Implicados hacen declaraciones contradictorias en caso Mochilas I
Las declaraciones del exsecretario de Atención al Ciudadano de Cochabamba, José Miguel P., implicado en el caso mochilas I, contradicen la versión relacionada al proceso de contratación del empresario René Juan de Dios M., según la documentación a la que accedió Los Tiempos.
José Miguel P., amigo de “confianza” del alcalde José María Leyes, indicó en su declaración ante el Ministerio Público del 28 de junio, en Santa Cruz, que en agosto de 2017 entregó información con los logos que iban a ser utilizados en el diseño del material para el proceso de contratación.
“Él (José María Leyes) me pasa esa información y existiendo ya la instrucción de coordinar con la Asociación (…). Yo no tenía poder de decisión, cualquier decisión yo consultaba previamente con el Alcalde. Yo iba consultando a René Morales si todo estaba en plazo y todo lo necesario para que concluya”, dijo en su declaración.
Sin embargo, el empresario e importador de 92 mil mochilas chinas y material escolar expresó en su declaración, del pasado 8 de junio, que se contactó con José Miguel P. sólo para decirle que presente material de buena calidad y en el plazo correspondiente. Estas afirmaciones contradicen la información “privilegiada” dada por el exsecretario de Atención al Ciudadano, que estuvo fuera del país durante tres meses.
José Miguel P. se encuentra desde ayer con detención domiciliaria, arraigo y la presentación de tres garantes personales.
Repercusiones
El abogado de José María Leyes, Humberto Trigo, expresó que no existió la filtración de información “privilegiada” y que a los proveedores se les da esas características.
“Si revisamos la investigación, Cristian Siles (un funcionario) ha dado esa información a través de un pendrive a los empresarios. Padilla lo dijo como si fuera un gran adelanto”, dijo.
En sus declaraciones, José Miguel P. involucró también al director de Desarrollo Humano, Rolando Nogales, de haber proporcionado información.
Trigo expresó que el único que conoció al empresario fue José Miguel P. y no hay pruebas de que el Alcalde lo haya hecho para que sean beneficiados.
“Lo que buscan sus acusadores es que no modifiquen sus medidas sustitutivas y su situación legal sea perjudicada. Estas declaraciones no cambian su situación”, agregó.
Siguió: “Estamos convencidos de la inocencia del Alcalde, es un proceso armado desde el principio. Este señor (José Miguel P.) ha sido beneficiado”.
Injusticia
Por su parte, el abogado del representante legal de la Asociación Accidental 26 de Febrero Néstor G.M., Fernando Santiváñez, lamentó que su defendido se encuentre recluido, pese a que se presentó de manera voluntaria ante el Ministerio Público para aportar en la investigación, tal como lo hizo José Miguel P.
“Me causa mucha extrañeza que el único detenido sea mi cliente, pero personas que están tan involucradas en el caso estén con detención domiciliaria o no hayan sido involucradas”, dijo.
92 mil mochilas y material escolar fueron importados por la Asociación Accidental 26 de Febrero, cumpliendo el contrato con el municipio.
PEDIRÁN CESACIÓN PARA NESTOR G. M.
El abogado del representante legal de la Asociación Accidental 26 de Febrero, Néstor G. M., Fernando Santiváñez, expresó que en la semana pedirán cesación para su defendido, recluido en la cárcel de San Sebastián desde el 5 de mayo. “Pediremos medidas sustitutivas para Néstor G.M., él tiene la necesidad de trabajar, necesita dinero”, agregó.
DECLARACIONES
"Cuestionamos las decisiones de los operadores de justicia al darle detención domiciliaria a José Miguel P., y metan a la cárcel a un señor por circunstancias económicas". Rocío Molina. Concejal
"A José Miguel P. le dieron detención domiciliaria, pese a que siguió el mismo procedimiento que mi cliente. La ley tiene que ser para todos, el pecado de mi cliente fue sólo firmar". Fernando Santiváñez. Abogado de Néstor G.M.
