La integración se vigorizó en los años 1990 con nuevos acuerdos comerciales y El Código del Sistema Penal es, indudablemente, el argumento inicial de un reclamo mayor, de un pronunciamiento radical que envuelve, bajo la más pura exigencia de justicia, a miles de ciudadanos que expresan hoy su rechazo al lado negativo del Proceso de Cambio, a la cara oscura de un proceso que hace mucho ha empezado a romper la ley, y que en los tiempos recientes ha mostrado, nuevamente, ese deseo insaciable por quedarse en el poder.

Cuando un golpe hiere dos veces, el dolor no se duplica, se multiplica muchas veces. Es eso lo que reflejan las expresiones del primer y segundo mandatario cuando, desde el podio que construyeron para mostrar al mundo que Bolivia es un país dedicado a gozar del automovilismo de alta gama, y no a protestar, se alzó una voz que rompió el protocolo para reclamar que se cumpla la Constitución y se respete la decisión soberana.

Los gigantes tecnológicos Alibaba de China por su lado y Microsof de EEUU por el suyo acaban de anunciar que sus respectivos ordenadores por primera vez superaron al ser humano en pruebas de lectura y comprensión, y ambos lo celebran como logros históricos. Se trata de inicios que seguramente han de perfeccionarse, en tanto que los latinoamericanos estamos lejos  de contar con la organización y los medios para pensar en unir recursos y empezar de modo que con el tiempo compitamos en áreas tecnológicas que, como las referidas, constituyen formas de vanguardia del quehacer humano.

La aparente ejecución extrajudicial del oficial de policía rebelde Oscar Pérez por parte de la dictadura de Venezuela el 15 de enero podría tener una mayor repercusión de lo que muchos creen: será una poderosa evidencia para ayudar a abrir una investigación sobre el presidente Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional (CPI).

A fines de julio del año pasado, Lily Gabriela Montaño, al alabar el “cambio de lógica” del nuevo Código Penal, declaraba a la Agencia EFE que se planteaba castigar con 25 años de cárcel por forzar sexo en el matrimonio. “Es absolutamente posible que una mujer dentro del matrimonio en un momento no esté de acuerdo con tener relaciones sexuales con su pareja y su pareja tiene que tener la capacidad de respetarla y si no la respeta, es violación”. Dijo que el reto estará en “explicar a un juez, fiscal o policía que deje de exigir pruebas de violencia a las víctimas”.