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<p class="rtejustify"> El expresidente Carlos Mesa aseguró que se ya se siente condenado después de que ayer el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, presentara la proposición acusatoria por el caso Quiborax ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para dar paso a un juicio.</p> <p class="rtejustify"> “Aquí ya estamos hablando de una condena”, sostuvo Carlos Mesa en una conferencia de prensa que brindó en la plaza Murillo de La Paz. El exmandatario dijo que no confía en la justicia boliviana y que no sería raro que, hasta fin de agosto, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe el juicio en su contra.</p> <p class="rtejustify"> Según Guerrero, tras la presentación de la proposición acusatoria, la sala plena del TSJ, previa consulta, debe remitirlo al pleno de la ALP para que esta instancia autorice el juicio en contra del expresidente Carlos Mesa por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.</p> <p class="rtejustify"> “Habiéndose determinado en mérito a los antecedentes acumulados, la existencia de materia justiciable y tipicidad en el contenido de la proposición acusatoria (…) se emite el requerimiento acusatorio”, señala el requerimiento de 90 páginas presentado por Guerrero.</p> <p class="rtejustify"> Según el jurista Henry Pinto, no existe un plazo perentorio para que la ALP apruebe o rechace el juzgamiento al exmandatario, pero estima que en unas semanas se tendrá una respuesta.</p> <p class="rtejustify"> Para Mesa, la determinación de la Fiscalía confirma lo que está viviendo Bolivia en su democracia: “La criminalización de la política a través del mecanismo que sustituye a la dictadura de botas, tanques y ametralladoras por la persecución judicial a título de investigación”. Reiteró en varias oportunidades que no se siente acusado sino acusador de la mala defensa de la Procuraduría General del Estado, en el caso Quiborax.</p> <p class="rtejustify"> En la proposición acusatoria también están contemplados los exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza Mérida; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Gustavo Escobar Rosas, y de Trabajo, Luis Antonio Martín Fernández Fagalde.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, Mesa aseguró que figuras clave como la exsubprocuradora Carmina Llorenti y el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé no brindaron declaraciones que eran importantes para la etapa previa de presentación de pruebas.</p> <p class="rtejustify"> Añadió que el Gobierno armó toda una estructura para eliminarlo como persona y como posible candidato al ver que estaba bien posesionado en las encuestas. Citó que se lo incluyó en el caso de los misiles chinos, Odebrecht y Quiborax para asegurarse de llevarlo a juicio.</p> <p class="rtejustify"> En ese sentido, el exmandatario señaló que actuaría de manera activa en la defensa del 21F porque no caería en el juego electoral del Gobierno. Convocó a la población a defender de manera “militante” los resultados de esa contienda electoral.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>42,6 millones de dólares es lo que Bolivia tuvo que pagar a la empresa Quiborax después de perder un arbitraje internacional en la Ciadi. </strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>VE “CRIMINALIZACIÓN POLÍTICA” EN BOLIVIA</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El expresidente de Bolivia Carlos Mesa consideró que la decisión del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, confirma que en Bolivia se vive una “criminalización de la política” que sustituye a la dictadura y que el sistema judicial es un “instrumento del poder político”.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>DATOS</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>Se pagó $us 625 la hora para defensa del caso.</strong> El Gobierno dispuso el pago referencial de 625 dólares la hora para la contratación del consorcio de abogados que defendería a Bolivia en el caso Quiborax, que fue adjudicado a la firma internacional Dechert LLP, según el Documento Base de Contratación (BDP) publicado en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>La contratación de bufetes es secreta. </strong>El Decreto Supremo 2698, del 9 de marzo de 2016, promulgado por el presidente Evo Morales, guarda en secreto las contrataciones de bufetes de abogados realizadas por la Procuraduría General del Estado, además de que exime a dicha institución de presentar su rendición de cuentas.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> </p> <p class="rtejustify"> <strong>ANÁLISIS</strong></p> <p class="rtejustify"> <strong>Henry Pinto. Jurista</strong></p> <p class="rtejustify"> <strong>“El Fiscal General del Estado no actúa con objetividad” </strong></p> <p class="rtejustify"> Es fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, ha dado señales de que no ha actuado con la debida objetividad que requiere el Ministerio Público.</p> <p class="rtejustify"> Particularmente creo yo que hechos tan antiguos deberían haber prescripto, pero se maneja el criterio de que al haber daño económico, es imprescriptible.</p> <p class="rtejustify"> El daño económico se genera después del proceso arbitral que pierde Bolivia. En realidad han habido responsables concretos que han manejado ese procedimiento; concretamente gente de la Procuraduría. Por ende, ellos también deberían ser procesados, para distribuir responsabilidades entre los que causan el conflicto y los que no han tenido la capacidad de resolver el conflicto.</p> <p class="rtejustify"> Esto en realidad tiene un contenido mucho más político que jurídico. No sé qué tipo penal querrán aplicar, pero esto tiene más tinte político. La conducta antieconómica se generó después del arbitraje.</p>
