<p class="rtejustify"> Activistas y juristas consideran que la violencia contra la mujer es un delito de orden público, por lo que cuestionan al ministro de Justicia, IvánLima, &nbsp;por plantear en la reforma de la Ley 348 que sea la víctima la que determine si el agresor es procesado por la vía penal o la conciliación. Insisten en la prohibición de esta figura de arreglo, además de que el Estado elude su responsabilidad y la falta de efectividad para prevenir y sancionar la violencia.</p> <p class="rtejustify"> “Insistimos en que se continúe con la prohibición de la conciliación(...) Las mujeres que sufren violencia están sometidas a una alta presión social, hay un ejercicio de poder, no podemos desconocer &nbsp;que las mujeres están en una situación de desventaja en relación a sus agresores, más allá de todo el Estado siendo la violencia contra las mujeres un delito de orden público, debe continuar con el proceso”, señala Mónica Novillo de la Coordinadora de la Mujer.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Deslindar</strong></p> <p class="rtejustify"> El abogado Paul Antonio Coca a su vez refiere que el ministro Lima no puede pretender con estas modificaciones que sea la “misma mujer la que decida en un caso de violencia, dejar la carga a la propia víctima”.</p> <p class="rtejustify"> “No es posible que una mujer concilie con su agresor, pero resulta que esta es la salida más fácil, la salida donde el Estado se lava las manos y deja que en cada casa, prácticamente en cada hogar, lo que ocurra se quede ahí”, sostiene.</p> <p class="rtejustify"> El titular de Justicia plantea que las mujeres agredidas por sus parejas sean las que decidan si los agresores van a la vía penal o a la conciliación, y que esta es una tendencia en la región.</p> <p class="rtejustify"> “Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, en un Gobierno que habla de luchar contra el machismo y patriarcado, no hay una sociedad en que no debería tolerar que un hombre golpee a una mujer, no podemos estar con una situación en que un Ministro quiera proponer una normativa de carácter absolutamente ambigua”, señala.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Garantía</strong></p> <p class="rtejustify"> En ese contexto, Novillo manifestó que es necesario dar la protección necesaria y que debe ser brindada por el Estado a las mujeres que denuncien maltratos y agresiones.</p> <p class="rtejustify"> “El Estado debe garantizar a las mujeres protección y restauración de sus derechos en caso de la violación de sus derechos, el acceso a la justicia y que los hechos violentos se sancionen adecuadamente”, indicó. Cabe señalar que la expresión más extrema de la violencia contra la mujer es el feminicidio.</p> <p class="rtejustify"> Sobre las nuevas tendencias a nivel regional que refiere el ministro Lima, la responsable de la Coordinadora de la Mujer manifestó que ‘“se trata de plantear algunas salidas que no sean necesariamente en lo penal”.</p> <p class="rtejustify"> “Pero eso no significa que el Estado deslinde su responsabilidad y deje de asumir la protección de las mujeres como víctimas, más aún en el contexto boliviano en el que la protección y garantía de los derechos de las mujeres se contempla en la Constitución Política del Estado”, sostuvo.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>Tres aspectos para enfrentar violencia</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El abogado Paul Antonio Coca señala que es necesario enfrentar desde tres aspectos para garantizar a la mujer una vida libre de violencia.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “Deben hacerse tres cosas: concientización ciudadana que eso tiene efectos a corto, mediano y largo plazo hasta el momento eso no ha ido muy bien, es necesario que los municipios fortalezcan los sistemas integrales de protección a la mujer, porque muchas veces la mujer agredida no tiene donde ir, entonces no hay casas de acogida en muchos municipios, además no puede darse el criterio de que una mujer concilie con su propio agresor por más que sea su marido, no puede darse. Entonces, deberíamos endurecer las normas, pero en base a los dos puntos que decía, dar a la mujer protección, lugar &nbsp;de acogida, encontrar una fuente de trabajo temporal donde se valga por ella misma”, señala.</p>

