El Gobierno pide activar sello azul contra Murillo, cuestiona resultados antidrogas de Áñez
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que inició el trámite para pedir a la Interpol que active el sello azul, con fines de extradición, en contra del exministro Arturo Murillo por cinco delitos relacionados a la protección al narcotráfico y “peces gordos”. La autoridad cuestionó los resultados antidrogas en la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez.
Del Castillo informó que la solicitud ya fue presentada al Ministerio Público en el departamento de Santa Cruz, desde donde se espera que siga su curso legal, hasta llegar a la oficina central de la Interpol, en Francia. La notificación de sello azul sirve para recopilar información adicional sobre la ubicación o actividades en relación a un delito.
“Hemos presentado varias denuncias en contra del señor Murillo, quien ha actuado en contra del derecho y de las costumbres de los bolivianos, protegiendo a peces gordos del narcotráfico y es por eso que hemos presentado una denuncia en el departamento de Santa Cruz, donde estaba el señor Lima Lobo, que nunca fue extraditado. Creemos que nuestra solicitud de activar el sello azul va a ser bien contestada en Lyon Francia, donde funcionan las oficinas centrales”, declaró a la red Uno Del Castillo.
Jesús Einar Lima Lobo, sentenciado por narcotráfico, fue extraditado a Brasil la semana pasada, después de cerca de dos años de haberse registrado la solicitud. Murillo, a través de su cuenta de Twitter, señaló en su defensa que Lima Lobo fue beneficiado por autoridades judiciales que fueron designadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Esta es la segunda vez que desde el Gobierno del MAS se presenta una solicitud de sello azul en contra de Murillo. El 3 de diciembre de 2020 se conoció que la Interpol rechazó el pedido por considerar que se trataba de una persecución política en contra de la exautoridad gubernamental. En esa ocasión, Murillo fue acusado, junto al exministro Fernando López, de corrupción en la compra con sobreprecio de equipos antimotines.
Ahora, Del Castillo expresó su confianza de que Interpol acceda al pedido de activación del sello azul porque el Gobierno considera que ningún organismo internacional debe proteger a ciudadanos que protejan a peces gordos del narcotráfico. “Estamos obrando conforme a derecho, sin ningún tipo de lineamiento político”, aclaró. Indicó que Murillo fue acusado de cometer cinco delitos, entre los que están protección al narcotráfico, concusión e incumplimiento de deberes.
Dentro de este proceso, sostuvo que el Gobierno pidió una copia legalizada del informe de un exdirector de la Interpol Bolivia, quien señaló a Murillo como quien habría instruido que no se dé curso a la extradición de Lima Lobo, bajo amenaza de ser destituido de sus funciones. Del Castillo aseguró que este documento está en el cuaderno de investigaciones que se abrió por este caso.
El Ministro de Gobierno hizo referencia al caso de Murillo luego de que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reveló el jueves que en el gobierno de Jeanine Áñez desaparecieron más de 400 kilos de droga que debían ser incinerados. Al respecto, cuestionó el hecho de que su antecesor no haya procesado a ningún policía por la pérdida de la sustancia controlada, acción que puede ser tipificada como un “volteo” de droga.
Otros aspectos que fueron cuestionados por Del Castillo son el decomiso de droga y la interdicción. Para el caso del decomiso de droga señaló que en lo que va de este año, se incautó de más droga que en el mismo tiempo de la gestión pasada. Indicó que en 2021 se decomisaron cerca de 7 toneladas de droga, cuando en 2020 se llegó a sólo a unas 2 toneladas. En este caso, hizo notar que en el gobierno de Jeanine Áñez, los narcotraficantes almacenaron droga, debido al cierre de fronteras por el coronavirus.
El otro aspecto que fue cuestionado por Del Castillo es que los dos megalaboratorios de droga que fueron desmantelados en el Parque Noel Kempff Mercado, la semana pasada, tienen una data de 12 a 13 meses de antigüedad, lo que muestra que fueron instalados en el periodo del gobierno transitorio.