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<p class="rtejustify"> El expresidente Carlos Mesa aseguró que se ya se siente condenado después de que ayer el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, presentara la proposición acusatoria por el caso Quiborax ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para dar paso a un juicio.</p> <p class="rtejustify"> “Aquí ya estamos hablando de una condena”, sostuvo Carlos Mesa en una conferencia de prensa que brindó en la plaza Murillo de La Paz. 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<p> República Independiente</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> <strong>Lengua</strong>: Castellano o Español</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> <strong>Moneda</strong>. Peso chileno</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> País que participó de todas las versiones suramericanas desde Buenos Aires en 1951, En Guadalajara 2011, Chile ganó 43 medallas y superó así su récord anterior de 41 medallas en Buenos Aires 1951. Sus tres medallas de oro incluyó su primera medalla de oro en natación por KristelKöbrich,</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> Deportista destacado: Natalia Duco Soler es una atleta especializada en el lanzamiento de peso o Bala.</p>
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<p class="pais-pq"> Estado Plurinacional de Bolivia</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> <strong>Lengua</strong>: Castellano</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> <strong>Moneda</strong>: El Boliviano</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> Bolivia es uno de los pocos países que ha participado de todas las versiones de Juegos Suramericanos desde la primera edición, que se realizó en dicho país en 1978. En esa época, los Juegos eran denominados Cruz del Sur.</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> Una de las mejores participaciones de Bolivia fue en Colombia el 2010, consiguiendo medallas de oro en tiro al plato con los deportistas César David Menacho Flores (2 medallas de oro y 2 de bronce) y Juan Carlos Pares Gacha (1 medalla de oro y 2 de bronce).</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> En la más reciente versión de los Juegos que se llevó a cabo en Santiago 2014, Bolivia consiguió 4 medallas de bronce.</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> Deportistas destacados: Karen Torrez, Natación; Estefany Coronado, Marcha; y Rosemary Quispe, Maratón.</p>
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<p class="rtejustify"> <span class="_mh6 _wsc" id="cch_fbd3060a4c8d88"><span class="_3oh- _58nk">El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, presentó hoy el Requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades en contra del expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax.</span></span></p> <p class="rtejustify"> <span class="_mh6 _wsc"><span class="_3oh- _58nk">La acción fue realizada ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la ciudad de Sucre al límite del plazo establecido. </span></span></p> <p class="rtejustify"> <span class="_mh6 _wsc"><span class="_3oh- _58nk">De acuerdo a procedimiento, <strong>si la Asamblea Legislativa determina el inicio de juicio de responsabilidades,</strong> el Ministerio Público comenzará con la etapa de investigación correspondiente. </span></span></p> <p class="rtejustify"> <span class="_mh6 _wsc"><span class="_3oh- _58nk">“Ahora hemos presentando este requerimiento acusatorio ante la Sala Penal que a su vez pondrá a consideración de Sala Plena para que sea elevada a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, explicó Guerrero.</span></span></p> <p class="rtejustify"> <span class="_mh6 _wsc"><span class="_3oh- _58nk">En la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría General del Estado en contra de Carlos Mesa también están contemplados los exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza Mérida; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Gustavo Escobar Rosas; y de Trabajo, Luis Antonio Martín Fernández Fagalde. </span></span></p> <p class="rtejustify"> <span class="_mh6 _wsc"><span class="_3oh- _58nk">Los cargos por los los que se instauró la <strong>denuncia son resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. </strong></span></span></p> <p class="rtejustify"> <span id="cch_f1c28f78b8d1aaa">La Procuraduría General del Estado presentó la denuncia en contra de Carlos Diego de Mesa Gisbert porque consideran que la exautoridad incumplió con la Ley Nº 2564 y la emisión ilegal del DS 27589 que dieron lugar a la demanda de Arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversiones (CIADI) y<strong> el pago de 42,6 millones de dólares.</strong></span></p> <p class="rtejustify"> Mesa considera que el Estado hizo una pésima defensa del laudo arbitral, y manifiesta la responsabilidad exclusiva exclusiva del caso al Ministro de Justicia, Héctor Arce, al ministro de Mineria, César Navarro al procurador del Estado Pablo Menacho y la extitular Elizabeth Arismendi.</p> <p> </p>
