UE y Bolivia firmaron un acuerdo que incluía la reforma judicial en 2014
Desde 2013, la administración de Evo Morales tuvo varios contactos con representantes de la Unión Europea (UE) para considerar el apoyo en diferentes áreas entre ellas “la reforma a la justicia”, pese a que en pasados días el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, indicó que los recursos económicos sólo eran una oferta del organismo multilateral europeo y que no fue concretada. La suscripción de un convenio desmiente a la autoridad en sentido que era sólo una oferta, toda vez que se firmó el Programa Plurianual 2014-2016, en el que se establece apoyo económico a las reformas a la justicia.
El acuerdo fue firmado en noviembre de 2014 en Bruselas, sede la UE, por el entonces canciller de Bolivia, David Choquehuanca, junto a la entonces ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro Hinojosa; el emisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, y la alta comisionada de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini.
“Varios programas estarán relacionados con la implementación de esta cooperación como el acceso al agua potable y riego, la educación, el medio ambiente, la justicia o la lucha contra el narcotráfico”, explicó en la oportunidad Choquehuanca al señalar que el trabajo será efectuado por los diferentes ministerios.
Por este convenio, enmarcado en el acuerdo de cooperación para el periodo 2014-2020, Bolivia recibe una cooperación con un presupuesto de 281 millones de euros (365 millones de dólares) destinados a apoyar “la reforma de la justicia, la lucha contra el narcotráfico, el manejo integral del agua y promover el fortalecimiento de la sociedad civil”.
Los ejes de acción de la cooperación bilateral son acordados con el Gobierno de Bolivia y plasmados en Programas Indicativos Multianuales (MIP): reforma de la justicia y lucha contra la corrupción, lucha contra el tráfico ilícito de drogas, agua, saneamiento y manejo de recursos naturales.
En el programa multianual se establece que para la reforma planificada del sistema de justicia, la delegación de la UE propone, junto con los socios europeos, participar políticamente y la cooperación con instrumentos para apoyar el proceso de reforma que apunta a fortalecer el sector de justicia independiente y mejorar el proceso democrático en el país. Así también la Constitución y la legislación proporciona un marco de doble vía para la justicia en Bolivia, que comprende sistemas judiciales ordinarios e indígenas.
De acuerdo con el documento, el aporte inicial era de 15 millones de euros, pero que fue subiendo debido a que no avanzaba el proyecto.
En entrevista con Los Tiempos, el embajador de la UE en Bolivia, León de la Torre Krais, reveló que el país perdió un apoyo económico de 30 millones de euros para la reforma a la justicia, debido a que el Ejecutivo no presentó un plan estructural tal cual se acordó.
Sin embargo, el viceministro Diego Jiménez dijo el miércoles que “estos recursos que la Unión Europea habría ofrecido, en el marco de la reforma, nunca lograron un acuerdo definitivo, nunca se consolidaron, siempre fue una intención sobre la cual se trabajó”.
Jiménez aseguró que “nunca hubo un acuerdo” con la UE para justicia; los documentos lo desmienten.
BOLIVIA TUVO AL MENOS DOS REUNIONES CON LA UE
El 17 de febrero de 2017 una delegación del Estado Plurinacional de Bolivia de Alto Nivel encabezada por el canciller Fernando Huanacuni; el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce; la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, y el Ministro de Medio Ambiente y Agua, René Ortuño, inició la sexta reunión de Diálogo de Alto Nivel entre Bolivia y la UE para ver temas de cooperación.
Refiriéndose al sistema de justicia boliviano, el ministro Arce señaló que “es la herencia más colonial que Bolivia ha tenido”. Agregó que los cuatro principales rasgos que hoy asedian el sistema de justicia son “la corrupción y falta de transparencia, la retardación de justicia, la falta de acceso al sistema de justicia y la instrumentalización”.
Una parte del convenio de Bolivia con la UE. credito
