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<p class="rtejustify"> El proyecto de Ley 108 Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva viola principios constitucionales, “criminaliza o presume de criminales a todas las personas que usan la intermediación financiera” y ni qué decir a los ciudadanos que trabajan en el sector informal, según analistas. Además, que la estructura de normas que arma el Movimiento Al Socialismo (MAS) es para tener control sobre la “propiedad privada”, sin descartar el uso como instrumento de persecución contra quienes considere detractores, opositores u otros, sostiene Jaime Dunn, analista experto en finanzas.</p> <p class="rtejustify"> El documento, aprobado en Diputados y que la próxima semana será considerado en la Cámara de Senadores, generó una serie de reacciones de la oposición y sectores de la sociedad civil que consideran que el proyecto se constituye en un instrumento peligroso para los ciudadanos y más radical que la extinta Ley 1008.</p> <p class="rtejustify"> “La (Ley) 1008 queda pequeñita comparada con los peligros que significa esta ley. La 1008 era solamente para un sector, aquí como se abarca a cualquier tema de movimiento financiero, cualquier movimiento financiero es susceptible a ser investigado, o sea ya el momento que tú vas al banco sacas 100 dólares y el cajero te pregunta de dónde es la fuente de los recursos, ya desde ese instante estás siendo cuestionado, ya estás siendo susceptible de investigación, ese cajero genera un ROC, un informe que va a la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras)”, afirma Dunn.</p> <p class="rtejustify"> Cuestionó el papel del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que hizo desaparecer una sentencia constitucional que declara inconstitucional los “juicios en rebeldía”, y que ahora “uno de los principios que utiliza esta ley son los juicios en rebeldía”.</p> <p class="rtejustify"> “Desaparecen los dos tercios en el Legislativo e imponen mayoría, desaparece la sentencia constitucional, ahora esta ley elimina la reserva de fuentes. Para ejecutar esta ley aprueban que Fundempresa pase al Ejecutivo, también se promueve esto con Derechos Reales, y con esas dos movidas están concentrado el poder en el Ejecutivo para controlar una de las cosas más sagradas de cualquier ciudadano en un país que es la propiedad privada. Se crea un esquema donde se dice que la información que se va a perseguir sin necesidad de autorización judicial, va a ser confidencial”, cuestionó.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Inconstitucional</strong></p> <p class="rtejustify"> Dunn agregó que este proyecto va contra principios establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE).</p> <p class="rtejustify"> “Viola, por ejemplo, el principio constitucional de la obtención lícita de la prueba, hoy en día si alguien presenta una prueba que ha sido recabada de manera ilícita no sirve, pero en el caso de esta ley sí sirve, más bien promueve los allanamientos sin orden judicial”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> Agregó que en el sector informal habrá “serios problemas por la forma como se está manejando esta ley (...), aquel informal que tiene su tienda en la Eloy Salmón le van a preguntar de dónde ha sacado su casa, si no tiene los recibos puede ser arrestado”. </p> <p class="rtejustify"> <strong>Proyecto será tratado la próxima seman</strong> </p> <p class="rtejustify"> El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, informó que la próxima semana se considerará el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. La Comisión de Planificación en el Seando deberá tratar el tema que es observado por distintos sectores.</p> <p class="rtejustify"> “Recién se nos pasó de Diputados y lo derivaremos a la Comisión que corresponde, eso será hasta la próxima semana”, señaló el legislador a Urgente bo.</p> <p class="rtejustify"> El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa a través de un tuit refiere que “La Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas vulnera los principios constitucionales y derechos fundamentales. Es otra arremetida del gobierno masista para imponer un Estado policial, usando a la UIF, el Ministerio de Justicia y la Procuraduría, como aparatos de represión y persecución”.</p>
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<p class="pais-pq"> Estado Plurinacional de Bolivia</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> <strong>Lengua</strong>: Castellano</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> <strong>Moneda</strong>: El Boliviano</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> Bolivia es uno de los pocos países que ha participado de todas las versiones de Juegos Suramericanos desde la primera edición, que se realizó en dicho país en 1978. En esa época, los Juegos eran denominados Cruz del Sur.</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> Una de las mejores participaciones de Bolivia fue en Colombia el 2010, consiguiendo medallas de oro en tiro al plato con los deportistas César David Menacho Flores (2 medallas de oro y 2 de bronce) y Juan Carlos Pares Gacha (1 medalla de oro y 2 de bronce).</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> En la más reciente versión de los Juegos que se llevó a cabo en Santiago 2014, Bolivia consiguió 4 medallas de bronce.</p> <p style="margin:0px 0px 10px; text-align:justify"> Deportistas destacados: Karen Torrez, Natación; Estefany Coronado, Marcha; y Rosemary Quispe, Maratón.</p>
