<p class="rtejustify"> El procurador general del Estado, Pablo Menacho, aseguró ayer que el origen de la controversia con la empresa chilena Non Metallic Minerals-Quiborax no es la defensa jurídica que asumieron en preservar los intereses del Estado, sino los actos ilegales de Carlos Mesa.</p> <p class="rtejustify"> “El conflicto no surge por la defensa (del Estado), el conflicto surge por el incumplimiento a la Ley 2564 y por el ilegal Decreto Supremo 27589. Ése es el origen de la controversia”, sostuvo la autoridad.</p> <p class="rtejustify"> El expresidente Mesa denunció al ministro de Justicia y exprocurador, Héctor Arce; al ministro de Minería, César Navarro; a Menacho, y a la exministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, por la inadecuada defensa judicial que asumieron ante el Ciadi.</p> <p class="rtejustify"> Menacho justificó que la defensa que tuvo que asumir el Estado ante la demanda que la chilena Quiborax instaló ante la Ciadi fue producto de la mala gestión y administración al momento en que Mesa resolvió la “revocatoria” de las concesiones.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>COCARICO CULPA A MESA POR DAÑO ECONÓMICO</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, instó a que la población entienda que el expresidente Carlos Mesa no es inocente en el caso Quiborax, puesto que cometió un delito que le costó un daño económico al Estado.</p>

<p class="rtejustify"> El procurador general del Estado, Pablo Menacho, aseguró ayer que el origen de la controversia con la empresa chilena Non Metallic Minerals-Quiborax no es la defensa jurídica que asumieron en preservar los intereses del Estado, sino los actos ilegales de Carlos Mesa.</p> <p class="rtejustify"> “El conflicto no surge por la defensa (del Estado), el conflicto surge por el incumplimiento a la Ley 2564 y por el ilegal Decreto Supremo 27589. Ése es el origen de la controversia”, sostuvo la autoridad.</p> <p class="rtejustify"> El expresidente Mesa denunció al ministro de Justicia y exprocurador, Héctor Arce; al ministro de Minería, César Navarro; a Menacho, y a la exministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, por la inadecuada defensa judicial que asumieron ante el Ciadi.</p> <p class="rtejustify"> Menacho justificó que la defensa que tuvo que asumir el Estado ante la demanda que la chilena Quiborax instaló ante la Ciadi fue producto de la mala gestión y administración al momento en que Mesa resolvió la “revocatoria” de las concesiones.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>COCARICO CULPA A MESA POR DAÑO ECONÓMICO</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, instó a que la población entienda que el expresidente Carlos Mesa no es inocente en el caso Quiborax, puesto que cometió un delito que le costó un daño económico al Estado.</p>

El procurador general del Estado, Pablo Menacho, aseguró ayer que el origen de la controversia con la empresa chilena Non Metallic Minerals-Quiborax no es la defensa jurídica que asumieron en preservar los intereses del Estado, sino los actos ilegales de Carlos Mesa

El procurador general del Estado, Pablo Menacho, aseguró ayer que el origen de la controversia con la empresa chilena Non Metallic Minerals-Quiborax no es la defensa jurídica que asumieron en preservar los intereses del Estado, sino los actos ilegales de Carlos Mesa