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<p class="rtejustify"> El Gobierno dispuso el pago referencial de 625 dólares la hora para la contratación del consorcio de abogados que defendería a Bolivia en el caso Quiborax, que fue adjudicado a la firma internacional Dechert LLP, según el Documento Base de Contratación (BDP) publicado en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).</p> <p class="rtejustify"> “El límite máximo para el pago de horas de prestación de servicios será de 450 mil dólares anuales, pagaderos una vez aprobado el informe mensual que cumpla por las condiciones dispuestas en la presente cláusula”, establece el documento.</p> <p class="rtejustify"> Dechert LLP se adjudicó la convocatoria bajo la modalidad de licitación internacional, según los datos consultados en el Sicoes. 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El Gobierno dispuso el pago referencial de 625 dólares la hora para la contratación del consorcio de abogados que defendería a Bolivia en el caso Quiborax, que fue adjudicado a la firma internacional Dechert LLP
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El Gobierno dispuso el pago referencial de 625 dólares la hora para la contratación del consorcio de abogados que defendería a Bolivia en el caso Quiborax, que fue adjudicado a la firma internacional Dechert LLP
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<p class="rtejustify"> El expresidente Carlos Mesa señaló ayer que el cerco en su contra por el caso Quiborax se va cerrando y que la interpelación de la Asamblea Legislativa contra los ministros de Justicia y Minería, Héctor Arce y César Navarro, fue “un acto de complacencia” a modo de apertura de la acusación en su contra, cuando sólo falta la decisión de la Fiscalía General del Estado para iniciar el juicio por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El Ministerio Público tiene hasta el 9 de julio para pronunciarse.</p> <p class="rtejustify"> Ayer, el pleno de la Asamblea Legislativa procedió con la interpelación de los ministros de Justicia y Minería, para conocer la defensa que se asumió el Estado en el laudo arbitral en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), instancia que definió el pago de 42,6 millones de dólares en favor de Quiborax.</p> <p class="rtejustify"> Este informe, que se inició desde las 9:00, se prolongó hasta las 14:20, oportunidad en que los ministros, en medio de cuestionamientos de los asambleístas de oposición, se dedicaron a ratificar que la pérdida del caso en Ciadi fue por llevar adelante la reversión de las concesiones mineras sin cumplir la normativa, que el proceso fue discriminatorio e ilícito, además de cierta parcialización del tribunal arbitral con la empresa, que incluso demandó al Estado paralizar cualquier acción penal en el país.</p> <p class="rtejustify"> “Lamentablemente, en este caso han tenido todos los elementos para condenarnos a una indemnización, y esos elementos son los que se produjeron, generaron por todo este andamiaje de aprobar una ley, no cumplirla, que tenga que haber auditorías y no hacerlas, utilizar un mecanismo que no era el correcto”, dijo Arce refiriéndose a Mesa.</p> <p class="rtejustify"> A su vez, el titular de Minería que hizo un repaso de antecedentes hasta los Gobiernos denominados neoliberales de Hugo Banzer, entre otros. Refirió que incluso para el proceso de estas concesiones a la empresa chilena se habría recurrido a información privilegiada por parte de David Moscoso, socio de Quiborax. Fueron más de tres horas para que las autoridades del Ejecutivo concluyan en que, por el incumplimiento de Mesa a las normas y sus propias leyes, el Estado perdió el laudo arbitral.</p> <p class="rtejustify"> El pleno mayoritario oficialista aprobó la moción de “orden del día puro y simple”, pero además dieron el “voto de confianza” a los interpelados que salieron triunfantes y aplaudidos. Los asambleístas apoyaron las versiones esgrimidas por los ministros y ratificaron el grado de responsabilidad que presumiblemente tiene el expresidente en el caso.</p> <p class="rtejustify"> De manera paralela, el fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que se tiene hasta el 9 de julio para presentar la resolución conclusiva de rechazó o admisión de la proposición acusatoria para instaurar un juicio contra el expresidente. La Procuraduría General denunció ante el Ministerio Público a Mesa por supuestos delitos en la reversión de una concesión minera en el Salar de Uyuni.</p> <p class="rtejustify"> “Cumpliendo con los procedimientos, la denuncia de proposición de parte de la Procuraduría se presentó el 22 de mayo y, en 24 horas, se notificó al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Penal en fecha 23 de mayo”, explicó el Fiscal General.