La reelección es la herida abierta en la historia democrática de casi 40 años en Bolivia. Lo que en otros países es una rutina aceptada y compartida por todos, y que no afecta en lo más mínimo la estabilidad política, en el nuestro se convirtió en una de las principales amenazas y en un factor de confrontación cuya secuela se vive hasta ahora.

La inauguración del servicio de transporte municipal hace unos años, fue un hito en la vida de La Paz, un sistema público de buses casi mejor que en el primer mundo, porque no solo se trataba de vehículos muy limpios, nuevos, con personal muy amable, sino que tampoco permitía aglomeraciones en las horas pico, solo un número limitado de pasajeros podía viajar de pie, manteniendo una honorable distancia, era pues un servicio de gran nivel.

Tengo la impresión de que somos poco exigentes con la democracia. Para la mayoría, basta con haberla alcanzado y en general nos negamos la posibilidad de gozarla a plenitud, como parte de una mejor calidad de vida. Por otro lado, en un momento en que la polarización y los radicalismos amenazan con detonar en una nueva convulsión social, creo necesario reflexionar sobre el valor de la disidencia y sobre la responsabilidad compartida, entre políticos y ciudadanos, en la construcción de la democracia.

Hace unos días, el Banco Central de Bolivia (BCB) organizó el décimo cuarto encuentro de economistas con la presencia del presidente del Estado y de las principales autoridades del campo económico. Dos economistas de izquierda se presentaron en el evento JH Chang y Stephanie Kelton.

Filemón Escóbar, trotskista ortodoxo se hacía elegir delegado de base de interior mina sovabón 420 (?) donde ejercía como “pasatiempo” para la entrada y salida de los mineros por la jaula (ascensor primario) desde donde con unos pocos camaradas podía controlar todo el movimiento laboral de la, por entonces, muy importante mina de Siglo XX.

Resulta que al gobernador Luis Fernando Camacho, lo cita la Fiscalía —a instancias del Gobierno, por supuesto— para que declare en La Paz, como imputado por acusaciones que se refieren a lo acontecido en la asunción al mando constitucional de la señora Jeanine Áñez, luego de producido el fraude electoral de Evo Morales en octubre de 2019. Convocar al gobernador cruceño a declarar en La Paz, una jurisdicción que no le corresponde, es, por decir lo menos, un atropello.