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<p class="rtejustify"> La Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia se declaró en emergencia y anunció movilizaciones contra el proyecto de Ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.</p> <p class="rtejustify"> “La Confederación de gremiales está en emergencia por las nuevas normas. La ley de ganancias ilícitas simplemente tiene un nombre camuflado, tiene intención de sacarle plata a toda la gente. A todos los que nos dedicamos al comercio”, dijo el dirigente César Gonzales en Cochabamba.</p> <p class="rtejustify"> El dirigente aseveró que la norma va a “sancionar directamente a los comerciantes, a sacarles plata y quitarles sus enseres”.</p> <p class="rtejustify"> “Es así de claro esta norma. Rechazamos categóricamente la ley y las diferentes leyes que se tratan en el congreso.”, indicó.</p> <p class="rtejustify"> Aseveró que el lunes 27 de septiembre el sector tendrá un congreso en La Paz, donde se tomarán las determinaciones sobre las medidas de presión.</p> <p> <iframe allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="314" scrolling="no" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flostiemposbol%2Fvideos%2F626980101664935%2F&show_text=false&width=560&t=0" style="border:none;overflow:hidden" width="560"></iframe></p>
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<p class="rtejustify"> Las bancadas de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos denunciaron que el Gobierno lleva a Bolivia la imposición de un “Estado policial” y que se avanza hacia el “totalitarismo” con el proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobado en Diputados el pasado viernes.</p> <p class="rtejustify"> “La ley contra la legitimación de ganancias ilícitas vulnera principios constitucionales y derechos fundamentales. Es otra arremetida del Gobierno masista para imponer un Estado policial, usando a la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras), el Ministerio de Justicia y la Procuraduría como aparatos de represión y persecución”, escribió el líder de CC, Carlos Mesa, en su cuenta de Twitter.</p> <p class="rtejustify"> El jefe de bancada de CC en Diputados, Carlos Alarcón, dio a conocer siete cuestionamientos al documento que se encuentra en el Senado para su sanción respectiva.</p> <p class="rtejustify"> Las observaciones giran alrededor de la prohibición a evocar reserva, secreto o confidencialidad cuando la UIF solicite alguna información, algo que se cree afecta el trabajo periodístico o la participación del Ministerio de Justicia y Procuraduría que tienen “participación activa en procesos penales ya instaurados”.</p> <p class="rtejustify"> Se plantea la “subalternización” de la Fiscalía General del Estado, debido a que incluye a un miembro de esa institución en un Consejo Nacional compuesto por otros seis integrantes del Gobierno.</p> <p class="rtejustify"> “Atentados contra la libertad de prensa. De manera general elimina la confidencialidad, secreto o reserva cuando la UIF requiera información dentro del marco de sus atribuciones. En caso de que la UIF requiera información a periodistas y/o medios de comunicación estos no podrán invocar la reserva de fuente (art. 11). Impone la censura previa a los periodistas y medios de comunicación tratándose de información producida y difundida por la UIF, porque prohíbe desde su interpretación hasta su divulgación y publicación (arts. 14 II y 21)”, cuestionó.</p> <p class="rtejustify"> Además, da potestades a los fiscales para hacer anotaciones preventivas de bienes y retención de fondos antes que dicho acto se ejecute por un juez, entre otros aspectos cuestionados.</p> <p class="rtejustify"> Creemos afirma que el proyecto forma parte de una “política legislativa encaminada a violentar la libertad de expresión, libertad de asociación, económica, privacidad y secreto bancario”.</p> <p class="rtejustify"> Observó que los registros de Derechos Reales y de Comercio se constituyen en medios “para consolidar la persecución política en contra de opositores y de cualquier ciudadano que piense diferente-</p> <p class="rtejustify"> “El MAS está utilizando a la Asamblea Legislativa para consolidar una dictadura en el país. (...) Advertimos que el legislativo no puede frenar estas leyes injustas porque hoy por hoy ha sido recortado en sus derechos de eliminar los 2/3. La sociedad civil organizada debe generar las gestiones y reclamos necesarios para no dejar que este proyecto dictatorial y totalitario se consolide con la consecuente destrucción de derechos humanos, sociales y económicos”, señala CC.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rtejustify"> <strong>Habrá una evaluación internacional</strong></p> <p class="rtejustify"> “La ley que se ha aprobado en grande y detalle en la Cámara de Diputados no vulnera la Constitución Política del Estado ni contiene disposiciones que afecten la libertad de expresión”, señaló la viceministra de Pensiones, Ivette Espinoza, en una rueda de prensa en La Paz.</p> <p class="rtejustify"> Aseguró que la norma “no se aplica a los periodistas y a los comunicadores”, es para los ‘sujetos obligados’.</p> <p class="rtejustify"> Esto son “bancos, cooperativas de ahorro y crédito, instituciones financieras de desarrollo, entidades financieras de vivienda’, entre otros.</p> <p class="rtejustify"> Es importante la norma para que Bolivia no esté en la “lista gris”, porque en la presente gestión, será sometida a una evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rtejustify"> </p>