<p> El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga aseguró que no tiene temor a que se le inicie un proceso de responsabilidades&nbsp; en el caso Quiborax porque la norma que dividió el salar de Uyuni no tiene relación directa con el Decreto Supremo 28579 del expresidente Carlos Mesa.</p> <p> En entrevista con los Tiempos, Quiroga explicó que el Gobierno pretende “hacerse un autojuicio” porque el Decreto Supremo 26574 responde a la Ley 1854 que fue aprobada cuando el presidente Evo Morales fungía como diputado.</p> <p> “Él (Evo Morales) votó por esa ley y ahora resulta que quiere criminalizar esa norma y&nbsp; lo que decía esa ley quiere volverlo materia criminal, pues va a tener que enjuiciarse a sí mismo”, dijo.</p> <p> El pasado viernes, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, anunció que se iniciará un juicio de responsabilidades contra el expresidente Quiroga&nbsp; y contra exlegisladores de la Asamblea Legislativa que aprobaron una norma para dividir el salar de Uyuni, lo que permitió la concesión a la empresa minera Quiborax-Non Metallic Mineral.</p> <p> Según Quiroga, el anuncio que realizó el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, es una respuesta a la conferencia de prensa que brindó en apoyo al expresidente Mesa. “En lugar de procesar a los piratas chilenos (…) están distrayendo a la opinión pública con esta criminalización de la oposición porque no pueden explicar el manejo doloso que han tenido en toda esta materia”, sostuvo.</p> <p> Afirmó que después de varios casos en los que se le acusa, el juicio de responsabilidades “no me causa ninguna preocupación porque ya tengo años que vengo deambulando y enfrentando esta persecución política”.</p> <p> Después de que la Fiscalía General presentara una proposición acusatoria en contra del expresidente Carlos Mesa, el MAS ahora apunta al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga con otro juicio de responsabilidades por el caso Quiborax.</p> <p> Mesa solicitó a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) anular el desistimiento de acusación contra un grupo de trabajadores de Quiborax por la falsificación de documentos, como una medida más para intentar revertir la proposición acusatoria presentada por el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.</p> <p> Además, el expresidente, a través de una carta —difundida también en su blog personal—, objetó que la AEMP retirara el desistimiento de la acusación particular contra Fosck y otros representantes de Quiborax, como también lo hizo la Fiscalía de La Paz, posibilitando así la absolución por falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes y estafa.</p> <p> El caso Quiborax estalló tras un laudo que Bolivia perdió ante el Ciadi por lo que debe cumplir con un pago de 42,6&nbsp; millones de dólares a la firma chilena.</p> <p class="rteindent1"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1"> <strong>ANÁLISIS</strong></p> <p class="rteindent1"> <strong>Jurista apunta a funcionarios</strong></p> <p class="rteindent1"> El abogado constitucionalista Williams Bascopé responsabilizó a los funcionarios públicos, que llevaron la causa, por el fracaso en el arbitraje que obligó a pagar al Estado 42,6 millones de dólares de indemnización a favor de la empresa Quiborax, pese a que habían elementos que podían favorecer a Bolivia.</p> <p class="rteindent1"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1"> Bascopé dijo que en términos políticos “esto sería una alta traición a la patria” que hicieron los funcionarios en contra del país. “Y ante este supuesto hecho cobarde de traición, existen sospechosos que son funcionarios públicos y no podemos callar, porque al último el dinero salió de nuestros bolsillos para pagar esa suma millonaria”, escribió el jurista en su cuenta de Facebook.</p>

