“Trabajar por la gente” no es una beca con lujos

La población ocupada que es no asalariada, más del 70% del total, rechaza medidas restrictivas para controlar la tercera ola de la Covid porque quedarse en casa implica no tener pan. Están tan afectados, que prefieren la probabilidad del contagio a la certeza del hambre; al hacerlo, presionan al sistema de salud y aumentan el riesgo para quienes enfrentan al virus en primera línea y que, paradójicamente, los gobiernos los han tenido impagos por meses.

Superar la crisis sanitaria y económica demanda algún grado de sacrificio para todos, sin excepciones; pero, un ensayo del Instituto de Asistencia Social Económica y Tecnológica (Inaset), a ser publicado, muestra que la mayoría de políticos y funcionarios públicos, especialmente en cargos administrativos superiores, están libres de las preocupaciones económicas que empujan a la gente hacia las calles.

Entre 2005 y 2017, el ingreso promedio mensual de la población ocupada aumentó en 2.000 bolivianos; el del segmento de empleo doméstico en 1.000; el de los sectores familiar, semiempresarial y empresarial, en 1.800; pero el del sector estatal aumentó en 2.850 bolivianos, colocando a este segmento como el de mayor ingreso promedio del mercado de trabajo.

El ingreso de la administración pública supera al de todas las actividades de la economía real que crean empleo para producir o comercializar bienes: en 2017, era un 250% mayor que el ingreso del sector agrícola; un 60% mayor que el ingreso promedio general, el de la industria, del comercio, y del turismo; y un 30% mayor que el de la construcción; sólo lo supera ligeramente (en un 5%) el ingreso de la intermediación financiera.

En general, tanto en términos nominales como en reales, las remuneraciones y salarios en el sector público aumentaron 1,5 veces más que los de la actividad privada en su conjunto; sin embargo, son los actores económicos privados los que cargan el peso de los efectos económicos de la pandemia, y, además, pagan los altos salarios a la administración pública a través de los impuestos.

Pero, pese a ello, son insignificantes las medidas concretas de austeridad en el gasto público aplicadas hasta ahora: los recortes anunciados bordean 500 millones de bolivianos (71 millones de dólares), frente a un Presupuesto General que en 2021 consigna una recaudación tributaria de 42.000 millones de bolivianos (6 mil millones de dólares), pero destina 49.500 millones de bolivianos (7.200 millones de dólares, un 18% del PIB) al pago de sueldos, salarios y aportes de unos 500.000 “servidores públicos”.

Es decir, se incurrirá en un déficit de más de mil millones de dólares para mantener el alto ingreso de la burocracia pública pagada por la ciudadanía. Pero, como los sueldos se “asignan a las sillas” –a las que se accede por influencia u obsecuencia política– no a la idoneidad o a la productividad de quienes las ocupan, el resultado será más ineficiencia, corrupción y ausencia de metas comunes que son más evidentes cada día. Opiniones documentadas de profesionales reconocidos, demuestran la pobreza de los resultados o los abiertos fracasos en áreas tan sensibles como hidrocarburos, litio, áreas protegidas, salud, educación, acceso a Internet y, por si hubiera alguna duda, el desastre de la justicia.

Parece que la seguridad de un holgado ingreso permite a políticos, electos y a su burocracia designada, el lujo de mostrar su “preocupación” por la gente, politizando la llegada de vacunas; culpando a otros por las enormes deficiencias en el sistema de salud; anunciando medidas puntuales, inconexas y a todas luces insuficientes para reactivar y diversificar la economía; abriendo cientos de procesos a un año de gestión para tapar los escándalos de 14 años precedentes; o, como nos acaban de mostrar, usando la Asamblea Legislativa para imponer el “tinku-golpe” en lugar de concertar las bases de la institucionalidad que permita superar la crisis y cambiar la realidad de la lacerante y extendida pobreza.

Por eso, los salarios de lujo de la alta burocracia son inmerecidos. En este escenario de irracionalidad, los políticos se perciben como ungidos de poder y autoridad sobre vidas y hacienda; piensan que son “padres y madres de la gente” (diputado Antonio Colque dixit) y capaces de adecuar las normas a sus intereses. Han invertido la pirámide de la democracia, colocando en la cima al “mandatario” y a su entorno, apoyados en su buroparasitocracia designada para controlar, servirse y “pisar y pasar” sembrando nabos sobre las espaldas del “soberano”. A esto, que equivale a una autoconferida beca de lujos sin necesidad de tener notas mínimas, ellos llaman “trabajar por los más pobres”.

En la democracia, “la gente” somos, efectivamente, el soberano en la cima de la pirámide. Y todas las personas que elegimos –comenzando por el primer “mandatario”– son eso: personas a las que damos un mandato para administrar el Estado en beneficio de la gente, con la responsabilidad de designar a las personas más idóneas para hacerlo de manera eficiente y transparente, desde la base. Trabajar por los más pobres en esta democracia demanda, como primera meta, lograr que sacudan sus espaldas.

El autor es investigador en desarrollo productivo