</p> <p class="rtejustify"> Explicó que, desde la recepción de la denuncia, la Fiscalía tiene un plazo de 30 días para colectar documentos, toma de declaraciones y otros elementos para emitir una resolución conclusiva. El plazo vence el 9 de julio y no puede ampliarse.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>42,6 millones de dólares pagó el Estado a Quiborax por la indemnización tras perder el juicio por la reversión de concesiones mineras.</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>DATOS</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>La Fiscalía tiene hasta el 9 de julio para ver juicio. </strong>El plazo para que la Fiscalía del Estado admita o rechace la proposición acusatoria del caso Quiborax contra Carlos Mesa vence el 9 de julio.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>La exsubprocuradora Llorenti fue exculpada. </strong>En el informe, el ministro Arce afirmó que la exsubprocuradora Carmiña Llorenti prestó su computadora a un abogado de Chile y éste aprovechó para filtrar información. Dijo que el presidente Morales fue informado y que ello sucedió cuando el laudo ya había sido emitido.</p> <p class="rtejustify"> </p> <blockquote> <p class="rtejustify"> <strong>OPINIONES</strong></p> <p class="rtejustify"> <em>"Él (Mesa) no ha querido ni sentarse con la empresa, cuando le han pedido (negociar) en cuatro oportunidades, cuando le han dado el tiempo suficiente, cuando le han dado más de un año". </em><strong>Héctor Arce. Ministro de Justicia</strong></p> <p class="rtejustify"> <em>"El Gobierno debe asumir que la defensa del Estado en el caso Quiborax fue negligente y torpe. Quieren responsabilizar a Mesa porque le tienen miedo en las elecciones de 2019". </em><strong>Shirley Franco. Diputada UD</strong></p> </blockquote> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>MESA: “RATIFICARON UNA ACUSACIÓN MANIPULADA”</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Al promediar las 11:15, Carlos Mesa, acompañado de su abogado, Carlos Alarcón, y su asesor, Gustavo Aliaga, se presentó de manera sorpresiva en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para escuchar los fundamentos que esgrimían las autoridades ejecutivas interpeladas por el MAS.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En la sesión, asambleístas y ministros no dudaron en culparlo por el pago de los 42,6 millones de dólares que pagó el Estado a la chilena.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “Me ha dado la sensación de que en la Asamblea Legislativa lo que se ha producido es un acto de autocomplacencia en el que se reúnen parlamentarios del oficialismo para hacer una interpelación acordada y permitir a los ministros dar sus argumentos”, expresó.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “A lo que hoy asistimos parecería que fuere a la apertura de un juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa, cuando todavía el Fiscal General del Estado no tomó una decisión”, dijo Mesa a su salida del Legislativo.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “Más que interpelación, esto parecía un acto adelantado de la apertura de una acusación en contra de Carlos Mesa, que es lo que probablemente se producirá si el Fiscal General decide abrir una acusación en nuestra contra (…) Ha sido simplemente la ratificación de una acusación en contra de Carlos Mesa y manipulada por el oficialismo”, aseguró.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “A lo que asistimos parecería que fuere a la apertura de un juicio de responsabilidades contra Carlos de Mesa”, dijo.</p>
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<p class="rtejustify"> El expresidente Carlos Mesa señaló ayer que el cerco en su contra por el caso Quiborax se va cerrando y que la interpelación de la Asamblea Legislativa contra los ministros de Justicia y Minería, Héctor Arce y César Navarro, fue “un acto de complacencia” a modo de apertura de la acusación en su contra, cuando sólo falta la decisión de la Fiscalía General del Estado para iniciar el juicio por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El Ministerio Público tiene hasta el 9 de julio para pronunciarse.</p> <p class="rtejustify"> Ayer, el pleno de la Asamblea Legislativa procedió con la interpelación de los ministros de Justicia y Minería, para conocer la defensa que se asumió el Estado en el laudo arbitral en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), instancia que definió el pago de 42,6 millones de dólares en favor de Quiborax.</p> <p class="rtejustify"> Este informe, que se inició desde las 9:00, se prolongó hasta las 14:20, oportunidad en que los ministros, en medio de cuestionamientos de los asambleístas de oposición, se dedicaron a ratificar que la pérdida del caso en Ciadi fue por llevar adelante la reversión de las concesiones mineras sin cumplir la normativa, que el proceso fue discriminatorio e ilícito, además de cierta parcialización del tribunal arbitral con la empresa, que incluso demandó al Estado paralizar cualquier acción penal en el país.</p> <p class="rtejustify"> “Lamentablemente, en este caso han tenido todos los elementos para condenarnos a una indemnización, y esos elementos son los que se produjeron, generaron por todo este andamiaje de aprobar una ley, no cumplirla, que tenga que haber auditorías y no hacerlas, utilizar un mecanismo que no era el correcto”, dijo Arce refiriéndose a Mesa.