<p class="rtejustify"> Activistas y juristas consideran que la violencia contra la mujer es un delito de orden público, por lo que cuestionan al ministro de Justicia, IvánLima,  por plantear en la reforma de la Ley 348 que sea la víctima la que determine si el agresor es procesado por la vía penal o la conciliación. Insisten en la prohibición de esta figura de arreglo, además de que el Estado elude su responsabilidad y la falta de efectividad para prevenir y sancionar la violencia.</p> <p class="rtejustify"> “Insistimos en que se continúe con la prohibición de la conciliación(...) Las mujeres que sufren violencia están sometidas a una alta presión social, hay un ejercicio de poder, no podemos desconocer  que las mujeres están en una situación de desventaja en relación a sus agresores, más allá de todo el Estado siendo la violencia contra las mujeres un delito de orden público, debe continuar con el proceso”, señala Mónica Novillo de la Coordinadora de la Mujer.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Deslindar</strong></p> <p class="rtejustify"> El abogado Paul Antonio Coca a su vez refiere que el ministro Lima no puede pretender con estas modificaciones que sea la “misma mujer la que decida en un caso de violencia, dejar la carga a la propia víctima”.</p> <p class="rtejustify"> “No es posible que una mujer concilie con su agresor, pero resulta que esta es la salida más fácil, la salida donde el Estado se lava las manos y deja que en cada casa, prácticamente en cada hogar, lo que ocurra se quede ahí”, sostiene.</p> <p class="rtejustify"> El titular de Justicia plantea que las mujeres agredidas por sus parejas sean las que decidan si los agresores van a la vía penal o a la conciliación, y que esta es una tendencia en la región.</p> <p class="rtejustify"> “Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, en un Gobierno que habla de luchar contra el machismo y patriarcado, no hay una sociedad en que no debería tolerar que un hombre golpee a una mujer, no podemos estar con una situación en que un Ministro quiera proponer una normativa de carácter absolutamente ambigua”, señala.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Garantía</strong></p> <p class="rtejustify"> En ese contexto, Novillo manifestó que es necesario dar la protección necesaria y que debe ser brindada por el Estado a las mujeres que denuncien maltratos y agresiones.</p> <p class="rtejustify"> “El Estado debe garantizar a las mujeres protección y restauración de sus derechos en caso de la violación de sus derechos, el acceso a la justicia y que los hechos violentos se sancionen adecuadamente”, indicó. Cabe señalar que la expresión más extrema de la violencia contra la mujer es el feminicidio.</p> <p class="rtejustify"> Sobre las nuevas tendencias a nivel regional que refiere el ministro Lima, la responsable de la Coordinadora de la Mujer manifestó que ‘“se trata de plantear algunas salidas que no sean necesariamente en lo penal”.</p> <p class="rtejustify"> “Pero eso no significa que el Estado deslinde su responsabilidad y deje de asumir la protección de las mujeres como víctimas, más aún en el contexto boliviano en el que la protección y garantía de los derechos de las mujeres se contempla en la Constitución Política del Estado”, sostuvo.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>Tres aspectos para enfrentar violencia</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El abogado Paul Antonio Coca señala que es necesario enfrentar desde tres aspectos para garantizar a la mujer una vida libre de violencia.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “Deben hacerse tres cosas: concientización ciudadana que eso tiene efectos a corto, mediano y largo plazo hasta el momento eso no ha ido muy bien, es necesario que los municipios fortalezcan los sistemas integrales de protección a la mujer, porque muchas veces la mujer agredida no tiene donde ir, entonces no hay casas de acogida en muchos municipios, además no puede darse el criterio de que una mujer concilie con su propio agresor por más que sea su marido, no puede darse. Entonces, deberíamos endurecer las normas, pero en base a los dos puntos que decía, dar a la mujer protección, lugar  de acogida, encontrar una fuente de trabajo temporal donde se valga por ella misma”, señala.</p>

Activistas y juristas consideran que la violencia contra la mujer es un delito de orden público, por lo que cuestionan al ministro de Justicia, IvánLima,  por plantear en la reforma de la Ley 348 que sea la víctima la que determine si el agresor es procesado por la vía penal o la conciliación. Insisten en la prohibición de esta figura de arreglo, además de que el Estado elude su responsabilidad y la falta de efectividad para prevenir y sancionar la violencia.

Activistas y juristas consideran que la violencia contra la mujer es un delito de orden público, por lo que cuestionan al ministro de Justicia, IvánLima,  por plantear en la reforma de la Ley 348 que sea la víctima la que determine si el agresor es procesado por la vía penal o la conciliación. Insisten en la prohibición de esta figura de arreglo, además de que el Estado elude su responsabilidad y la falta de efectividad para prevenir y sancionar la violencia.

