<p class="rtejustify"> Las entidades financieras del país deploraron el diferimiento del pago de créditos hasta el 31 de diciembre y calificaron la medida aprobada el miércoles por el Senado de “política” y “electoral”, además de que puede traer más crisis económica al país.</p> <p class="rtejustify"> Así lo expresaron la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y las Cooperativas de Ahorro y Crédito.</p> <p class="rtejustify"> “La ley ha sido sancionada con criterios políticos y electorales de corto plazo, sin tomar en cuenta el ordenamiento jurídico y constitucional, ni sus potenciales efectos”, dicen las entidades en comunicado.</p> <p class="rtejustify"> Según el pronunciamiento, la determinación ampliará la crisis sanitaria y económica, la que, a su vez, pondrá en riesgo no sólo al sistema financiero nacional, sino también a la economía de las empresas y personas, quienes tendrán ahora, más que nunca, necesidades de apoyo financiero para superar la crisis en la que se está sumiendo a nuestro país”</p> <p class="rtejustify"> “Las empresas y personas no sólo requieren del diferimiento de cuotas, sino de reprogramaciones, refinanciación y la inyección de nuevos recursos para reactivar sus actividades económicas, lo que se logra recuperando préstamos de quienes cuentan con capacidad de pagar, y destinando esos recursos hacia quienes han visto afectada su capacidad en esta coyuntura”, explican en comunicado.</p> <p class="rtejustify"> Las entidades firmantes convocan a las autoridades nacionales a “evaluar responsablemente” el impacto de esta ley y a actuar deponiendo “otros intereses”.</p> <p class="rtejustify"> El Gobierno no se ha pronunciado sobre el tema en los últimos dos días, aunque antes señaló que pondrá en riesgo la estabilidad del sistema financiero, y calificó la iniciativa de “imprudente” y “demagógica”, porque tendría efectos negativos en el sistema financiero nacional.</p> <p class="rtejustify"> Durante la cuarentena, el Gobierno estableció en marzo pasado un diferimiento en el pago de créditos válidos por los meses de marzo, abril y mayo. Como existía confusión en el plazo máximo de seis meses, se optó por otorgar otros tres meses, junio, julio y agosto, para los asalariados, los que perdieron su trabajo o hubieran sido afectados con reducción de sueldos. La nueva norma (proyecto de ley 720/2019) establece diferimiento hasta el 31 de diciembre “sin distinción de prestatarios”.</p> <p class="rtejustify"> El Ejecutivo tiene 10 días para revisar la norma y promulgarla o rechazarla.</p>

<p class="rtejustify"> Las entidades financieras del país deploraron el diferimiento del pago de créditos hasta el 31 de diciembre y calificaron la medida aprobada el miércoles por el Senado de “política” y “electoral”, además de que puede traer más crisis económica al país.</p> <p class="rtejustify"> Así lo expresaron la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y las Cooperativas de Ahorro y Crédito.</p> <p class="rtejustify"> “La ley ha sido sancionada con criterios políticos y electorales de corto plazo, sin tomar en cuenta el ordenamiento jurídico y constitucional, ni sus potenciales efectos”, dicen las entidades en comunicado.</p> <p class="rtejustify"> Según el pronunciamiento, la determinación ampliará la crisis sanitaria y económica, la que, a su vez, pondrá en riesgo no sólo al sistema financiero nacional, sino también a la economía de las empresas y personas, quienes tendrán ahora, más que nunca, necesidades de apoyo financiero para superar la crisis en la que se está sumiendo a nuestro país”</p> <p class="rtejustify"> “Las empresas y personas no sólo requieren del diferimiento de cuotas, sino de reprogramaciones, refinanciación y la inyección de nuevos recursos para reactivar sus actividades económicas, lo que se logra recuperando préstamos de quienes cuentan con capacidad de pagar, y destinando esos recursos hacia quienes han visto afectada su capacidad en esta coyuntura”, explican en comunicado.</p> <p class="rtejustify"> Las entidades firmantes convocan a las autoridades nacionales a “evaluar responsablemente” el impacto de esta ley y a actuar deponiendo “otros intereses”.</p> <p class="rtejustify"> El Gobierno no se ha pronunciado sobre el tema en los últimos dos días, aunque antes señaló que pondrá en riesgo la estabilidad del sistema financiero, y calificó la iniciativa de “imprudente” y “demagógica”, porque tendría efectos negativos en el sistema financiero nacional.</p> <p class="rtejustify"> Durante la cuarentena, el Gobierno estableció en marzo pasado un diferimiento en el pago de créditos válidos por los meses de marzo, abril y mayo. Como existía confusión en el plazo máximo de seis meses, se optó por otorgar otros tres meses, junio, julio y agosto, para los asalariados, los que perdieron su trabajo o hubieran sido afectados con reducción de sueldos. La nueva norma (proyecto de ley 720/2019) establece diferimiento hasta el 31 de diciembre “sin distinción de prestatarios”.</p> <p class="rtejustify"> El Ejecutivo tiene 10 días para revisar la norma y promulgarla o rechazarla.</p>

Las entidades financieras del país deploraron el diferimiento del pago de créditos hasta el 31 de diciembre y calificaron la medida aprobada el miércoles por el Senado de “política” y “electoral”, además de que puede traer más crisis económica al país.

Las entidades financieras del país deploraron el diferimiento del pago de créditos hasta el 31 de diciembre y calificaron la medida aprobada el miércoles por el Senado de “política” y “electoral”, además de que puede traer más crisis económica al país.