<p class="rtejustify"> Las declaraciones del exsecretario de Atención al Ciudadano de Cochabamba, José Miguel P., implicado en el caso mochilas I, contradicen la versión relacionada al proceso de contratación del empresario René Juan de Dios M., según la documentación a la que accedió Los Tiempos.</p> <p class="rtejustify"> José Miguel P., amigo de “confianza” del alcalde José María Leyes, indicó en su declaración ante el Ministerio Público del 28 de junio, en Santa Cruz, que en agosto de 2017 entregó información con los logos que iban a ser utilizados en el diseño del material para el proceso de contratación.</p> <p class="rtejustify"> “Él (José María Leyes) me pasa esa información y existiendo ya la instrucción de coordinar con la Asociación (…). Yo no tenía poder de decisión, cualquier decisión yo consultaba previamente con el Alcalde. Yo iba consultando a René Morales si todo estaba en plazo y todo lo necesario para que concluya”, dijo en su declaración.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, el empresario e importador de 92 mil mochilas chinas y material escolar expresó en su declaración, del pasado 8 de junio, que se contactó con José Miguel P. sólo para decirle que presente material de buena calidad y en el plazo correspondiente. Estas afirmaciones contradicen la información “privilegiada” dada por el exsecretario de Atención al Ciudadano, que estuvo fuera del país durante tres meses.</p> <p class="rtejustify"> José Miguel P. se encuentra desde ayer con detención domiciliaria, arraigo y la presentación de tres garantes personales.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Repercusiones</strong></p> <p class="rtejustify"> El abogado de José María Leyes, Humberto Trigo, expresó que no existió la filtración de información “privilegiada” y que a los proveedores se les da esas características.</p> <p class="rtejustify"> “Si revisamos la investigación, Cristian Siles (un funcionario) ha dado esa información a través de un pendrive a los empresarios. Padilla lo dijo como si fuera un gran adelanto”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> En sus declaraciones, José Miguel P. involucró también al director de Desarrollo Humano, Rolando Nogales, de haber proporcionado información.</p> <p class="rtejustify"> Trigo expresó que el único que conoció al empresario fue José Miguel P. y no hay pruebas de que el Alcalde lo haya hecho para que sean beneficiados.</p> <p class="rtejustify"> “Lo que buscan sus acusadores es que no modifiquen sus medidas sustitutivas y su situación legal sea perjudicada. Estas declaraciones no cambian su situación”, agregó.</p> <p class="rtejustify"> Siguió: “Estamos convencidos de la inocencia del Alcalde, es un proceso armado desde el principio. Este señor (José Miguel P.) ha sido beneficiado”.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Injusticia</strong></p> <p class="rtejustify"> Por su parte, el abogado del representante legal de la Asociación Accidental 26 de Febrero Néstor G.M., Fernando Santiváñez, lamentó que su defendido se encuentre recluido, pese a que se presentó de manera voluntaria ante el Ministerio Público para aportar en la investigación, tal como lo hizo José Miguel P.</p> <p class="rtejustify"> “Me causa mucha extrañeza que el único detenido sea mi cliente, pero personas que están tan involucradas en el caso estén con detención domiciliaria o no hayan sido involucradas”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>92 mil mochilas y material escolar&nbsp; fueron importados&nbsp; por la Asociación Accidental 26 de Febrero, cumpliendo el contrato con el municipio. </strong></p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>PEDIRÁN CESACIÓN PARA NESTOR G. M.</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El abogado del representante legal de la Asociación Accidental 26 de Febrero, Néstor G. M., Fernando Santiváñez, expresó que en la semana pedirán cesación para su defendido, recluido en la cárcel de San Sebastián desde el 5 de mayo. “Pediremos medidas sustitutivas para Néstor G.M., él tiene la necesidad de trabajar, necesita dinero”, agregó.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <blockquote> <p class="rtejustify"> <strong>DECLARACIONES</strong></p> <p class="rtejustify"> <em>"Cuestionamos las decisiones de los operadores de justicia al darle detención domiciliaria a José Miguel P., y metan a la cárcel a un señor por circunstancias económicas".</em><strong> Rocío Molina. Concejal</strong></p> <p class="rtejustify"> <em>"A José Miguel P. le dieron detención domiciliaria, pese a que siguió el mismo procedimiento que mi cliente. La ley tiene que ser para todos, el pecado de mi cliente fue sólo firmar". </em>Fernando Santiváñez. <strong>Abogado de Néstor G.M.</strong></p> </blockquote>