</p> <p class="rtejustify"> A su vez, el titular de Minería que hizo un repaso de antecedentes hasta los Gobiernos denominados neoliberales de Hugo Banzer, entre otros. Refirió que incluso para el proceso de estas concesiones a la empresa chilena se habría recurrido a información privilegiada por parte de David Moscoso, socio de Quiborax. Fueron más de tres horas para que las autoridades del Ejecutivo concluyan en que, por el incumplimiento de Mesa a las normas y sus propias leyes, el Estado perdió el laudo arbitral.</p> <p class="rtejustify"> El pleno mayoritario oficialista aprobó la moción de “orden del día puro y simple”, pero además dieron el “voto de confianza” a los interpelados que salieron triunfantes y aplaudidos. Los asambleístas apoyaron las versiones esgrimidas por los ministros y ratificaron el grado de responsabilidad que presumiblemente tiene el expresidente en el caso.</p> <p class="rtejustify"> De manera paralela, el fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que se tiene hasta el 9 de julio para presentar la resolución conclusiva de rechazó o admisión de la proposición acusatoria para instaurar un juicio contra el expresidente. La Procuraduría General denunció ante el Ministerio Público a Mesa por supuestos delitos en la reversión de una concesión minera en el Salar de Uyuni.</p> <p class="rtejustify"> “Cumpliendo con los procedimientos, la denuncia de proposición de parte de la Procuraduría se presentó el 22 de mayo y, en 24 horas, se notificó al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Penal en fecha 23 de mayo”, explicó el Fiscal General.</p> <p class="rtejustify"> Explicó que, desde la recepción de la denuncia, la Fiscalía tiene un plazo de 30 días para colectar documentos, toma de declaraciones y otros elementos para emitir una resolución conclusiva. El plazo vence el 9 de julio y no puede ampliarse.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>42,6 millones de dólares pagó el Estado a Quiborax por la indemnización tras perder el juicio por la reversión de concesiones mineras.</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>DATOS</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>La Fiscalía tiene hasta el 9 de julio para ver juicio. </strong>El plazo para que la Fiscalía del Estado admita o rechace la proposición acusatoria del caso Quiborax contra Carlos Mesa vence el 9 de julio.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>La exsubprocuradora Llorenti fue exculpada. </strong>En el informe, el ministro Arce afirmó que la exsubprocuradora Carmiña Llorenti prestó su computadora a un abogado de Chile y éste aprovechó para filtrar información. Dijo que el presidente Morales fue informado y que ello sucedió cuando el laudo ya había sido emitido.</p> <p class="rtejustify"> </p> <blockquote><p class="rtejustify"> <strong>OPINIONES</strong></p> <p class="rtejustify"> <em>"Él (Mesa) no ha querido ni sentarse con la empresa, cuando le han pedido (negociar) en cuatro oportunidades, cuando le han dado el tiempo suficiente, cuando le han dado más de un año". </em><strong>Héctor Arce. Ministro de Justicia</strong></p> <p class="rtejustify"> <em>"El Gobierno debe asumir que la defensa del Estado en el caso Quiborax fue negligente y torpe. Quieren responsabilizar a Mesa porque le tienen miedo en las elecciones de 2019". </em><strong>Shirley Franco. Diputada UD</strong></p> </blockquote> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>MESA: “RATIFICARON UNA ACUSACIÓN MANIPULADA”</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Al promediar las 11:15, Carlos Mesa, acompañado de su abogado, Carlos Alarcón, y su asesor, Gustavo Aliaga, se presentó de manera sorpresiva en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para escuchar los fundamentos que esgrimían las autoridades ejecutivas interpeladas por el MAS.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En la sesión, asambleístas y ministros no dudaron en culparlo por el pago de los 42,6 millones de dólares que pagó el Estado a la chilena.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “Me ha dado la sensación de que en la Asamblea Legislativa lo que se ha producido es un acto de autocomplacencia en el que se reúnen parlamentarios del oficialismo para hacer una interpelación acordada y permitir a los ministros dar sus argumentos”, expresó.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “A lo que hoy asistimos parecería que fuere a la apertura de un juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa, cuando todavía el Fiscal General del Estado no tomó una decisión”, dijo Mesa a su salida del Legislativo.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “Más que interpelación, esto parecía un acto adelantado de la apertura de una acusación en contra de Carlos Mesa, que es lo que probablemente se producirá si el Fiscal General decide abrir una acusación en nuestra contra (…) Ha sido simplemente la ratificación de una acusación en contra de Carlos Mesa y manipulada por el oficialismo”, aseguró.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “A lo que asistimos parecería que fuere a la apertura de un juicio de responsabilidades contra Carlos de Mesa”, dijo.</p>
