Esta semana se publicaba en El Deber un artículo de opinión titulado “Sobre la subvención a la cultura”, alegato en el que se minimizaba la utilidad de la cultura como bien público, olvidando su contribución al desarrollo.

Al nivel de la sociedad, el mal endémico es la corrupción. En Bolivia no es mal atribuible solamente a los que hoy detentan el poder, aunque desilusiona el gradual deterioro moral de los que mandan, que han dejado chiquitos a anteriores corruptos

Cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el proyecto de ley de reforma del art. 168 de la Constitución, introduciendo la reelección del Presidente y Vicepresidente del Estado por dos veces de manera continua, los oficialistas afirmaron a viva voz que sería el pueblo quien defina, mediante el voto emitido en el referendo popular, si acepta o no dicha reforma y, asumieron el compromiso de respetar y acatar la voluntad del pueblo expresada en las urnas.

La más grande ironía de los periodistas es que ellos informan a la sociedad pero no hay nadie en la sociedad que informe sobre ellos. Por ello, los retratos que se hacen del periodismo son pobres y hasta pueden llegar a ser tan ridículos como el ficticio “Daily Planet” de Superman.

La verdad es que el periodismo no es tan glamoroso como quiere mostrar la televisión y los periodistas no son invulnerables como el alter ego de Clark Kent, por lo menos no en Bolivia.

Érase una vez un país distópico donde la realidad transcurría en sentido contrario a una sociedad ideal.

Donde los sueños se convertían en pecados y las pesadillas en obligaciones a cumplir.   

Un país donde el control social poseía un botón político que paulatinamente aumentaba la temperatura de la mediocridad y enfriaba las libertades democráticas.

Un lugar en el que la mirada y el control del gran hermano desintegraban voluntades y aspiraciones. Miradas demenciales, ubicuas. Garras relucientes, afiladas, corruptas, mugrientas y con olor a muerte.

Pregunté si Evo y Álvaro aparecerán en los nuevos billetes de quinientos, me respondió de forma negativa, aunque varios ministros y legisladores del oficialismo piden a la dupla oficialista que no se hagan los delicados

El actual juicio de responsabilidades contra Dilma Rousseff es constitucional y de final cantado. También es un exorcismo del Congreso que intenta aplacar la indignación popular por la ola de corrupción que afecta a la clase política y la clase empresarial brasileña. Se trata de que Dilma pague las culpas de una legión de corruptos, incluyendo notoriamente a sus propios acusadores.