<p class="rtejustify"> Las declaraciones del exsecretario de Atención al Ciudadano de Cochabamba, José Miguel P., implicado en el caso mochilas I, contradicen la versión relacionada al proceso de contratación del empresario René Juan de Dios M., según la documentación a la que accedió Los Tiempos.</p> <p class="rtejustify"> José Miguel P., amigo de “confianza” del alcalde José María Leyes, indicó en su declaración ante el Ministerio Público del 28 de junio, en Santa Cruz, que en agosto de 2017 entregó información con los logos que iban a ser utilizados en el diseño del material para el proceso de contratación.</p> <p class="rtejustify"> “Él (José María Leyes) me pasa esa información y existiendo ya la instrucción de coordinar con la Asociación (…). Yo no tenía poder de decisión, cualquier decisión yo consultaba previamente con el Alcalde. Yo iba consultando a René Morales si todo estaba en plazo y todo lo necesario para que concluya”, dijo en su declaración.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, el empresario e importador de 92 mil mochilas chinas y material escolar expresó en su declaración, del pasado 8 de junio, que se contactó con José Miguel P. sólo para decirle que presente material de buena calidad y en el plazo correspondiente. Estas afirmaciones contradicen la información “privilegiada” dada por el exsecretario de Atención al Ciudadano, que estuvo fuera del país durante tres meses.</p> <p class="rtejustify"> José Miguel P. se encuentra desde ayer con detención domiciliaria, arraigo y la presentación de tres garantes personales.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Repercusiones</strong></p> <p class="rtejustify"> El abogado de José María Leyes, Humberto Trigo, expresó que no existió la filtración de información “privilegiada” y que a los proveedores se les da esas características.</p> <p class="rtejustify"> “Si revisamos la investigación, Cristian Siles (un funcionario) ha dado esa información a través de un pendrive a los empresarios. Padilla lo dijo como si fuera un gran adelanto”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> En sus declaraciones, José Miguel P. involucró también al director de Desarrollo Humano, Rolando Nogales, de haber proporcionado información.</p> <p class="rtejustify"> Trigo expresó que el único que conoció al empresario fue José Miguel P. y no hay pruebas de que el Alcalde lo haya hecho para que sean beneficiados.</p> <p class="rtejustify"> “Lo que buscan sus acusadores es que no modifiquen sus medidas sustitutivas y su situación legal sea perjudicada. Estas declaraciones no cambian su situación”, agregó.</p> <p class="rtejustify"> Siguió: “Estamos convencidos de la inocencia del Alcalde, es un proceso armado desde el principio. Este señor (José Miguel P.) ha sido beneficiado”.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Injusticia</strong></p> <p class="rtejustify"> Por su parte, el abogado del representante legal de la Asociación Accidental 26 de Febrero Néstor G.M., Fernando Santiváñez, lamentó que su defendido se encuentre recluido, pese a que se presentó de manera voluntaria ante el Ministerio Público para aportar en la investigación, tal como lo hizo José Miguel P.</p> <p class="rtejustify"> “Me causa mucha extrañeza que el único detenido sea mi cliente, pero personas que están tan involucradas en el caso estén con detención domiciliaria o no hayan sido involucradas”, dijo.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>92 mil mochilas y material escolar  fueron importados  por la Asociación Accidental 26 de Febrero, cumpliendo el contrato con el municipio. </strong></p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>PEDIRÁN CESACIÓN PARA NESTOR G. M.</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El abogado del representante legal de la Asociación Accidental 26 de Febrero, Néstor G. M., Fernando Santiváñez, expresó que en la semana pedirán cesación para su defendido, recluido en la cárcel de San Sebastián desde el 5 de mayo. “Pediremos medidas sustitutivas para Néstor G.M., él tiene la necesidad de trabajar, necesita dinero”, agregó.</p> <p class="rtejustify">  </p> <blockquote><p class="rtejustify"> <strong>DECLARACIONES</strong></p> <p class="rtejustify"> <em>"Cuestionamos las decisiones de los operadores de justicia al darle detención domiciliaria a José Miguel P., y metan a la cárcel a un señor por circunstancias económicas".</em><strong> Rocío Molina. Concejal</strong></p> <p class="rtejustify"> <em>"A José Miguel P. le dieron detención domiciliaria, pese a que siguió el mismo procedimiento que mi cliente. La ley tiene que ser para todos, el pecado de mi cliente fue sólo firmar". </em>Fernando Santiváñez. <strong>Abogado de Néstor G.M.</strong></p> </blockquote>

Las declaraciones del exsecretario de Atención al Ciudadano de Cochabamba, José Miguel P., implicado en el caso mochilas I, contradicen la versión relacionada al proceso de contratación del empresario René Juan de Dios M.

