Declaración de reserva del caso Mochilas I busca resguardar "elementos importantes" de la investigación
El delegado del Ministerio de Justicia y Transparencia, Ever Veizaga indicó que la declaratoria de reserva de las actuaciones del caso Mochilas I durante 10 días responde a que las investigaciones se encuentran en una etapa significativa por lo que se requiere que no exista ninguna contaminación de la información relevante.
“Consideramos que es un momento importante y seguramente es por eso que el Ministerio Público ha considerado oportuno solicitar la reserva de las investigaciones”, explicó Veizaga.
El pasado sábado, la jueza Primera de Instrucción Cautelar, Sandra Parra, declaró en reserva las actuaciones del caso durante 10 días hábiles, luego de determinar la detención domiciliaria con custodia del exsecretario de Atención al Ciudadano de la Alcaldía, José Miguel P., acusado de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.
“Lo que se pretende lograr es una eficacia en la investigación, lo que se está obteniendo en este momento no pueda ser adulterado o modificado o incluso influenciado en alguna declaración testifical”, señaló Veizaga.
Por su parte el fiscal departamental, Óscar Vera, justificó que la solicitud del Ministerio Público para que se declare el caso en reserva con el fin de resguardar “elementos muy importantes” para la investigación. “Por estar este caso declarado judicialmente en reserva no voy me a permitir dar detalles de la investigación, respetando el petitorio del Ministerio Público”, señaló el Fiscal.
Sin embargo, indicó que la Fiscalía apelará la detención domiciliaria de José Miguel P. para que se aplique su detención preventiva en una cárcel.
El inciso 2 del Artículo 116 del Código de Procedimiento Penal de Bolivia establece que el juez de instrucción puede ordenar que algunos actos del proceso se realicen en forma reservada cuando “corra riesgo la integridad física de los jueces, de alguna de las partes, o de alguna persona citada”.
La medida fue cuestionada por la abogada del alcalde suspendido José María Leyes, Andrea Trigo, quien consideró que el objeto único de la audiencia se centró en definir la situación legal de José Miguel P.
Asimismo, el fiscal Vera manifestó que no habría ningún motivo para que la juez Parra continúe con el control jurisdiccional del caso.
