Se suman las denuncias contra el Órgano Judicial
Más denuncias surgieron ayer contra el Órgano Judicial por el presunto delito de incumplimiento de deberes. Una proviene de la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) contra el Tribunal Constitucional (TCP) por retener y no revisar 120 Cartas Orgánicas de alcaldías del país. Y otra de Samuel Pereira, presidente de la Brigada legislativa de Cochabamba y diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), contra cinco miembros del Consejo de la Magistratura por no institucionalizar cargos judiciales.
Las autoridades denunciadas son Cristina Mamani Aguilar, presidenta del Consejo de la Magistratura, y los decanos Roger Triveño Herbas, Wilma Mamani, Wilber Choque y Freddy Sanabria.
Este nuevo trámite ante la Cámara de Diputados se da a dos días de que una sesión de diputados aprobara la suspensión de las magistradas del Tribunal Constitucional, Ligia Velásquez y Soraida Chanez. Ambas fueron denunciadas por la emisión del Auto Constitucional 0106/2014-CA del 13 de marzo de 2014 que puso en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado Plurinacional.
El presidente de la Brigada Legislativa de Cochabamba, diputado Samuel Pereira, anunció ayer que presentará una denuncia ante la Cámara de Diputados contra los miembros del Consejo de la Magistratura por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
“Hasta el momento los cargos declarados transitorios no fueron institucionalizados y no ha mejorado la parte de infraestructura (en el Órgano Judicial)”, dijo Pereira.
Explicó que esa acción está fundamentada en el Artículo 158, Numeral 17, de la Constitución Política del Estado y en contra de la presidente del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani Aguilar, y sus decanos Roger Triveño Herbas, Wilma Mamani, Wilber Choque y Freddy Sanabria.
El procedimiento establece que el documento deberá ser remitido a la Comisión de Justicia Plural, Consejo de la Magistratura y Defensa legal del Estado para su consideración respectiva, complementó.
Por una denuncia similar la madrugada del martes las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ligia Velásquez y Soraida Chanez, fueron suspendidas por la Cámara de Diputados.
Serán juzgadas en la Cámara de Senadores por haber suspendido la aplicación de la Ley del Notariado. El vicepresidente Álvaro García Linera exigió el miércoles un “fuerte” castigo para las juezas.
En tanto, los magistrados suplentes Zenón Bacarreza y Juan Valencia asumirán funciones desde el próximo lunes.
Por otro lado, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM-Bolivia) presentó ayer una demanda por los delitos de “incumplimiento de deberes y negativa o retardo de justicia” en contra de los magistrados (TCP) al Legislativo, por la demora en la revisión de más de 120 cartas orgánicas.
Juan Carlos León Rodas, presidente de la FAM, manifestó que retener por más de dos años una carta orgánica es faltar el respeto a la población y a los municipios, porque es deber de los miembros del TCP cumplir con los plazos establecidos por normativa.
La carta orgánica es un conjunto de normas desarrolladas para regir la vida institucional, política y económica del municipio. Rige el sistema, su modelo de organización, de crecimiento y de distribución de recursos.
