La banca advierte que el nuevo diferimiento traerá más crisis económica
Las entidades financieras del país deploraron el diferimiento del pago de créditos hasta el 31 de diciembre y calificaron la medida aprobada el miércoles por el Senado de “política” y “electoral”, además de que puede traer más crisis económica al país.
Así lo expresaron la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
“La ley ha sido sancionada con criterios políticos y electorales de corto plazo, sin tomar en cuenta el ordenamiento jurídico y constitucional, ni sus potenciales efectos”, dicen las entidades en comunicado.
Según el pronunciamiento, la determinación ampliará la crisis sanitaria y económica, la que, a su vez, pondrá en riesgo no sólo al sistema financiero nacional, sino también a la economía de las empresas y personas, quienes tendrán ahora, más que nunca, necesidades de apoyo financiero para superar la crisis en la que se está sumiendo a nuestro país”
“Las empresas y personas no sólo requieren del diferimiento de cuotas, sino de reprogramaciones, refinanciación y la inyección de nuevos recursos para reactivar sus actividades económicas, lo que se logra recuperando préstamos de quienes cuentan con capacidad de pagar, y destinando esos recursos hacia quienes han visto afectada su capacidad en esta coyuntura”, explican en comunicado.
Las entidades firmantes convocan a las autoridades nacionales a “evaluar responsablemente” el impacto de esta ley y a actuar deponiendo “otros intereses”.
El Gobierno no se ha pronunciado sobre el tema en los últimos dos días, aunque antes señaló que pondrá en riesgo la estabilidad del sistema financiero, y calificó la iniciativa de “imprudente” y “demagógica”, porque tendría efectos negativos en el sistema financiero nacional.
Durante la cuarentena, el Gobierno estableció en marzo pasado un diferimiento en el pago de créditos válidos por los meses de marzo, abril y mayo. Como existía confusión en el plazo máximo de seis meses, se optó por otorgar otros tres meses, junio, julio y agosto, para los asalariados, los que perdieron su trabajo o hubieran sido afectados con reducción de sueldos. La nueva norma (proyecto de ley 720/2019) establece diferimiento hasta el 31 de diciembre “sin distinción de prestatarios”.
El Ejecutivo tiene 10 días para revisar la norma y promulgarla o rechazarla.