<p> El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga aseguró que no tiene temor a que se le inicie un proceso de responsabilidades  en el caso Quiborax porque la norma que dividió el salar de Uyuni no tiene relación directa con el Decreto Supremo 28579 del expresidente Carlos Mesa.</p> <p> En entrevista con los Tiempos, Quiroga explicó que el Gobierno pretende “hacerse un autojuicio” porque el Decreto Supremo 26574 responde a la Ley 1854 que fue aprobada cuando el presidente Evo Morales fungía como diputado.</p> <p> “Él (Evo Morales) votó por esa ley y ahora resulta que quiere criminalizar esa norma y  lo que decía esa ley quiere volverlo materia criminal, pues va a tener que enjuiciarse a sí mismo”, dijo.</p> <p> El pasado viernes, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, anunció que se iniciará un juicio de responsabilidades contra el expresidente Quiroga  y contra exlegisladores de la Asamblea Legislativa que aprobaron una norma para dividir el salar de Uyuni, lo que permitió la concesión a la empresa minera Quiborax-Non Metallic Mineral.</p> <p> Según Quiroga, el anuncio que realizó el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, es una respuesta a la conferencia de prensa que brindó en apoyo al expresidente Mesa. “En lugar de procesar a los piratas chilenos (…) están distrayendo a la opinión pública con esta criminalización de la oposición porque no pueden explicar el manejo doloso que han tenido en toda esta materia”, sostuvo.</p> <p> Afirmó que después de varios casos en los que se le acusa, el juicio de responsabilidades “no me causa ninguna preocupación porque ya tengo años que vengo deambulando y enfrentando esta persecución política”.</p> <p> Después de que la Fiscalía General presentara una proposición acusatoria en contra del expresidente Carlos Mesa, el MAS ahora apunta al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga con otro juicio de responsabilidades por el caso Quiborax.</p> <p> Mesa solicitó a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) anular el desistimiento de acusación contra un grupo de trabajadores de Quiborax por la falsificación de documentos, como una medida más para intentar revertir la proposición acusatoria presentada por el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.</p> <p> Además, el expresidente, a través de una carta —difundida también en su blog personal—, objetó que la AEMP retirara el desistimiento de la acusación particular contra Fosck y otros representantes de Quiborax, como también lo hizo la Fiscalía de La Paz, posibilitando así la absolución por falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes y estafa.</p> <p> El caso Quiborax estalló tras un laudo que Bolivia perdió ante el Ciadi por lo que debe cumplir con un pago de 42,6  millones de dólares a la firma chilena.</p> <p class="rteindent1">  </p> <p class="rteindent1"> <strong>ANÁLISIS</strong></p> <p class="rteindent1"> <strong>Jurista apunta a funcionarios</strong></p> <p class="rteindent1"> El abogado constitucionalista Williams Bascopé responsabilizó a los funcionarios públicos, que llevaron la causa, por el fracaso en el arbitraje que obligó a pagar al Estado 42,6 millones de dólares de indemnización a favor de la empresa Quiborax, pese a que habían elementos que podían favorecer a Bolivia.</p> <p class="rteindent1">  </p> <p class="rteindent1"> Bascopé dijo que en términos políticos “esto sería una alta traición a la patria” que hicieron los funcionarios en contra del país. “Y ante este supuesto hecho cobarde de traición, existen sospechosos que son funcionarios públicos y no podemos callar, porque al último el dinero salió de nuestros bolsillos para pagar esa suma millonaria”, escribió el jurista en su cuenta de Facebook.</p>

El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga aseguró que no tiene temor a que se le inicie un proce-so de responsabilidades en el caso Quiborax porque la norma que dividió el salar de Uyuni no tiene relación directa con el Decreto Supremo 28579 del expresidente Carlos Mesa.

El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga aseguró que no tiene temor a que se le inicie un proce-so de responsabilidades en el caso Quiborax porque la norma que dividió el salar de Uyuni no tiene relación directa con el Decreto Supremo 28579 del expresidente Carlos Mesa.