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<p class="rtejustify"> La alianza opositora Creemos denunció este lunes que la Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que fue aprobada por el MAS en la Cámara de Diputados, “es un atentado contra la democracia” porque vulnera varios derechos y convierte a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en una “instrumento de represión”.</p> <p class="rtejustify"> “Creemos preocupada por la escalonada de proyectos de ley que se han estado aprobando dentro de la Asamblea para seguir violando los derechos de los bolivianos, advierte que no será cómplice de una política legislativa encaminada a violentar la libertad de expresión, libertad de asociación, libertad económica, privacidad, secreto bancario que eliminan la casi extinta independencia institucional del estado”, señala Creemos en un comunicado.</p> <p class="rtejustify"> Para esta alianza opositora, el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas es un “atentado contra la democracia” que viola importantes garantías judiciales y convierte la UIF en un instrumento de represión. “El registro de Derechos Rales y de comercio se constituyen en medios del primero para consolidar la persecución política en contra de opositores y cualquier ciudadano que piense diferente.</p> <p class="rtejustify"> “El MAS está utilizando la Asamblea Legislativa para consolidar una dictadura en el país, Creemos no permitirá que Bolivia se convierte en Cuba o Venezuela”, señaló Creemos.</p> <p class="rtejustify"> Creemos convocó a la unidad del pueblo boliviano en defensa de los derechos humanos, la libertad y la democracia.</p> <p class="rtejustify"> “Hacemos llamado urgente a la sociedad civil, colegios de profesionales, transporte, gremiales, universidades, plataformas y otros a manifestarse contra de estos proyectos o cualquier acción del gobierno que busque menoscabar nuestros derechos”, señaló Creemos.</p>
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La alianza opositora Creemos denunció este lunes que la Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que fue aprobada por el MAS en la Cámara de Diputados, “es un atentado contra la democracia” porque vulnera varios derechos y convierte a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en una “instrumento de represión”.
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La alianza opositora Creemos denunció este lunes que la Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que fue aprobada por el MAS en la Cámara de Diputados, “es un atentado contra la democracia” porque vulnera varios derechos y convierte a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en una “instrumento de represión”.
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<p class="rtejustify"> Comunidad Ciudadana (CC) observó al menos siete riesgos en la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que el MAS aprobó en la Cámara de Diputados y advirtió que esta norma es un peldaño importante para la construcción de un “estado policíaco”.</p> <p class="rtejustify"> “Esta ley es uno de los peldaños importantes para la construcción del Estado policiaco que intenta el gobierno del MAS, donde la represión constituye la regla y el ejercicio de los derechos la excepción, conlleva un gravísimo riesgo para las actividades financieras, comerciales y civiles por los poderes extraordinarios de investigación y/o sanción que confiere a la UIF, Fiscalía, Ministerio de Justicia y Procuraduría General del Estado, que actúan como agentes de represión del Estado al servicio de intereses y móviles políticos”, señaló CC.</p> <p class="rtejustify"> CC aseveró que los riesgos de la ley son que con esta ley se dará un “Subalternización de la Fiscalía General del Estado”, puesto que la norma incluye de manera subalterna a la Fiscalía General del Estado, como un miembro, dentro de un Consejo Nacional, compuesto por siete miembros, 6 de los cuales son componentes del Gobierno Nacional. En este contexto desaparece su independencia e imparcialidad.</p> <p class="rtejustify"> Además, CC señala que la ley es un atentado contra la libertad de prensa, porque de manera general elimina la confidencialidad, secreto o reserva cuando la UIF requiera información dentro del marco de sus atribuciones. En caso de que la UIF requiera información a periodistas y/o medios de comunicación estos no podrán invocar la reserva de fuente.</p> <p class="rtejustify"> La norma, además, impone la censura previa a los periodistas y medios de comunicación tratándose de información producida y difundida por la UIF porque prohíbe desde su interpretación hasta su divulgación y publicación.</p> <p class="rtejustify"> En tercer lugar, la ley otorga poderes sancionatorios a la UIF y a sujetos privados. “Confiere poderes sancionatorios a la UIF y a entes privados designados por la UIF, de naturaleza administrativa, para imponer sanciones a sujetos obligados por la Ley cuando no tengan otra autoridad específica de supervisión”.</p> <p class="rtejustify"> La cuarta observación es que se politiza las actividades de investigación y juzgamiento. “Involucra al Ministerio de Justicia y a la Procuraduría General del Estado en el inicio de las actividades investigativas, en la identificación y rastreo de bienes para incautación y decomiso, y en la participación activa dentro de los procesos ya instaurados, politizando la persecución penal del Estado.