Gobierno abroga seis Decretos Supremos de Áñez por considerarlos "neoliberales"

El Gobierno del presidente Luis Arce Catacora abrogó seis Decretos Supremos (DS) y artículos específicos de otra norma, aprobados por la exmandataria Jeanine Áñez, porque consideró que los mismos estaban direccionados hacia un modelo económico neoliberal. Los nuevos DS 4416 y 4417 publicados hoy en la Gaceta oficial del Estado establecen la medida.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó este jueves que los decretos supremos abrogados son el 4272, 4198, 4211, 4298, 4139, 4181, y se derogaron artículos específicos del 4339 y, en compensación, se emitieron dos nuevos decretos con la finalidad normalizar y tener un orden legal en la aplicación de próximas normas.

"Entonces con estas medidas se van desmontando la aplicación de un conjunto de normativas, no bien fundamentadas, sin recursos y que además tenían errores en su diseño y su implementación. Ese es el sentido de haberlos convocado, para ya desmontar la aplicación del modelo neoliberal que se está montando", sostuvo Montenegro en conferencia de prensa.

Abrogación de decretos

Montenegro señaló que se abrogó el Decreto Supremo (DS) 4272 porque mantenía un conjunto de políticas y medidas orientadas a ajustes administrativos de disciplina fiscal en el sector público a efectos de la pandemia del coronavirus (Covid-19) y no tenía recursos económicos disponibles para su ejecución. El referido DS planteaba el plan nacional de reactivación del empleo.

Explicó que también se abrogaron los DS 4198,4211 y 4298 ya que establecían una serie de medidas tributarias basadas en la urgencia y temporalidad del brote del coronavirus y que le significaban al erario nacional un sacrificio fiscal muy grande. El DS 4198 planteaba "medidas tributarias de urgencia y temporales", en relación al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT).

"Por ejemplo, el diferimiento del IUE, aplicado para los conceptos de acreditación de la IUE por el pago del IT, reduciendo el IVA, por 113 millones, a la fecha se estima que ya nos ha generado un sacrificio fiscal de 160 millones de bolivianos al mes de noviembre", explicó,

Asimismo, manifestó que el nuevo diferimiento del pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), a diciembre del 2020, generó actualmente una deuda tributaria de Bs 1.594 millones y para él esa sería una de las explicaciones del déficit fiscal en el país.

Respecto del DS 4211 aseveró que se estableció un diferimiento temporal en el gravamen arancelario para la importación de trigo lo cual también sería negativo.

En relación al Decreto Supremo 4298, afirmó que con esta norma se preveía insertar incentivos tributarios para la reactivación económica, pero hasta el momento no tuvo ningún impacto significativo en la activación de la económica del país.

"Al respecto, ha generado una acreditación de 50% de aportes patronales en pago en cuenta del IVA, y ha significado un sacrificio fiscal de 160 millones de bolivianos", expresó.

Sobre el Decreto Supremo 4139, apuntó que no garantizaba el normal abastecimiento de productos alimenticios básicos porque privilegiaba exportaciones de grandes empresas. Recordó que la política social implementada, en los casi 14 años de gobierno del expresidente Evo Morales, era mantener la seguridad alimentaria y el abastecimiento oportuno de la demanda interna.

Sobre la abrogación del DS 4181 dijo: "Aquí había una suerte de un esquema de beneficios en términos de plazos de pagos para el porcentaje y la devolución del gravamen arancelario que sólo pretendía beneficiar a las grandes empresas exportadoras y también en las importadoras".

Un Decreto derogado

Al referirse al DS 4339, que tiene que ver con la ventanilla única sobre comercio exterior, manifestó que en el fondo fue una norma elaborada de manera improvisada y sin coordinación con las entidades involucradas y es por eso que se derogaron algunos artículos.

Durante el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez se emitieron varias normas desde el Órgano Ejecutivo producto de la pandemia del coronavirus y durante los últimos meses de gestión estaban direccionadas a la reactivación económica.