Proyecto de ley laboral propone generar empleo
La generación de empleo y mejoras a las condiciones laborales son algunas de las reformas propuestas en el proyecto de ley denominado precisamente Ley General del Trabajo y el Empleo, cuyo primer borrador fue presentado ayer, en esta ciudad, a empresarios y académicos.
Entre sus observaciones, los representantes de la Federación de Entidades Privadas Empresariales de Cochabamba (FEPC) reiteraron la necesidad de que la normativa incluya la participación de obreros, empleadores y Estado.
Ley General del Trabajo y el Empleo es el nombre del proyecto de ley elaborado por la denominada “Mesa Laboral”, que reúne a especialistas, académicos y abogados laboristas que trabajan hace casi tres años para modernizar la ley laboral actual, que data de hace más de 70 años.
Richard Villca, uno de sus miembros, explicó que la generación de empleo es “clave” y precisa la participación del Estado para incentivar la contratación de nuevos trabajadores.
Puesto que el empleo no puede estar separado de la capacitación, señaló Villca, tiene que haber una política de incentivos de parte del empresariado y el Estado tiene que dar las condiciones.
Entre otras reformas, la propuesta mantiene la jornada laboral de ocho horas, pero que tanto hombres como mujeres trabajen 44 horas, pues la diferenciación que se hace actualmente (40 horas para mujeres y 48 para hombres), sumada a que no pueden trabajar de noche y tienen descansos pre y posnatales son “insostenibles y están ocasionando menor empleo para mujeres. “Es el efecto perverso de una norma proteccionista”, apuntó Villca.
Otro planteamiento es la racionalización del bono de antigüedad y estandarizar la vacación a 20 días, tanto para el novato que inicia su primer empleo como para aquel empleado que tenga 30 años de antigüedad. La razón es que, por ejemplo, una vacación de 40 días puede llegar a ser insostenible para el empleador y generar despidos. Esta diferenciación y otras, como la falta de empleo para jóvenes, son algunas de las brechas que el proyecto de ley busca equiparar.
El laboralista Gonzalo Crespo añadió que propone además que los trabajadores tengan derecho a la huelga si el empleador no paga los aportes a la seguridad social de corto y largo plazo o si se retrasa en el pago de sueldos por 15 días, entre otros temas.
El presidente de la FEPC, Federico Diez de Medina, destacó que el documento incluya la participación y responsabilidad del Estado debido a que, en el actual contexto, problemas como el contrabando, cuyo control es competencia estatal, ocasionan despidos y competencia desleal a la industria nacional.
También hizo notar que hay decretos y leyes que dan preferencia al producto nacional pero el Estado no los hace cumplir.
Por su parte, el director ejecutivo de la FEPC, Alberto Arze, destacó que percibe “un justo equilibrio” entre mantener la estructura tradicional para no generar desequilibrio y medidas progresistas, como el incentivo tributario a las empresas por la capacitación de recursos humanos.
Sin embargo, observó el artículo que deja en manos del Estado la fijación del incremento salarial, cuando la política salarial debe responder al tripartismo y a criterios lógicos y económicos.
En el conversatorio, auspiciado por la Fundación de Apoyo al Parlamento y a la Participaciñon Ciudadana (Fundappac) y la Fundación Konrad Adenauer, Villca destacó la necesidad de recoger una extensa normativa laboral dispersa para actualizar la ley laboral, algo que además permitirá “blindarla” para evitar vulnerar la jerarquía normativa.
Esta iniciativa será presentada ante la comisión a cargo en la Asamblea Legislativa, luego de ser socializada. Villca insistió en que es un documento perfectible y revisable.
Jurista observa proyecto de ley de trabajo
El constitucionalista José Antonio Rivera, aseguró que el proyecto de Ley General del Trabajo y Empleo, elaborado por un grupo de abogados denominados “Mesa Laboral” y que fue socializado ayer en la ciudad, se adecua a la técnica legislativa, a pesar de que cuenta con algunos elementos que todavía deben ser analizados.
Aseguró que el proyecto presenta algunas omisiones y contradicciones, “por ejemplo, que el artículo uno de la Ley define en su aplicación a todas las relaciones de trabajo, al sector público y privado, si esto es así, hay que terminar de complementar la Ley con normas claras que definan el caso de los trabajadores de la educación y los servidores de la administración pública respecto a los derechos laborales entre otros, pero también tener la claridad si éste alcanzará a los trabajadores de carrera o también a los servidores de libre nombramiento o de confianza política o interinos”, estos aspectos aún deben evaluarse, aseguró. Esto supone además que se deben tomar en cuenta aspectos como la indemnización que debería ser aplicada para ambos sectores, aseguró.
También, dijo, hay contradicciones en cuanto al ejercicio de la huelga versus los derechos de salud y educación, que no pueden ser suspendidos, pero ambos deben ser equilibrados mediante mecanismos adicionales de protección para el trabajador en su tarea de enfrentar al Estado por la reinvindicación de sus derechos laborales.
Rivera, por último, señaló que esta propuesta está orientada a sustituir una Ley General del Trabajo que quedó desactualizada, tras haberse aplicado desde hace por lo menos 75 años.
Resaltó, además, que la propuesta sea socializada y sometida a un debate abierto.