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, CC observa que hay sujetos obligados por la Ley a reportar transacciones sospechosas, sin límite inferior de monto. “Incluye como Sujetos Obligados, entre los más destacados, a toda persona natural o jurídica que se dedique a actividades financieras, actividades comerciales, Compra y venta de inmuebles y autos, entre otros.</p> <p class="rtejustify"> Además, CC asevera que la ley otorga súper poderes de investigación a los fiscales, sin intervención judicial oportuna y eficaz. “El allanamiento es una medida coercitiva penal relativa a domicilios, viviendas, inmuebles, locales comerciales y otros por el estilo. Se les otorga este poder a los fiscales sin necesidad de requerir mandamiento judicial”.</p> <p class="rtejustify"> “También el poder de disponer por 24 horas la anotación preventiva de bienes y retención de fondos y Establece como poderes de investigación para los fiscales el agente encubierto, la entrega vigilada, el pago al informante y el colaborador eficaz. En el contexto de un Ministerio Público subordinado al poder político y que carece de idoneidad profesional”, señala.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, CC indica que la ley contra la legitimación establece el juzgamiento en rebeldía. “Establece el juzgamiento en rebeldía con asignación de un defensor de oficio, en abierta contradicción con los principios constitucionales de la defensa en juicio y de la igualdad de trato en un proceso judicial”.</p>
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Comunidad Ciudadana (CC) observó al menos siete riesgos en la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que el MAS aprobó en la Cámara de Diputados y advirtió que esta norma es un peldaño importante para la construcción de un “estado policíaco”.
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<p class="rtejustify"> La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) pidió ayer una excepción en el artículo 11 del proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, ya que consideran que esta norma abre las puertas para levantar el secreto de fuente y atenta a la labor de los periodistas y medios de comunicación.</p> <p class="rtejustify"> La entidad que representa a los principales medios impresos del país propone una excepción en el artículo 11 de dicho proyecto de ley, con la finalidad de preservar el secreto en materia de imprenta reconocido y refrendado por el artículo 107 de la Constitución Política del Estado (CPE).</p> <p class="rtejustify"> La organización considera que la actual redacción de la norma, en el artículo referido, abre las puertas para que se invoque el levantamiento del secreto de fuente, lo que representaría una vulneración a la Carta Magna y un atentado a la labor libre de periodistas y medios de comunicación en Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> La ANP sostiene que una legislación no puede contener términos sujetos a malas interpretaciones, y por ello llama a los legisladores a incluir la excepción citando de manera explícita el reconocimiento a la Ley de Imprenta y la Constitución y a valorar el mismo efecto negativo sobre otros sectores profesionales de Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> La organización de medios recuerda que la CPE, en su artículo 107, establece que la responsabilidad sobre la información difundida a través de los medios de comunicación social está sujeta al cumplimiento de “normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”, en este caso, la Ley de Imprenta.</p> <p class="rtejustify"> <strong>UIF responde</strong></p> <p class="rtejustify"> La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aseguró que el artículo 11 del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas “no afecta la libertad de expresión, la labor periodística ni incurre en censura”.</p> <p class="rtejustify"> La UIF señaló, mediante un comunicado, que el artículo 33 de la Constitución dispone que las operaciones financieras gozarán de confidencialidad, salvo en procesos judiciales por la posible comisión de delitos financieros que investigue fortunas.</p> <p class="rtejustify"> La UIF asegura que dicho artículo “es aplicable sólo y exclusivamente a los denominados sujetos obligados y aquellos que tienen el deber de informar en virtud a las actividades que desarrollan, entre las cuales no se encuentran periodistas ni medios de comunicación.</p> <p class="rtejustify"> El artículo observado dice dispone que: “No se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera (...) cuando la UIF requiera información en el marco de sus atribuciones; esta información será obtenida de manera directa”.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rtejustify rteindent1"> <strong>GREMIOS DECLARAN EMERGENCIA </strong></p> <p class="rtejustify rteindent1"> La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) se declararon en emergencia y rechazaron el contenido del artículo 11 que intenta “amordazar” al periodismo. Indicaron que el secreto de imprenta es una institución del Estado de derecho y ayuda a los periodistas a investigar la corrupción de quienes administran recursos públicos o privados.</p> <p class="rtejustify rteindent1"> Aseguran que el secreto de fuente es una herramienta que contribuye a la transparencia informativa y a la fiscalización del poder.</p> <p class="rtejustify"> </p>
