Del “proceso de cambio” a la inviabilidad: ¿reconducción posible o el fin de un ciclo?

La promulgación del texto constitucional marcó hito significativo al refundar el Estado colonial republicano y sentar las bases para la construcción del Estado Plurinacional. Ese proceso de transformación estructural se centra en la inclusión y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas originarios, así como en la redefinición del modelo de desarrollo hacia el “Vivir Bien”. En esencia, se trata de una “reforma intelectual y moral” (Antonio Gramsci): una transformación de las estructuras profundas del Estado y la sociedad, promoviendo un cambio radical en la forma que se concibe el poder y la convivencia.

Sin embargo, la interpretación y aplicación de la Constitución Política del Estado no han estado exentas de desafíos y contradicciones que han llevado a la “descontextualización del texto constitucional”, como lo advirtió Boaventura de Sousa Santos. La falta de experiencia en la construcción de un modelo estatal plurinacional y la ambigüedad en la implementación de la CPE han generado una tensión subyacente entre dos visiones contrapuestas: la del Estado, centrada en el desarrollo capitalista y la infraestructura, y la de los pueblos indígenas, la protección de su territorio ancestral, su cultura y la Madre Tierra. Esta tensión ha convertido al campo político en un escenario de disputa que se intensificó a medida que la figura del líder del “proceso de cambio” adquirió una influencia desproporcionada que terminó por subordinar la lucha por la transformación social a su bienestar personal.

Con el decurso del “proceso de cambio”, Morales experimentó un proceso de concentración de poder que se manifestó en la acumulación de cargos: Ejecutivo de la Federación Trópico, presidente de las Seis Federaciones del Trópico, del MAS-IPS, de la Conalcam y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Esta superposición de roles que reflejó su liderazgo en el movimiento social y político, y en la toma de decisiones del Estado, desbordó en autoritarismo debido a una creciente intolerancia hacia la crítica y la disidencia. Esto lo llevó a aislarse en un círculo de aduladores enfocados en complacerlo, en lugar de realizar análisis objetivos, lo que contribuyó a una percepción distorsionada de la realidad y a una gestión inadecuada de los conflictos sociales, como la represión a la marcha indígena de 2011 en defensa del Tipnis.

Su justificación mediante explicaciones contradictorias, una “ruptura de la cadena de mando” y la atribución de intenciones subversivas, como la supuesta intención de derrocar al gobierno, reflejaron un patrón de comportamiento que se repitió en otros contextos, convirtiéndose en excusas recurrentes para silenciar a los críticos y reprimir a los disidentes.

En tanto, la narrativa de la imprescindibilidad de Morales para la continuidad del “proceso de cambio”, ampliamente difundida entre el evismo, fue la justificación central para apostar por su permanencia en el poder. Esta narrativa llevó a una paradoja: impulsar la modificación de la CPE promulgada por el propio Morales.

La convocatoria al referéndum del 21 de febrero de 2016, donde el “NO” se impuso, marcó un punto de inflexion en esa narrativa y su primera derrota electoral. Pese al revés, el evismo no dudó en trangredir la CPE y desacatar el resultado del referéndum, valiéndose de manobras legales para lograr que el TSE habilitara la candidatura de Morales.

Ese giro autoritario, posibilitado por un fallo del TCP que declaró inconstitucional el Art. 168 de la CPE, sentó las bases para la crisis política de 2019, cuando el MAS-IPSP y, especialmente, Evo Morales sufrieron una derrota en las calles, lo que derivó en su renuncia y posterior asilo.

De ahí, en un intento por recuperar la hegemonía y la democracia, la dirigencia que permaneció en el país decidiera reorganizarse mediante reuniones y ampliados orgánicos en los que se acordó que la candidatura presidencial debía elegirse de forma orgánica y por consenso (Lauca Ñ, diciembre de 2019), y se respaldó al binomio David-Andrónico (Huanuni, enero de 2020).

Sin embargo, aferrado a recuperar el poder, el evismo optó por una estrategia contraria, imponiendo la candidatura de Luis Arce en una reunión cupular en Buenos Aires, subestimando la complejidad política y asumiendo que sería un presidente de transición para sus intereses. Esa decisión resultó contraproducente, derivando en un desgobierno que afectó al pueblo y culminó en la propia inhabilitación y proscripción política de Evo Morales.

Los intentos de forzar la habilitación de Morales para las elecciones de agosto de 2025 se trasladaron a las calles, mediante bloqueos y amenazas, pero solo lograron un mayor aislamiento político.

Sin más opciones, el evismo priorizó su supervivencia con el “voto nulo”, evitando la dispersion de su voto leal hacia otras opciones consideradas “traidoras”, y así consolidarse como el único referente del campo popular.

Con la certeza de que esa decisión entregaría la victoria a los detractores del “proceso de cambio” y les otorgaría más de 2/3 de representación en la ALP, el evismo siguió adelante apostando por el escarmiento y el suicidio político.

El apoyo posterior al “mal menor” de la derecha en la segunda vuelta, bajo la premisa de “enterrar a la ultraderecha”, evidenció otra estrategia fallida, ya que, a pesar de su aparente eficacia a corto plazo, comprometió la vigencia del Estado Plurinacional. La victoria de Rodrigo Paz, respaldada por el voto popular y su posterior alianza con la derecha para gobernar, ilustra las consecuencias de esa decisión.

¿Qué horizonte se vislumbra para Bolivia en un contexto de agotamiento del “proceso de cambio”? La respuesta exige una reflexión crítica sobre los errores cometidos, en particular la subordinación de los intereses colectivos y el compromiso con la transformación social al bienestar del “caudillo”.

Esto implica reactivar el espíritu originario de la Asamblea Constituyente; reactivar la agenda establecida y avanzar en la implementación efectiva de la CPE para consolidar el Estado Plurinacional.

De no ser así, el modelo de Estado, concebido para promover la inclusión, la justicia, la representación política efectiva y el reordenamiento de las prioridades económicas y sociales, podría devenir en un Estado inalcanzable.

En este contexto, se impone la necesidad de repensar y relanzar el proyecto del “instrumento político” mediante una izquierda plural y respetuosa de la institucionalidad democrática, capaz de reconducir un proceso que ha transformado al país y la vida de los bolivianos y que requiere recuperar su vitalidad, legitimidad y creatividad.

El autor es politólogo