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<p class="rtejustify"> El expresidente Carlos Mesa aseguró que se ya se siente condenado después de que ayer el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, presentara la proposición acusatoria por el caso Quiborax ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para dar paso a un juicio.</p> <p class="rtejustify"> “Aquí ya estamos hablando de una condena”, sostuvo Carlos Mesa en una conferencia de prensa que brindó en la plaza Murillo de La Paz. El exmandatario dijo que no confía en la justicia boliviana y que no sería raro que, hasta fin de agosto, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe el juicio en su contra.</p> <p class="rtejustify"> Según Guerrero, tras la presentación de la proposición acusatoria, la sala plena del TSJ, previa consulta, debe remitirlo al pleno de la ALP para que esta instancia autorice el juicio en contra del expresidente Carlos Mesa por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.</p> <p class="rtejustify"> “Habiéndose determinado en mérito a los antecedentes acumulados, la existencia de materia justiciable y tipicidad en el contenido de la proposición acusatoria (…) se emite el requerimiento acusatorio”, señala el requerimiento de 90 páginas presentado por Guerrero.</p> <p class="rtejustify"> Según el jurista Henry Pinto, no existe un plazo perentorio para que la ALP apruebe o rechace el juzgamiento al exmandatario, pero estima que en unas semanas se tendrá una respuesta.</p> <p class="rtejustify"> Para Mesa, la determinación de la Fiscalía confirma lo que está viviendo Bolivia en su democracia: “La criminalización de la política a través del mecanismo que sustituye a la dictadura de botas, tanques y ametralladoras por la persecución judicial a título de investigación”. Reiteró en varias oportunidades que no se siente acusado sino acusador de la mala defensa de la Procuraduría General del Estado, en el caso Quiborax.</p> <p class="rtejustify"> En la proposición acusatoria también están contemplados los exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza Mérida; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Gustavo Escobar Rosas, y de Trabajo, Luis Antonio Martín Fernández Fagalde.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, Mesa aseguró que figuras clave como la exsubprocuradora Carmina Llorenti y el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé no brindaron declaraciones que eran importantes para la etapa previa de presentación de pruebas.</p> <p class="rtejustify"> Añadió que el Gobierno armó toda una estructura para eliminarlo como persona y como posible candidato al ver que estaba bien posesionado en las encuestas. Citó que se lo incluyó en el caso de los misiles chinos, Odebrecht y Quiborax para asegurarse de llevarlo a juicio.</p> <p class="rtejustify"> En ese sentido, el exmandatario señaló que actuaría de manera activa en la defensa del 21F porque no caería en el juego electoral del Gobierno. Convocó a la población a defender de manera “militante” los resultados de esa contienda electoral.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>42,6 millones de dólares es lo que Bolivia tuvo que pagar a la empresa Quiborax después de perder un arbitraje internacional en la Ciadi. </strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>VE “CRIMINALIZACIÓN POLÍTICA” EN BOLIVIA</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El expresidente de Bolivia Carlos Mesa consideró que la decisión del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, confirma que en Bolivia se vive una “criminalización de la política” que sustituye a la dictadura y que el sistema judicial es un “instrumento del poder político”.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>DATOS</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>Se pagó $us 625 la hora para defensa del caso.</strong> El Gobierno dispuso el pago referencial de 625 dólares la hora para la contratación del consorcio de abogados que defendería a Bolivia en el caso Quiborax, que fue adjudicado a la firma internacional Dechert LLP, según el Documento Base de Contratación (BDP) publicado en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>La contratación de bufetes es secreta. </strong>El Decreto Supremo 2698, del 9 de marzo de 2016, promulgado por el presidente Evo Morales, guarda en secreto las contrataciones de bufetes de abogados realizadas por la Procuraduría General del Estado, además de que exime a dicha institución de presentar su rendición de cuentas.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> </p> <p class="rtejustify"> <strong>ANÁLISIS</strong></p> <p class="rtejustify"> <strong>Henry Pinto. Jurista</strong></p> <p class="rtejustify"> <strong>“El Fiscal General del Estado no actúa con objetividad” </strong></p> <p class="rtejustify"> Es fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, ha dado señales de que no ha actuado con la debida objetividad que requiere el Ministerio Público.</p> <p class="rtejustify"> Particularmente creo yo que hechos tan antiguos deberían haber prescripto, pero se maneja el criterio de que al haber daño económico, es imprescriptible.</p> <p class="rtejustify"> El daño económico se genera después del proceso arbitral que pierde Bolivia. En realidad han habido responsables concretos que han manejado ese procedimiento; concretamente gente de la Procuraduría. Por ende, ellos también deberían ser procesados, para distribuir responsabilidades entre los que causan el conflicto y los que no han tenido la capacidad de resolver el conflicto.</p> <p class="rtejustify"> Esto en realidad tiene un contenido mucho más político que jurídico. No sé qué tipo penal querrán aplicar, pero esto tiene más tinte político. La conducta antieconómica se generó después del arbitraje.</p>
