Según un reciente estudio del FMI, Bolivia es el país con la mayor economía informal del mundo. Leandro Medina y Friedrich Schneider sostienen en “Economías informales alrededor del mundo: ¿qué aprendimos en los últimos 20 años?” que, entre 1990 y 2015, en Bolivia, el tamaño promedio de la economía informal fue del 62,3 por ciento.

Mientras esperamos que nos informen si tenemos el gas necesario para cumplir los compromisos con nuestros compradores tradicionales y la demanda interna, nos enteramos que en el Perú encontraron un importante yacimiento de litio. Lo hizo una empresa extranjera.

No es novedad afirmar que el actual régimen, a través de sus varios voceros, quienes han estado sosteniendo un discurso de odio, al inicio más aureolado de reivindicación de los “oprimidos del país”, como expresión del pueblo-pueblo. Hoy, luego de casi 13 años sintiéndose dueños de vidas y haciendas, ya casi no les importa dar justificativos y a la ya vieja polaridad  pueblo (“nosotros”, los masistas) vs. la derecha (“vende patrias”, todos los demás) han acudido a cosas más primitivas.

Considero que no se ha analizado suficientemente lo actuado a partir del laudo arbitral sobre Quiborax.

Para empezar, el DS 3582 que autoriza el pago de la indemnización, previa generosa rebaja, tiene varias fallas. El propio ministro de Economía Guillén afirmó que ese DS no especifica la partida del gasto, añadiendo que se buscarían los recursos para cumplir la obligación. Considerando que toda modificación presupuestaria debe ser previamente aprobada por la Asamblea Legislativa, el mencionado DS sería un caso evidente de malversación de fondos.

Hubiera preferido escribir sobre otros temas que guardo en el tintero, pero cuando me predispongo a hacerlo, acabo derrotada por mi “diablillo” político que me recuerda que es poco probable que haya algo más valioso que las libertades que otorga la democracia. Entonces, procedo a borrar todo lo poco avanzado, y regreso a la preocupación primaria y esencial: La defensa de nuestros derechos políticos, aquellos que -de manera grosera y descarada- el gobierno se esmera en querer arrebatarnos.