Activistas abogan por al menos 500 "presos inocentes" en riesgo por el Covid-19
Los activistas y representantes departamentales de la Asociación de Víctimas Judiciales expresaron su preocupación por la situación sanitaria en las cárceles del país y el latente riesgo de muerte que representa para la población penitenciaria el coronavirus, enfermedad viral que ya cobró 13 vidas e infectó a 82 personas en los recintos penitenciarios.
La Asociación lamenta el lento proceso de descongestión penitenciaria en aplicación del decreto presidencial de Indulto y Amnistía, y las audiencias virtuales para la salida de internos que ya cumplieron su sentencia, y sobre todo piden por al menos 500 privados de libertad que mediante su equipo de juristas certifican su inocencia. Exigen una inmediata auditoría jurídica para todos ellos.
"Ya suficiente tienen estas personas con pagar por delitos que no han cometido, y si nosotros hablamos de personas privadas de libertad inocentes es porque contamos con pruebas idóneas para demostrar su inocencia", manifestó Gonzalo Villarroel Suáznabar, representante del departamento de Oruro.
Solicitó a las autoridades, a nombre de la Asociación, que se realice una auditoría judicial para todos esos procesos y que se sancione a los responsables de las injusticias.
La Asociación cuestiona el accionar del sistema judicial que, según sus denuncias, opera de forma corrupta de la mano de ONGs que tienen control de jueces y fiscales y dictan sentencias con el peritaje de sicólogos y forenses que trabajan en acuerdo.
"Nuestra misión es la lucha incansable por los privados libertad que son inocentes, son víctimas del sistema judicial y de oenegés que se infiltraron dentro de justicia para corromperla a su antojo", manifestó David Serrate, representante de la provincia Obispo Santistevan.
Señalan como ejemplos de este accionar el caso del médico Jhiery Fernández, ahora libre, que fue sentenciado a 20 años de cárcel sin ninguna prueba científica que lo implique. Fernández solo logró su libertad al conocerse un audio en el que la jueza que lo sentenció reconoce que es inocente y que se lo sentenció sin pruebas solo por no contradecir un peritaje mal realizado por la supuesta novia del fiscal general.
Otro caso es el de Reynaldo Rodríguez, sentenciado sin ninguna prueba confiable. El juez se apoyó en una incierta pericia policial y no le permitió tener la opinión de otro especialista. En este proceso Rodríguez fue cruelmente torturado para que se incrimine, pero no lo hizo. Los policías responsables están libres. Rodríguez logró su libertad gracias a una pericia independiente tras estar dos años preso.
Otros casos son el del médico Luis Alberto Vásquez Marka, sentenciado por la versión de un testigo falso; Santiago Chura, sentenciado pese a que la prueba científica lo libera de responsabilidad.
El representante de Tarija denunció que en esa región hay personas encarceladas por "denuncias falsas, tardías y montadas con fines extorsivos y con manipulación de pruebas" elaboradas por "peritos y psicólogos falsos" que firman papeles legales, y pese a las múltiples denuncias contra ellos, la justicia no acciona.
"No se cumplen los protocolos estandarizados en el juicio, hay una restricción aberrante a la defensa, no se permiten peritos por la defensa para revelar el montaje y la falsedad de esta red de peritos falsos, hay manipulación de actas de juicio y desaparecen pruebas favorables al acusado", dijo.
La Asociación mantiene una campaña constante por un juicio justo para la liberación de todas aquellas personas que han sido sentenciadas sin pruebas fehacientes y científicas que demuestren su culpabilidad, y solo por el accionar parcializado y dirigido por jueces, fiscales y peritos, que trabajan de la mano de ONGs interesadas en "mostrar resultados".