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Fiscalía emite requerimiento acusatorio contra Mesa por el caso Quiborax
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#label (String, 68 characters ) Quiborax: Gobierno definió pago de $us 625 la h...
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Quiborax: Gobierno definió pago de $us 625 la hora para la defensa
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#label (String, 91 characters ) Caso Quiborax: Mesa dice que la interpelación n...
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Caso Quiborax: Mesa dice que la interpelación no ocultó la "pésima defensa" del Gobierno
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Mesa ve en interpelación el inicio del juicio en su contra por Quiborax
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El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, en la plaza Murillo de La Paz en una conferencia de prensa, ayer.
-
-
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-
El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, en la plaza Murillo de La Paz en una conferencia de prensa, ayer.
-
-
-
-
-
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und (Array, 1 element)
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-
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-
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nextSelector (String, 0 characters )
-
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-
-
-
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-
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∞ (Recursion)
-
-
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∞ (Recursion)
-
-
-
-
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-
0 (Array, 4 elements)
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#title (String, 3 characters ) TSJ
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-
entity_type (String, 13 characters ) taxonomy_term
-
entity (Object) stdClass
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∞ (Recursion)
-
-
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-
-
-
-
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-
-
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-
-
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-
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#title (String, 16 characters ) Contador Twitter
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-
#view_mode (String, 4 characters ) full
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∞ (Recursion)
-
-
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-
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-
-
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-
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-
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#title (String, 21 characters ) Contador Social Total
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#language (String, 3 characters ) und
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-
-
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-
-
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-
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-
-
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timezone_db (String, 14 characters ) America/La_Paz
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-
-
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0 (Array, 1 element)
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#markup (String, 142 characters ) <span class="date-display-single" property="dc:...
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<span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2018-07-10T00:00:00-04:00">Martes, 10 Julio, 2018</span>
-
-
-
-
field_noticia_mult_principal (Array, 16 elements)
-
#theme (String, 5 characters ) field
-
#weight (String, 1 characters ) 1
-
#title (String, 20 characters ) Multimedia principal
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-
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-
-
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-
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#pre_render (Array, 1 element)
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-
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-
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node (Array, 3 elements)
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comment (Array, 3 elements)
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rate_valoracion_noticia (Array, 4 elements)
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