<p class="rtejustify"> El Defensor del Pueblo, David <strong>Tezanos Pinto reiteró hoy que la policía hizo el uso de armas y procedieron a "actos que entran en la delincuencia"</strong> durante el conflicto de mineros.</p> <p class="rtejustify"> "El 24 de agosto en Leuquepampa se verificó como la Policía arremetió con balines de goma y cuando se replegaron los mineros procedieron a actos que entran en delincuencia común, <strong>destruyeron una volqueta de una cooperativa, voltearon ollas donde se cocinaba la comida de los mineros, algunos enseres de los mismos fueron quemados, maltrataron a mujeres de unos 60 años</strong>, era un acto de total exceso, esto implica a violaciones del derecho humanitario", expresó en conferencia de prensa.</p> <p class="rtejustify"> En ese sentido, manifestó que "determinadas personas de la <strong>Policía Boliviana introdujeron de manera ilegal, contra todas las órdenes policiales, armas</strong> vulnerando la disposición 19-2016".</p> <p class="rtejustify"> El Defensor complementó: "El mismo coronel José Luis Aranibar el 24 (de agosto) se encontraba portando su arma en el pecho, de igual manera el coronel Juan Carlos Flores, el teniente coronel Richard Olivares, el mayor Juan Carlos Vega Gareca, el mayor Juan Javier Salgueiro Hurtado, el mayor Yoshiro Armentia Escobar y Walter Hernán Laguna Saavedra, ambos en posesión de arma letal en 25 en Panduro".</p> <p class="rtejustify"> Por otra parte, recomendó que los familiares de las víctimas sean indemnizadas. "<strong>Recomendar al Ministerio de Justicia generar e implementar medidas de reparación integral considerando la asistencia psicoterapéutica a las víctimas y familias</strong> de las victimas (además de) <strong>indemnización pecuniaria tomando en cuenta&nbsp;aspectos como el daño material ocasionado tanto a las víctimas</strong> en sus proyectos de vida como a sus familiares", dice el informe del Defensor.</p> <p class="rtejustify"> <strong>En gobiernos anteriores era usual el pago de indemnizaciones a las familias de las víctimas tras casos de violencia</strong> estatal, pero esa práctica ha quedado virtualmente suspendida durante la administración actual.</p> <p class="rtejustify"> Las declaraciones se dan en el marco de las investigaciones del conflicto de los cooperativistas mineros que dejó seis muertos, entre ellos el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, asesinado el 25 de agosto pasado.</p> <p class="rtejustify"> Respecto a los <strong>cuatro mineros que murieron por disparos de bala, dijo que&nbsp;según sus dirigentes, éstos fueron realizados por uniformados. </strong></p> <p class="rtejustify"> La Defensoría del Pueblo confirmó que <strong>se hallaron casquillos de bala de nueve milímetros</strong>, precisamente los que usa la Policía.</p> <p class="rtejustify"> El Ministerio de Gobierno y la Fiscalía han coordinado la detención de más de una decena de personas por la muerte de Illanes, desde "autores intelectuales" hasta supuestos responsables directos, pero el proceso no ha avanzado en las investigaciones sobre la muerte a bala de los cuatro mineros.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rtejustify">

<p class="rtejustify"> El Defensor del Pueblo, David <strong>Tezanos Pinto reiteró hoy que la policía hizo el uso de armas y procedieron a "actos que entran en la delincuencia"</strong> durante el conflicto de mineros.</p> <p class="rtejustify"> "El 24 de agosto en Leuquepampa se verificó como la Policía arremetió con balines de goma y cuando se replegaron los mineros procedieron a actos que entran en delincuencia común, <strong>destruyeron una volqueta de una cooperativa, voltearon ollas donde se cocinaba la comida de los mineros, algunos enseres de los mismos fueron quemados, maltrataron a mujeres de unos 60 años</strong>, era un acto de total exceso, esto implica a violaciones del derecho humanitario", expresó en conferencia de prensa.</p> <p class="rtejustify"> En ese sentido, manifestó que "determinadas personas de la <strong>Policía Boliviana introdujeron de manera ilegal, contra todas las órdenes policiales, armas</strong> vulnerando la disposición 19-2016".</p> <p class="rtejustify"> El Defensor complementó: "El mismo coronel José Luis Aranibar el 24 (de agosto) se encontraba portando su arma en el pecho, de igual manera el coronel Juan Carlos Flores, el teniente coronel Richard Olivares, el mayor Juan Carlos Vega Gareca, el mayor Juan Javier Salgueiro Hurtado, el mayor Yoshiro Armentia Escobar y Walter Hernán Laguna Saavedra, ambos en posesión de arma letal en 25 en Panduro".</p> <p class="rtejustify"> Por otra parte, recomendó que los familiares de las víctimas sean indemnizadas. "<strong>Recomendar al Ministerio de Justicia generar e implementar medidas de reparación integral considerando la asistencia psicoterapéutica a las víctimas y familias</strong> de las victimas (además de) <strong>indemnización pecuniaria tomando en cuenta aspectos como el daño material ocasionado tanto a las víctimas</strong> en sus proyectos de vida como a sus familiares", dice el informe del Defensor.</p> <p class="rtejustify"> <strong>En gobiernos anteriores era usual el pago de indemnizaciones a las familias de las víctimas tras casos de violencia</strong> estatal, pero esa práctica ha quedado virtualmente suspendida durante la administración actual.</p> <p class="rtejustify"> Las declaraciones se dan en el marco de las investigaciones del conflicto de los cooperativistas mineros que dejó seis muertos, entre ellos el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, asesinado el 25 de agosto pasado.</p> <p class="rtejustify"> Respecto a los <strong>cuatro mineros que murieron por disparos de bala, dijo que según sus dirigentes, éstos fueron realizados por uniformados. </strong></p> <p class="rtejustify"> La Defensoría del Pueblo confirmó que <strong>se hallaron casquillos de bala de nueve milímetros</strong>, precisamente los que usa la Policía.</p> <p class="rtejustify"> El Ministerio de Gobierno y la Fiscalía han coordinado la detención de más de una decena de personas por la muerte de Illanes, desde "autores intelectuales" hasta supuestos responsables directos, pero el proceso no ha avanzado en las investigaciones sobre la muerte a bala de los cuatro mineros.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rtejustify"> </p>

"El 24 de agosto en Leuquepampa se verificó como la policía arremetió con balines de goma y cuando se replegaron los mineros procedieron a actos que entran en delincuencia común, destruyeron una volqueta de una cooperativa, voltearon ollas donde se cocinaba la comida de los mineros, algunos enceres de los mismos fueron quemados, maltrataron a mujeres de unos 60 años, era un acto de total exceso, esto implica a violaciones del derecho humanitario", expresó en conferencia de prensa.

&quot;El 24 de agosto en Leuquepampa se verificó como la policía arremetió con balines de goma y cuando se replegaron los mineros procedieron a actos que entran en delincuencia común, destruyeron una volqueta de una cooperativa, voltearon ollas donde se cocinaba la comida de los mineros, algunos enceres de los mismos fueron quemados, maltrataron a mujeres de unos 60 años, era un acto de total exceso, esto implica a violaciones del derecho humanitario&quot;, expresó en conferencia de prensa.

Defensor reitera que hubo uso de armas y Policía cometió "delitos comunes" en conflicto minero