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<p class="rtejustify"> El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que se está trabajando un proyecto de ley de acceso a la información pública y que se espera tener un texto listo para su socialización este mes de febrero.</p> <p class="rtejustify"> Destacó el tema considerando que el acceso a la información pública es un tema importante no sólo en tiempos de pandemia, sino también para la democracia.</p> <p class="rtejustify"> Lima informó a la red Erbol que el 29 de enero el Ministerio de Justicia ha presentado un texto a consideración del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, que está conformado también por el Ministerio de Gobierno, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).</p> <p class="rtejustify"> Dicho Consejo debe hacer llegar al Ministerio de Justicia sus observaciones al respecto y, a partir de esa fecha, se tendrá otros cinco días para concluir un anteproyecto de ley y remitirlo a las instancias correspondientes.</p> <p class="rtejustify"> “Ya esperemos que este mes se vuelva anteproyecto y podamos ya difundirlo a nivel social y con ustedes (medios de comunicación) de la ley de acceso a la información pública”, destacó el Ministro.</p> <p class="rtejustify"> Manifestó que el derecho a la información es un derecho de los ciudadanos y que el mismo sólo puede estar restringido de manera temporal, nunca definitiva, en casos de seguridad nacional o de defensa de los intereses del país.</p> <p class="rtejustify"> Lima manifestó su intención de trabajar mancomunadamente con todos los sectores de la población, como medios de comunicación, para tener una ley de acceso a la información pública.</p> <p class="rtejustify"> Agregó que el texto también debe pasar el análisis de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, para ver su factibilidad en el tema financiero, pero además debe ser considerado por el Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Escepticismo</strong></p> <p class="rtejustify"> La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que representa a los principales diarios bolivianos, destacó el interés del Ministerio de Justicia por promover un proyecto de ley de acceso a la información, pero señala que, más allá de una norma, es fundamental que los ciudadanos conozcan el ejercicio de su derecho a saber cómo se administra el dinero público y se haga transparente la gestión de los funcionarios en la administración central, departamental y municipal.</p> <p class="rtejustify"> El director ejecutivo de la ANP, Franz Chávez, expresó que está en vigencia el Decreto 28168, desde el año 2005, pero desde entonces a la fecha, en la práctica no se ha reflejado en acciones de transparencia de los funcionarios esa norma; éstos conservan la información de interés público con excesivo celo, sin dar lugar al esperado libre acceso.</p>

<p class="rtejustify"> El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que se está trabajando un proyecto de ley de acceso a la información pública y que se espera tener un texto listo para su socialización este mes de febrero.</p> <p class="rtejustify"> Destacó el tema considerando que el acceso a la información pública es un tema importante no sólo en tiempos de pandemia, sino también para la democracia.</p> <p class="rtejustify"> Lima informó a la red Erbol que el 29 de enero el Ministerio de Justicia ha presentado un texto a consideración del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, que está conformado también por el Ministerio de Gobierno, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).</p> <p class="rtejustify"> Dicho Consejo debe hacer llegar al Ministerio de Justicia sus observaciones al respecto y, a partir de esa fecha, se tendrá otros cinco días para concluir un anteproyecto de ley y remitirlo a las instancias correspondientes.</p> <p class="rtejustify"> “Ya esperemos que este mes se vuelva anteproyecto y podamos ya difundirlo a nivel social y con ustedes (medios de comunicación) de la ley de acceso a la información pública”, destacó el Ministro.</p> <p class="rtejustify"> Manifestó que el derecho a la información es un derecho de los ciudadanos y que el mismo sólo puede estar restringido de manera temporal, nunca definitiva, en casos de seguridad nacional o de defensa de los intereses del país.</p> <p class="rtejustify"> Lima manifestó su intención de trabajar mancomunadamente con todos los sectores de la población, como medios de comunicación, para tener una ley de acceso a la información pública.</p> <p class="rtejustify"> Agregó que el texto también debe pasar el análisis de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, para ver su factibilidad en el tema financiero, pero además debe ser considerado por el Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Escepticismo</strong></p> <p class="rtejustify"> La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que representa a los principales diarios bolivianos, destacó el interés del Ministerio de Justicia por promover un proyecto de ley de acceso a la información, pero señala que, más allá de una norma, es fundamental que los ciudadanos conozcan el ejercicio de su derecho a saber cómo se administra el dinero público y se haga transparente la gestión de los funcionarios en la administración central, departamental y municipal.</p> <p class="rtejustify"> El director ejecutivo de la ANP, Franz Chávez, expresó que está en vigencia el Decreto 28168, desde el año 2005, pero desde entonces a la fecha, en la práctica no se ha reflejado en acciones de transparencia de los funcionarios esa norma; éstos conservan la información de interés público con excesivo celo, sin dar lugar al esperado libre acceso.</p>

La ANP le recuerda el Gobierno que desde 2005 no se ha reflejado en acciones la transparentación de la información,

La ANP le recuerda el Gobierno que desde 2005 no se ha reflejado en acciones la transparentación de la información,