Las declaraciones del exsecretario de Atención al Ciudadano de Cochabamba, José Miguel P., implicado en el caso mochilas I, contradicen la versión relacionada al proceso de contratación del empresario René Juan de Dios M.

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<p> Tras más de dos horas de la audiencia de medidas cautelares del exsecretario de Atención al Ciudadano de la Alcaldía, José Miguel P., implicado en el caso Mochilas I, la jueza Primera de Instrucción Cautelar, Sandra Parra, decidió ayer darle detención domiciliaria con custodia policial, arraigo y tres garantes personales. Además, decidió declarar en reserva las actuaciones del caso durante 10 días. Sin embargo, el viernes observó la petición argumentando falta de fundamento.</p> <p> José Miguel P. es acusado por el Ministerio Público por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.</p> <p> El exfuncionario volvió de Estados Unidos el 28 de junio y se entregó a la justicia, luego de ser buscado tres meses, desde que viajó el 6 de abril.</p> <p> Según fuentes cercanas al caso, al inicio de la audiencia de medidas cautelares, el representante del Ministerio Público, Erick Aparicio, solicitó la reserva del caso Mochila I durante 10 días con el fin de garantizar la protección física de personas que tienen conocimiento del hecho, como ser declaraciones informativas, inspecciones, secuestro de documentos y otros imprescindibles para la eficacia de la investigación.</p> <p> El inciso 2 del Artículo 116 del Código de Procedimiento Penal de Bolivia establece que el juez de instrucción puede ordenar que algunos actos del proceso se realicen en forma reservada cuando “corra riesgo la integridad física de los jueces, de alguna de las partes, o de alguna persona citada”.</p> <p> “En estos 10 días nos vemos limitados a brindar cualquier tipo de información. La reserva es porque se han visto nuevos elementos en la investigación, derivadas de las declaraciones dadas el jueves y viernes”, dijo el abogado defensor Roberto Barbosa.</p> <p> La medida fue cuestionada por la abogada del alcalde suspendido José María Leyes, Andrea Trigo, quien consideró que el objeto único de la audiencia se centró en definir la situación legal de José Miguel P. “Si el Ministerio Público quería volver a proponer la reserva, debía haber esperado al lunes. Vamos a tomar medidas drásticas contra la jueza Sandra Parra porque los está beneficiando”, agregó.</p> <p> &nbsp;</p> <p> [[{"fid":"370275","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_description[und][0][value]":"La audiencia de medidas cautelares de José Miguel P. 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<p> Tras más de dos horas de la audiencia de medidas cautelares del exsecretario de Atención al Ciudadano de la Alcaldía, José Miguel P., implicado en el caso Mochilas I, la jueza Primera de Instrucción Cautelar, Sandra Parra, decidió ayer darle detención domiciliaria con custodia policial, arraigo y tres garantes personales. Además, decidió declarar en reserva las actuaciones del caso durante 10 días. Sin embargo, el viernes observó la petición argumentando falta de fundamento.</p> <p> José Miguel P. es acusado por el Ministerio Público por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.</p> <p> El exfuncionario volvió de Estados Unidos el 28 de junio y se entregó a la justicia, luego de ser buscado tres meses, desde que viajó el 6 de abril.</p> <p> Según fuentes cercanas al caso, al inicio de la audiencia de medidas cautelares, el representante del Ministerio Público, Erick Aparicio, solicitó la reserva del caso Mochila I durante 10 días con el fin de garantizar la protección física de personas que tienen conocimiento del hecho, como ser declaraciones informativas, inspecciones, secuestro de documentos y otros imprescindibles para la eficacia de la investigación.</p> <p> El inciso 2 del Artículo 116 del Código de Procedimiento Penal de Bolivia establece que el juez de instrucción puede ordenar que algunos actos del proceso se realicen en forma reservada cuando “corra riesgo la integridad física de los jueces, de alguna de las partes, o de alguna persona citada”.</p> <p> “En estos 10 días nos vemos limitados a brindar cualquier tipo de información. La reserva es porque se han visto nuevos elementos en la investigación, derivadas de las declaraciones dadas el jueves y viernes”, dijo el abogado defensor Roberto Barbosa.