El conflicto inicialmente sectorial entre la profesión médica y el Gobierno por el rechazo al nuevo Código Penal boliviano, se ha ido profundizando a lo largo de los días y ampliando a otros sectores, al punto que el problema ya alcanza niveles políticos que ponen a Evo Morales en uno de los momentos más difíciles en sus últimos años de mandato.

La pregunta lapidaria corresponde a Mario Vargas Llosa, y con ella se inicia la novela Conversaciones en la Catedral, publicada en 1969. La frase se ha repetido en diferentes circunstancias en Colombia, Argentina y fue la que lanzó Carlos Mesa en un célebre documental referido al MIR.

Cuando las normas no se construyen en consenso y con la participación activa de la ciudadanía y sectores afectados por la misma, sucede lo que está sucediendo hoy con el Código del Sistema Penal. Diversas instituciones, colegios de profesionales, organizaciones sociales, académicos, gremiales y otros grupos, salieron las últimas semanas a las calles protestando contra esta norma fundamental para el funcionamiento del ordenamiento jurídico del país.

Según la Dirección Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos (https://www.dni.gov), en los próximos cinco años América del Sur verá cambios más frecuentes en los Gobiernos como resultado de una creciente insatisfacción pública por mala gestión, corrupción generalizada, débil desempeño económico debido a la menor demanda mundial de productos básicos y tensiones sociales asociadas con la falta de nuevas fuentes de empleo. Haremos un breve resumen del documento para conocimiento del amigo lector.

El presidente Evo Morales ha puesto paños fríos en el conflicto con los médicos al pedir al congreso que los artículos cuestionados del nuevo código penal sean derogados. Ha dicho que esto se debe a una acción humanitaria debido a que la gente la estaría pasando muy mal con todo el sistema de salud en huelga, algo que dicho sea de paso, no ha llegado a extremos pues los servicios de emergencia, como es lógico, se han mantenido en funcionamiento.