<p> El expresidente de Bolivia y actual vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, afirmó hoy que la decisión del Laudo Arbitral del caso Quiborax no obliga a Bolivia a extinguir ningún proceso penal relacionado al arbitraje y <strong>lamentó el desistimiento de la acusación particular de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) contra Allan Fosk por falsificación.</strong></p> <p> Con la falsificación de documentos la empresa chilena Quiborax modificó su composición accionaria y "forzó ilegalmente la realización de este arbitraje en contra de nuestro Estado".</p> <p> <strong>Mesa dirigió una carta al director ejecutivo de la AEMP, Germán Taboada Párraga, para pedirle que deje sin efecto su desistimiento de la acusación</strong> particular e impugnar la resolución judicial de absolución del caso.</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"> <p dir="ltr" lang="es"> Quiborax, Carta al Director de la Autoridad de Fiscalización de Empresas para que retire desistimiento que facilitó absolución de acusados de falsificación e inicie medidas judiciales en su contra<a href="https://t.co/4GnUAhc3J2">https://t.co/4GnUAhc3J2</a> <a href="https://t.co/kwEEQYyB8C">pic.twitter.com/kwEEQYyB8C</a></p> — Carlos de Mesa G. (@carlosdmesag) <a href="https://twitter.com/carlosdmesag/status/1017775397583360004?ref_src=twsrc%5Etfw">13 de julio de 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <p> "Como primer elemento que quiero destacar ante su autoridad, está el hecho de que la Decisión del Laudo Arbitral del Caso CIADI Nº ARB/06/2 (Páginas 225 y 226, IX, 626, a) a h)), no obliga a nuestro Estado a extinguir ningún proceso penal que se vincule o relacione con la materia decidida en este arbitraje. El desistimiento de la acusación pública y particular, y la resolución judicial de absolución, <strong>dejan de lado y entran en contradicción con la sentencia condenatoria ejecutoriada de David Moscoso, pronunciada el 14 de agosto de 2009 por los delitos de falsificación y uso de documento falsificado</strong>, en virtud de los cuales se forzó ilegalmente la realización de este arbitraje en contra de nuestro Estado", se lee en la carta dirigida a Taboada de fecha 12 de julio.</p> <p> El expresidente indicó que esta sentencia condenatoria ejecutoriada contra Moscoso asume, con fuerza de verdad legal irrefutable, que el perjuicio causado a Bolivia como efecto de los delitos de falsificación y uso de documento falsificado, consistió en "forzar delictivamente la realización de este proceso arbitral, que no hubiera existido si no se hubieran cometido estos delitos".</p> <p> Lamentó que lo más grave en este caso es que el antecedente de la citada sentencia absolutoria, favorable para Fosk, fue la reunión en agosto de 2016 en la oficina de la Subprocuraduría General del Estado entre abogados de Quiborax y altos funcionarios de la Procuraduría, "que redactaron de manera conjunta los textos de los desistimientos y el propio texto del fallo".</p> <p> "No escapa a su criterio que en la citada ocasión se produjo la colusión entre abogados extranjeros y funcionarios del Estado para redactar documentos jurídicos relativos a la justicia boliviana, y como consecuencia, un <strong>flagrante atropello a la independencia de poderes",</strong> cuestiona en la carta.</p> <p> Mesa subrayó que la sentencia condenatoria ejecutoriada contra David Moscoso, por el delito de falsificación, "permitía a nuestro Estado iniciar acciones judiciales complementarias para recuperar el daño económico causado por este arbitraje, tramitado sobre una base delictiva".</p> <p> Pero, agregó, lamentablemente esto no será posible si no se continúa con el proceso penal contra Allan Fosk y los otros coprocesados, "por la evidente contradicción que existe entre los desistimientos de la acusación pública y particular, con la consecuente sentencia absolutoria, y la condena penal ejecutoriada en contra de David Moscoso. Dos sentencias esencialmente contradictorias, al tratarse de los mismos delitos que fueron objeto de la confesión y reconocimiento de culpabilidad".</p> <p> Por las razones expuestas Mesa pidió al director ejecutivo de la AEMP dejar sin efecto su desistimiento de la acusación particular, impugnar la resolución judicial de absolución y continuar con la acusación particular y con el proceso penal y <strong>"adoptar todas las medidas judiciales convenientes para que David Moscoso, Allan Fosk y los restantes coprocesados reparen el daño económico causado al Estado en la parte que les corresponde".</strong></p>