</p> <p> La medida fue cuestionada por la abogada del alcalde suspendido José María Leyes, Andrea Trigo, quien consideró que el objeto único de la audiencia se centró en definir la situación legal de José Miguel P. “Si el Ministerio Público quería volver a proponer la reserva, debía haber esperado al lunes. Vamos a tomar medidas drásticas contra la jueza Sandra Parra porque los está beneficiando”, agregó.</p> <p>  </p> <p> </p><div class="media media-element-container media-default"><div id="file-370275" class="file file-image file-image-jpeg"> <h2 class="element-invisible"><a href="/files/img/20180630/18me2martinnumbelajpg">18_me_2_martin_numbela.jpg</a></h2> <div class="content"> <img class="media-element file-default image-style-noticia-detalle" data-delta="3" typeof="foaf:Image" src="https://www.lostiempos.com/sites/default/files/styles/noticia_detalle/public/18_me_2_martin_numbela.jpg?itok=20r2fl72" width="770" height="430" alt="" /><div class="field field-name-field-file-image-description field-type-text-long field-label-hidden view-mode-default"><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even">La audiencia de medidas cautelares de José Miguel P. </figure></div></div><div class="field field-name-field-file-image-credits field-type-text field-label-hidden 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investigación, debido a que no participó en el proceso de contratación.</p> <p>  </p> <p> <strong>Temor</strong></p> <p> Mientras tanto, el abogado Roberto Barbosa dijo que se solicitó medidas de protección para el implicado.</p> <p>  </p> <h2>  </h2> <h2> <strong>Pinto descarta nueva imputación de mochilas</strong></h2> <p> </p><div class="media media-element-container media-default"><div id="file-370273" class="file file-image file-image-jpeg"> <h2 class="element-invisible"><a href="/files/img/20180630/18me7lopezzzzzzzzjpg">18_me_7_lopezzzzzzzz.jpg</a></h2> <div class="content"> <img class="media-element file-default image-style-noticia-detalle" data-delta="1" typeof="foaf:Image" src="https://www.lostiempos.com/sites/default/files/styles/noticia_detalle/public/18_me_7_lopezzzzzzzz.jpg?itok=EGVLZQYq" width="770" height="430" alt="" /><div class="field field-name-field-file-image-description field-type-text-long field-label-hidden view-mode-default"><div class="field-items"><figure 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expresó que Juan de Dios Morales conocía a José Miguel P., sin embargo no tuvieron contacto para realizar el proceso de contratación.</p> <p> Ambos empresarios se encuentran con detención preventiva en Santa Cruz.</p> <p> </p><div class="media media-element-container media-default"><div id="file-370274" class="file file-image file-image-jpeg"> <h2 class="element-invisible"><a href="/files/img/20180630/18me3martinnumbelajpg">18_me_3_martin_numbela.jpg</a></h2> <div class="content"> <img class="media-element file-default image-style-noticia-detalle" data-delta="2" typeof="foaf:Image" src="https://www.lostiempos.com/sites/default/files/styles/noticia_detalle/public/18_me_3_martin_numbela.jpg?itok=mfoO8t84" width="770" height="430" alt="" /><div class="field field-name-field-file-image-description field-type-text-long field-label-hidden view-mode-default"><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even">Fiscales anticorrupción con documentos del caso. </figure></div></div><div class="field field-name-field-file-image-credits field-type-text field-label-hidden view-mode-default"><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even">MARTÍN NUMBELA</figure></div></div> </div> </div> </div> <blockquote><p>  </p> <p> <strong>DECLARACIONES</strong></p> <p> “José Miguel P. no ha formado parte del proceso de contratación, pero para el Ministerio Público es pieza clave”.</p> <p> <strong>Andrea Trigo</strong></p> <p> <strong>Abogada José María Leyes</strong></p> <p>  </p> <p> “Las declaraciones de José Miguel P. no afectarán al caso de los empresarios, dudo que hayan nuevas imputaciones debido a que no tuvieron ningún contacto”.</p> <p> <strong>Henry Pinto</strong></p> <p> <strong>Abogado de importadores</strong></p> <p>  </p> <p>  </p> <p> “El imputado tiene toda la voluntad de someterse a este proceso, ya lo manifestó antes de venir a declarar, quiere ayudar a esclarecer el caso”.</p> <p> <strong>Roberto Barbosa</strong></p> <p> <strong>Abogado de José Miguel P.</strong></p> </blockquote>

Tras más de dos horas de la audiencia de medidas cautelares del exsecretario de Atención al Ciudadano de la Alcaldía, José Miguel P., implicado en el caso Mochilas I, la jueza Primera de Instrucción Cautelar, Sandra Parra, decidió ayer darle detención domiciliaria con custodia policial, arraigo y tres garantes personales.

