Ley para la coca
Sabemos que un país pequeño no puede cambiar por sí solo el régimen internacional, pero es inaceptable que nos hayamos marginado del debate y vivamos anclados en el tiempo de la ambigüedad y la hipocresía
La Asamblea Legislativa aprobó una nueva norma para regular los cultivos y comercialización de la hoja de coca. En lo central, reemplaza 31 artículos de la Ley 1008 y aumenta la superficie legal para satisfacer tanto a los productores de los Yungas de La Paz como a los del Chapare de Cochabamba.
La Ley 1008, en vigencia desde 1988, reguló tanto la producción y comercialización de coca, como sus derivados ilegales, creando un régimen especial para el tratamiento de delitos de narcotráfico, y promoviendo actividades de prevención del consumo de drogas y de desarrollo alternativo orientado a la reducción de cultivos; es decir, se mezcló normas destinadas a tratar un cultivo tradicional con otras destinadas a combatir un delito de dimensiones internacionales. A partir de ahí, la Ley acumuló críticas, pero sobrevivió casi 32 años, marcando la vida política e institucional del país.
Si fuera por su duración habría que decir que fue exitosa. Pero, si se la juzga por sus efectos, habría que decir lo contrario. Llenó las cárceles de acusados y reos de narcotráfico, pero en su mayoría fueron ciudadanos jóvenes, pobres y de baja educación, capturados cuando intentaban hacer algún dinero para enfrentar expectativas y necesidades. A veces cayeron peces gordos, pero el tráfico ilegal ha seguido como una industria pujante, clandestina pero vigorosa. Hoy Bolivia ya no es un simple productor de coca sino, como señalan informes de la Felcn y reportes internacionales, un área donde se refina y procesa incluso pasta peruana, y se han abierto rutas de contrabando hacia Brasil y Argentina.
Tampoco se ha logrado erradicar la coca de las denominadas áreas “en transición” como el Chapare. Al contrario, se consolidó su cultivo y, bajo la amenaza de la erradicación, se fortalecieron tanto los mecanismos de defensa de los productores que lograron llevar a la Presidencia a su más connotado líder. La presión social condujo a que se autorizara el cato familiar de coca, que en los últimos años se amplió al cato personal, bajo un sistema informal de control fundado en las relaciones personales y políticas del Presidente con los sindicatos. Pero, no se tocó la Ley 1008, y aunque ella quedó en parte obsoleta, pendía hasta ahora como una amenaza sobre los productores del Chapare.
Era pues previsible su cambio y lo que sorprende más es que el debate planteado hoy sea muy similar al de 1985. Como si el tiempo no hubiera pasado y no se hubiera asumido en el mundo el fracaso del prohibicionismo, explorando nuevas políticas más abiertas y tolerantes, nos enfrascamos nuevamente en una lucha por el privilegio de producir un bien cuya prohibición, así sea parcial, seguimos aceptando. Tal vez esto se comprenda por el lucro que genera la prohibición, pero no es aceptable cuando se piensa en el interés superior de la sociedad y en el bien común. Sabemos que un país pequeño no puede cambiar por sí solo el régimen internacional, pero es inaceptable que nos hayamos marginado del debate y vivamos anclados en el tiempo de la ambigüedad y la hipocresía.