<p> El expresidente de Bolivia y actual vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, afirmó hoy que la decisión del Laudo Arbitral del caso Quiborax no obliga a Bolivia a extinguir ningún proceso penal relacionado al arbitraje y <strong>lamentó el desistimiento de la acusación particular de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) contra Allan Fosk por falsificación.</strong></p> <p> Con la falsificación de documentos la empresa chilena Quiborax modificó su composición accionaria y "forzó ilegalmente la realización de este arbitraje en contra de nuestro Estado".</p> <p> <strong>Mesa dirigió una carta al director ejecutivo de la AEMP, Germán Taboada Párraga, para pedirle que deje sin efecto su desistimiento de la acusación</strong> particular e impugnar la resolución judicial de absolución del caso.</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p dir="ltr" lang="es" xml:lang="es"> Quiborax, Carta al Director de la Autoridad de Fiscalización de Empresas para que retire desistimiento que facilitó absolución de acusados de falsificación e inicie medidas judiciales en su contra<a href="https://t.co/4GnUAhc3J2">https://t.co/4GnUAhc3J2</a> <a href="https://t.co/kwEEQYyB8C">pic.twitter.com/kwEEQYyB8C</a></p> <p> — Carlos de Mesa G. (@carlosdmesag) <a href="https://twitter.com/carlosdmesag/status/1017775397583360004?ref_src=twsrc%5Etfw">13 de julio de 2018</a></p></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p> "Como primer elemento que quiero destacar ante su autoridad, está el hecho de que la Decisión del Laudo Arbitral del Caso CIADI Nº ARB/06/2 (Páginas 225 y 226, IX, 626, a) a h)), no obliga a nuestro Estado a extinguir ningún proceso penal que se vincule o relacione con la materia decidida en este arbitraje. El desistimiento de la acusación pública y particular, y la resolución judicial de absolución, <strong>dejan de lado y entran en contradicción con la sentencia condenatoria ejecutoriada de David Moscoso, pronunciada el 14 de agosto de 2009 por los delitos de falsificación y uso de documento falsificado</strong>, en virtud de los cuales se forzó ilegalmente la realización de este arbitraje en contra de nuestro Estado", se lee en la carta dirigida a Taboada de fecha 12 de julio.</p> <p> El expresidente indicó que esta sentencia condenatoria ejecutoriada contra Moscoso asume, con fuerza de verdad legal irrefutable, que el perjuicio causado a Bolivia como efecto de los delitos de falsificación y uso de documento falsificado, consistió en "forzar delictivamente la realización de este proceso arbitral, que no hubiera existido si no se hubieran cometido estos delitos".</p> <p> Lamentó que lo más grave en este caso es que el antecedente de la citada sentencia absolutoria, favorable para Fosk, fue la reunión en agosto de 2016 en la oficina de la Subprocuraduría General del Estado entre abogados de Quiborax y altos funcionarios de la Procuraduría, "que redactaron de manera conjunta los textos de los desistimientos y el propio texto del fallo".</p> <p> "No escapa a su criterio que en la citada ocasión se produjo la colusión entre abogados extranjeros y funcionarios del Estado para redactar documentos jurídicos relativos a la justicia boliviana, y como consecuencia, un <strong>flagrante atropello a la independencia de poderes",</strong> cuestiona en la carta.</p> <p> Mesa subrayó que la sentencia condenatoria ejecutoriada contra David Moscoso, por el delito de falsificación, "permitía a nuestro Estado iniciar acciones judiciales complementarias para recuperar el daño económico causado por este arbitraje, tramitado sobre una base delictiva".</p> <p> Pero, agregó, lamentablemente esto no será posible si no se continúa con el proceso penal contra Allan Fosk y los otros coprocesados, "por la evidente contradicción que existe entre los desistimientos de la acusación pública y particular, con la consecuente sentencia absolutoria, y la condena penal ejecutoriada en contra de David Moscoso. Dos sentencias esencialmente contradictorias, al tratarse de los mismos delitos que fueron objeto de la confesión y reconocimiento de culpabilidad".</p> <p> Por las razones expuestas Mesa pidió al director ejecutivo de la AEMP dejar sin efecto su desistimiento de la acusación particular, impugnar la resolución judicial de absolución y continuar con la acusación particular y con el proceso penal y <strong>"adoptar todas las medidas judiciales convenientes para que David Moscoso, Allan Fosk y los restantes coprocesados reparen el daño económico causado al Estado en la parte que les corresponde".</strong></p>

El expresidente de Bolivia y actual vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, afirmó hoy que la decisión del Laudo Arbitral del caso Quiborax no obliga a Bolivia a extinguir ningún proceso penal relacionado al arbitraje y lamentó el desistimiento de la acusación particular de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) contra Allan Fosk por falsificación.

El expresidente de Bolivia y actual vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, afirmó hoy que la decisión del Laudo Arbitral del caso Quiborax no obliga a Bolivia a extinguir ningún proceso penal relacionado al arbitraje y lamentó el desistimiento de la acusación particular de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) contra Allan Fosk por falsificación.