRO PIDE INVESTIGAR EL ASESINATO DE LÍDERES

EFE

El líder opositor Gustavo Petro entregó ayer, junto a colectivos de defensa de los derechos humanos, un documento ante la Corte Penal Internacional (CPI) para solicitar la apertura de una investigación formal por el asesinato de líderes sociales.

“Pedimos que si el presidente Duque destruye la Justicia Especial para la Paz (JEP), la CPI entre a investigar en su competencia los crímenes contra la humanidad cometidos dentro de Colombia”, dijo Petro.

El documento presentado ante el tribunal se centra en los aproximadamente 500 líderes sociales que, según las cifras manejadas por los colectivos de derechos humanos, han sido asesinados desde septiembre de 2016, cuando se firmaron los acuerdos de paz entre el Estado y el grupo armado FARC-EP.

CLAMAN AL ELN DECLARAR ALTO AL FUEGO UNILATERAL

AFP

Exnegociadores de paz y la FARC, el partido político surgido del acuerdo pacificador, instaron ayer al ELN a declarar un alto al fuego unilateral, pese a la decisión del Gobierno de suspender los diálogos con esa guerrilla en Cuba.

“Hoy el país reclama de ustedes gestos categóricos que demuestren su voluntad de transitar con la mayor celeridad posible hacia el fin de la guerra”, señalaron en una carta dirigida a los máximos jefes del grupo insurgente.  

Según los firmantes, la interrupción de las negociaciones con el ELN, iniciadas bajo el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), suponen un “verdadero retroceso” en el proceso de “solución definitiva” del conflicto colombiano de casi seis décadas.  

Lamentaron el “recrudecimiento de las hostilidades” en distintas zonas del país y aseguraron que son las comunidades afectadas las que reclaman que el proceso de paz se retome pronto.