¿Golpe de Estado?

Una de las “buenas nuevas” que nos han traído los marcos normativos del moderno Estado de Derecho, implica la regulación de los medios empleados entre las fuerzas políticas que pugnan por el poder. Dichas regulaciones devinieron como resultado de seculares procesos políticos, teniendo como corolario a las revoluciones burguesas consumadas, inicialmente, en los países situados a la vanguardia de la revolución industrial en el mundo: Inglaterra, Estados Unidos y Francia.

Aunque aquellas democracias “modernas” primigenias, constituyeron regímenes liberales voraces (no existían legislaciones laborales más o menos concertadas entre la burguesía y el proletariado), y excluyentes (las mujeres, analfabetos y pobres, no tenían derecho al sufragio); instituyeron, en contraposición a la aceptación del empleo de cualquier medio disponible para capturar el poder, sistemas legislativos inéditos estableciendo el carácter legal, o ilegal (sujeto a puniciones), de los medios de acceso al poder político.

Con todo, ya no era el fin lo que justificaría los medios, sino la “calidad” de los medios, lo que determinaría la “legitimidad” de los fines. Me explico. La calidad, por supuesto, implica esencialmente una valoración subjetiva, no obstante, sus contenidos pueden adquirir un carácter objetivamente “legítimo”, en tanto sean definidos por mutuo acuerdo a través de un pacto social (una asamblea constituyente, por ejemplo).

Así, la inviolabilidad del habeas corpus, surgiría como prescripción (legítima) para las luchas políticas y la relación del Estado con la sociedad civil, como también, los denominados “derechos humanos”. A la par, entre otras cualidades primordiales, quedó instituido el monopolio estatal de la violencia, como recurso, nuevamente legítimo, para salvaguardar el orden y la reproducción del sistema político vigente.

Pues bien, con base en la aceptación de la calidad de los medios como determinante de la legitimidad de los fines (cuyas connotaciones, precisábamos explicitar), vamos a observar la tesis del MAS, atribuyendo la renuncia de Evo Morales, y posterior exilio, a un golpe de Estado.

Primero. Evo, y su gobierno, exacerbaron sistemáticamente y desde un principio, los odios de origen étnico como fuente de apoyo político. Sin embargo, su política económica obedeció siempre a los cánones del capitalismo de Estado y a los intereses, unas veces de las nuevas burguesías emergentes, otras de las tradicionales, ¿cómo entender si no los atropellos al Tipnis? Y lo hemos vivido en la crisis actual: los rasgos fenotípicos del individuo, “junto a la moda”, prevalecieron sobre su ideología o estatus económico, a la hora de propinar, o recibir, agresiones durante los enfrentamientos callejeros.

Segundo: el fraude electoral estructural, organizado y acometido por el gobierno en las elecciones generales del pasado 20 de octubre para beneficio suyo. Sin duda, si Evo hubiese aceptado de buenas a primera, la segunda vuelta, hoy la historia sería muy diferente.

Tercero, y ya lo hemos mencionado, Evo decidió prescindir de los legítimos aparatos represivos del Estado, recurriendo en su lugar (y lo sigue haciendo), a fuerzas irregulares para reestablecer el orden (grupos de choque y sindicatos incondicionalmente leales a Evo). La Policía quedó reducida a una mera fuerza secundaria y de apoyo a la acción de sus grupos irregulares. Al parecer, aquella estrategia contribuyó decisivamente al amotinamiento de la policía nacional del pasado 9 de noviembre.

El autor es economista.
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