<p class="rtejustify"> La aprehensión del exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, luego de recibir 20 mil dólares para favorecer en el saneamiento de tierras a ciertos grupos del municipio de San Ramón, es una muestra del creciente tráfico de tierras en el país, un ilícito que, según expertos, se agravó en los últimos diez años.<br> Las críticas están dirigidas al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), donde supuestamente se blanquea el tráfico de tierras como procesos de saneamiento y titulación. No obstante, Eulogio Núñez, actual director de esta entidad, dijo que no se tolerarán irregularidades.<br> Gonzalo Colque, director de Fundación Tierra, afirma que el proceso de saneamiento y titulación de tierras se ha convertido en un mecanismo de corrupción y prebenda política y económica. Por ello, menciona que en los últimos diez años todas las autoridades al frente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras han tenido algún proceso o denuncia de irregularidades.<br> “Este Ministerio se ha convertido en una cartera donde se reparte, por favores políticos y económicos, la tierra”, señala el investigador y menciona que la tierra fiscal se ha vuelto en una moneda de pago al apoyo político, fundamentalmente en el Movimiento Al Socialismo (MAS).<br> El exdiputado Víctor Hugo Velasco, con amplio conocimiento de temas agrarios, coincide en que el caso de Characayo confirma el tráfico de tierra se gesta desde el Gobierno nacional, aunque esto no ocurre solamente en la gestión de Luis Arce, sino también en la de Jeanine Áñez y Evo Morales.<br> “El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, especialmente el INRA, ha sido el blanco de la corrupción en la mayoría de los gobiernos”, dijo. Agregó que el tráfico de tierras se da con mayor frecuencia en las provincias cruceñas de Ñuflo de Chávez, Chiquitos, Miguel de Velasco, Ángel Sandoval y Germán Busch.<br> Afirma que no sería extraño que parlamentarios y otras autoridades de alto nivel, así como dirigentes del partido de Gobierno que no se encuentran en función pública, estuvieran involucrados a modo de intermediarios en casos de tráfico de tierra y madera.<br> Por ello, sugiere una investigación profunda al INRA, acompañada de un cambio de personal para prescindir de funcionarios que, al ser colocados por un componente político, coadyuvan a los hechos de corrupción.&nbsp;<br> Postura del INRA<br> En medio de las críticas, Núñez aseguró ayer que esta institución no tolerará hechos irregulares. Envió este mensaje tanto a los funcionarios públicos como a los sectores de la sociedad civil que demandan los servicios del INRA.<br> Indicó que esta institución cuenta con un equipo con amplia experiencia y capacidad técnica y operativa para responder a las demandas de los diferentes sectores rurales, pero también para afrontar “de manera decidida los hechos irregulares” que pudieran ocurrir.</p> <p class="rtejustify"> <strong><span style="font-size:18px;">Casos de corrupción en el Ministerio de Desarrollo Rural en los últimos años</span></strong></p> <p class="rtejustify"> <strong>Salvatierra y el caso de los tractores</strong><br> El año 2008, el exministro de Desarrollo Rural Agropecuario Hugo Salvatierra fue denunciado por irregularidades en la entrega de doce tractores a una población cruceña que había sido afecta por un desastre natural; sin embargo, las maquinarias no llegaron a los beneficiarios. Ello significó un daño económico al Estado de 581 mil bolivianos.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Desfalco al Fondioc implica a Achacollo</strong><br> En febrero de 2015, el entonces contralor general del Estado, Gabriel Herbas, reveló un daño económico de 71 millones de bolivianos por 153 proyectos inconclusos y fantasmas que recibieron recursos del Fondo Indígena. La exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo fue a prisión en 2016 luego de ser incluida en la investigación.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>Cocarico, ligado a estafa a menonitas</strong><br> A finales de 2018, el entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, fue vinculado por la oposición a un caso de estafa de al menos 600 mil dólares a familias menonitas a quienes se les prometió saneamiento de tierras. Rogelio Cocarico, hermano y supuestamente testaferro de la exautoridad, fue enviado a prisión por este caso.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Marinkovic, ligado a denuncia de ONG</strong><br> La Fundación Tierra denunció en noviembre de 2020 la dotación irregular de 33.480 hectáreas de tierra en Santa Cruz a favor del exministro de Economía Branko Marinkovic. La familia de la exautoridad negó la denuncia y aseguró que la titulación tardó 10 años con el procedimiento respectivo. Dijo que el exministro no forma parte de los accionistas.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Cáceres, destituido por nepotismo</strong><br> En noviembre de 2020, el entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, fue cesado del cargo al ser denunciado por un caso de nepotismo, ya que designó como su jefa de Gabinete a Fabiola Gutiérrez, con quien mantenía una relación. En agosto, cuando Cáceres era dirigente de los Interculturales, citó a Gutiérrez como su esposa.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Caso de coima alejó a Characayo</strong><br> El exministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo fue sorprendido el pasado miércoles recibiendo 20 mil dólares para favorecer el saneamiento de predios en San Ramón. Según datos de la Policía, la exautoridad y sus colaboradores iban a cobrar un total de 380 mil dólares por el saneamiento.</p> <p> <br> &nbsp;</p>