Tras más de dos horas de la audiencia de medidas cautelares del exsecretario de Atención al Ciudadano de la Alcaldía, José Miguel P., implicado en el caso Mochilas I, la jueza Primera de Instrucción Cautelar, Sandra Parra, decidió ayer darle detención domiciliaria con custodia policial, arraigo y tres garantes personales.

public://media_imagen/2018/6/30/18_me_1_martin_numbela.jpg

<p> COCHABAMBA |</p> <p class="rtejustify"> La jueza Primera de Instrucción Cautelar, Sandra Parra determinó hoy <strong>detención domiciliaria en Cochabamba&nbsp;y arraigo, sin pago de fianza económica, para el para el exsecretario de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Cercado&nbsp;<span style="text-align: justify;">José Miguel P.,</span> considerado “pieza clave” del caso Mochilas I, informaron fuentes cercanas al caso.</strong></p> <p class="rtejustify"> El fallo también establece que el exfuncionario debe presentar tres garantes personales y <strong>aprobó la solicitud del representante del Ministerio Público Erick Aparicio de mantener en reserva las actuaciones del caso por diez días.</strong></p> <p class="rtejustify"> <strong>"El fundamento para la reserva es en base a las dos declaraciones que ya prestó mi cliente, ellos han visto que hay nuevos elementos por lo que ven por conveniente esta figura” precisó el abogado del exsecretario,&nbsp;Roberto Barbosa</strong>.</p> <p class="rtejustify"> Según el flujo migratorio, José Miguel P. volvió a Bolivia de Estados Unidos, el pasado jueves a las 5:00 para entregarse a la justicia boliviana.</p> <p class="rtejustify"> El exfuncionario dejó el país el 6 de abril y el 19 fue señalado por el alcalde José María Leyes como uno de los implicados en el sobreprecio de las mochilas adquiridas para los escolares en 2018 con 12,4 millones de bolivianos.</p> <p class="rtejustify"> José Miguel P. es imputado por la presunta comisión de varios delitos: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles en la función pública e incumplimiento de deberes.</p> <p class="rtejustify"> La resolución se conoció al término de la audiencia de medidas cautelares que duró más de dos&nbsp;horas.&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p>

<p> COCHABAMBA |</p> <p class="rtejustify"> La jueza Primera de Instrucción Cautelar, Sandra Parra determinó hoy <strong>detención domiciliaria en Cochabamba y arraigo, sin pago de fianza económica, para el para el exsecretario de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Cercado <span style="text-align: justify;">José Miguel P.,</span> considerado “pieza clave” del caso Mochilas I, informaron fuentes cercanas al caso.</strong></p> <p class="rtejustify"> El fallo también establece que el exfuncionario debe presentar tres garantes personales y <strong>aprobó la solicitud del representante del Ministerio Público Erick Aparicio de mantener en reserva las actuaciones del caso por diez días.</strong></p> <p class="rtejustify"> <strong>"El fundamento para la reserva es en base a las dos declaraciones que ya prestó mi cliente, ellos han visto que hay nuevos elementos por lo que ven por conveniente esta figura” precisó el abogado del exsecretario, Roberto Barbosa</strong>.</p> <p class="rtejustify"> Según el flujo migratorio, José Miguel P. volvió a Bolivia de Estados Unidos, el pasado jueves a las 5:00 para entregarse a la justicia boliviana.</p> <p class="rtejustify"> El exfuncionario dejó el país el 6 de abril y el 19 fue señalado por el alcalde José María Leyes como uno de los implicados en el sobreprecio de las mochilas adquiridas para los escolares en 2018 con 12,4 millones de bolivianos.</p> <p class="rtejustify"> José Miguel P. es imputado por la presunta comisión de varios delitos: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles en la función pública e incumplimiento de deberes.</p> <p class="rtejustify"> La resolución se conoció al término de la audiencia de medidas cautelares que duró más de dos horas. </p> <p>  </p>

La jueza Primera de Instrucción Cautelar, Sandra Parra determinó hoy detención domiciliaria en Cochabamba y arraigo, sin pago de fianza económica, para el para el exsecretario de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Cercado José Miguel P., considerado “pieza clave” del caso Mochilas I, informaron fuentes cercanas al caso.

La jueza Primera de Instrucción Cautelar, Sandra Parra determinó hoy detención domiciliaria en Cochabamba y arraigo, sin pago de fianza económica, para el para el exsecretario de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Cercado José Miguel P., considerado “pieza clave” del caso Mochilas I, informaron fuentes cercanas al caso.