<p class="rtejustify"> La aprehensión del exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, luego de recibir 20 mil dólares para favorecer en el saneamiento de tierras a ciertos grupos del municipio de San Ramón, es una muestra del creciente tráfico de tierras en el país, un ilícito que, según expertos, se agravó en los últimos diez años.<br /><br /> Las críticas están dirigidas al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), donde supuestamente se blanquea el tráfico de tierras como procesos de saneamiento y titulación. No obstante, Eulogio Núñez, actual director de esta entidad, dijo que no se tolerarán irregularidades.<br /><br /> Gonzalo Colque, director de Fundación Tierra, afirma que el proceso de saneamiento y titulación de tierras se ha convertido en un mecanismo de corrupción y prebenda política y económica. Por ello, menciona que en los últimos diez años todas las autoridades al frente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras han tenido algún proceso o denuncia de irregularidades.<br /><br /> “Este Ministerio se ha convertido en una cartera donde se reparte, por favores políticos y económicos, la tierra”, señala el investigador y menciona que la tierra fiscal se ha vuelto en una moneda de pago al apoyo político, fundamentalmente en el Movimiento Al Socialismo (MAS).<br /><br /> El exdiputado Víctor Hugo Velasco, con amplio conocimiento de temas agrarios, coincide en que el caso de Characayo confirma el tráfico de tierra se gesta desde el Gobierno nacional, aunque esto no ocurre solamente en la gestión de Luis Arce, sino también en la de Jeanine Áñez y Evo Morales.<br /><br /> “El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, especialmente el INRA, ha sido el blanco de la corrupción en la mayoría de los gobiernos”, dijo. Agregó que el tráfico de tierras se da con mayor frecuencia en las provincias cruceñas de Ñuflo de Chávez, Chiquitos, Miguel de Velasco, Ángel Sandoval y Germán Busch.<br /><br /> Afirma que no sería extraño que parlamentarios y otras autoridades de alto nivel, así como dirigentes del partido de Gobierno que no se encuentran en función pública, estuvieran involucrados a modo de intermediarios en casos de tráfico de tierra y madera.<br /><br /> Por ello, sugiere una investigación profunda al INRA, acompañada de un cambio de personal para prescindir de funcionarios que, al ser colocados por un componente político, coadyuvan a los hechos de corrupción. <br /><br /> Postura del INRA<br /><br /> En medio de las críticas, Núñez aseguró ayer que esta institución no tolerará hechos irregulares. Envió este mensaje tanto a los funcionarios públicos como a los sectores de la sociedad civil que demandan los servicios del INRA.<br /><br /> Indicó que esta institución cuenta con un equipo con amplia experiencia y capacidad técnica y operativa para responder a las demandas de los diferentes sectores rurales, pero también para afrontar “de manera decidida los hechos irregulares” que pudieran ocurrir.</p> <p class="rtejustify"> <strong><span style="font-size:18px;">Casos de corrupción en el Ministerio de Desarrollo Rural en los últimos años</span></strong></p> <p class="rtejustify"> <strong>Salvatierra y el caso de los tractores</strong><br /><br /> El año 2008, el exministro de Desarrollo Rural Agropecuario Hugo Salvatierra fue denunciado por irregularidades en la entrega de doce tractores a una población cruceña que había sido afecta por un desastre natural; sin embargo, las maquinarias no llegaron a los beneficiarios. Ello significó un daño económico al Estado de 581 mil bolivianos.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Desfalco al Fondioc implica a Achacollo</strong><br /><br /> En febrero de 2015, el entonces contralor general del Estado, Gabriel Herbas, reveló un daño económico de 71 millones de bolivianos por 153 proyectos inconclusos y fantasmas que recibieron recursos del Fondo Indígena. La exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo fue a prisión en 2016 luego de ser incluida en la investigación. </p> <p class="rtejustify"> <strong>Cocarico, ligado a estafa a menonitas</strong><br /><br /> A finales de 2018, el entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, fue vinculado por la oposición a un caso de estafa de al menos 600 mil dólares a familias menonitas a quienes se les prometió saneamiento de tierras. Rogelio Cocarico, hermano y supuestamente testaferro de la exautoridad, fue enviado a prisión por este caso.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Marinkovic, ligado a denuncia de ONG</strong><br /><br /> La Fundación Tierra denunció en noviembre de 2020 la dotación irregular de 33.480 hectáreas de tierra en Santa Cruz a favor del exministro de Economía Branko Marinkovic. La familia de la exautoridad negó la denuncia y aseguró que la titulación tardó 10 años con el procedimiento respectivo. Dijo que el exministro no forma parte de los accionistas.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Cáceres, destituido por nepotismo</strong><br /><br /> En noviembre de 2020, el entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, fue cesado del cargo al ser denunciado por un caso de nepotismo, ya que designó como su jefa de Gabinete a Fabiola Gutiérrez, con quien mantenía una relación. En agosto, cuando Cáceres era dirigente de los Interculturales, citó a Gutiérrez como su esposa.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Caso de coima alejó a Characayo</strong><br /><br /> El exministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo fue sorprendido el pasado miércoles recibiendo 20 mil dólares para favorecer el saneamiento de predios en San Ramón. Según datos de la Policía, la exautoridad y sus colaboradores iban a cobrar un total de 380 mil dólares por el saneamiento.</p> <p> <br /><br />  </p>

Gonzalo Colque, director de Fundación Tierra, afirma que el proceso de saneamiento y titulación de tierras se ha convertido en un mecanismo de corrupción y prebenda política y económica.

Gonzalo Colque, director de Fundación Tierra, afirma que el proceso de saneamiento y titulación de tierras se ha convertido en un mecanismo de corrupción y prebenda política y económica.