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<p class="rtejustify"> La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aclaró este domingo que el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales ,no afecta la libertad de expresión, la labor periodística ni incurre en censura.</p> <p class="rtejustify"> "La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) manifiesta enfáticamente que el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, no vulnera la Constitución Política del Estado, ni contiene disposiciones que afecten la libertad de expresión, la labor periodística, ni incurre en censura previa", indica un comunicado oficial.</p> <p class="rtejustify"> La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANP) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) emitieron el sábado un pronunciamiento en el que aseguran que el Artículo 11 del mencionado proyecto vulneraría sus derechos de reserva de información.</p> <p class="rtejustify"> Al respecto, la institución aclaró que el Artículo 333 de la Constitución Política del Estado (CPE} dispone que las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, gozarán del derecho de confidencialidad, salvo en los procesos judiciales, en los casos en que se presuma comisión de delitos financieros, en los que se investiguen fortunas y los demás definidos por la ley.</p>
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La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aclaró este domingo que el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales ,no afecta la libertad de expresión, la labor periodística ni incurre en censura.
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<p class="rtejustify"> El artículo 9 de la Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas otorga 23 atribuciones a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para investigar de forma irrestricta a cualquier institución o persona que sea sospechosa de relaciones con el financiamiento al terrorismo.</p> <p class="rtejustify"> La norma también establece que todas las entidades financieras, desde bancos hasta casas de cambio deben entregar información a la UIF. Incluso, a sólo orden de esa instancia, de la Policía o Fiscalía que pueden allanar casas, revisar cuentas bancarias, romper el secreto profesional, dispone el "pago" a informantes y obliga, incluso a las iglesias y a organizaciones no gubernamentales a abrir su información.</p> <p class="rtejustify"> "La UIF tiene la atribución de realizar actividades de inteligencia y análisis financiero y/o patrimonial, para identificar y seguir el rastro de bienes, redes y operaciones sospechosas presuntamente vinculadas a los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo", señala el numeral tres de ese artículo.</p> <p class="rtejustify"> La norma fue aprobada en la Cámara de Diputados la madrugada del viernes y remitida a la Cámara Alta para su revisión y posterior promulgación por el Ejecutivo. El proyecto tiene 59 artículos y 16 disposiciones adicionales, transitorias y finales.</p> <p class="rtejustify"> Revisando la norma, el acápite ocho señala que esa instancia puede requerir y obtener información de cualquier instancia, ya sea de carácter individual o colectivo, público o privado, para el cumplimiento de sus funciones.</p> <p class="rtejustify"> Otro punto que llama la atención es que podrá recabar información pública, reservada o confidencial, de cualquier registro público o privado, así como de entidades públicas o privadas, las que están obligadas a colaborar dentro del término que se les fije, con carácter efectivo e inmediato, excepto la información relacionada con la seguridad del Estado.</p> <p class="rtejustify"> Entre otros, también destaca que remitirá a las autoridades competentes informes de inteligencia financiera y dictámenes periciales, para la investigación y persecución penal correspondiente, cuando se determine la existencia de una operación sospechosa que pueda estar relacionada con delitos de ligitimacion de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.</p> <p class="rtejustify"> En ese contexto, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes, cuestionó que se le "entreguen súperpoderes a la UIF con el pretexto de vulnerar el secreto bancario", a la vez advirtió que esta norma tiene el objetivo de perseguir y tener el control total de las personas, sin siquiera tener órdenes judiciales.</p> <p class="rtejustify"> "Basta que cualquiera tenga un movimiento de más, un depósito para afectar a la persona, tomar preso a quien quieran y después ponerse a investigar. Realmente ésto se vuelve un Estado policiaco, donde las personas deberán tener muchísimo cuidado porque no solo afecta a los políticos, sino a todos los que utilizan la banca", advirtió.</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Félix Ajpi rechazó la versión de la oposición y aseguró que la norma no alcanzará a la población que consiguió sus bienes a través del trabajo diario, porque prevalece el comercio informal en el país.</p> <p class="rtejustify"> "Nuestro país es informal, no alcanza a un compañero que se ha hecho un patrimonio haciendo carpintería, fabricando muebles sin facturar, a ellos no podemos perseguir", indicó.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Otros ejes</strong></p> <p class="rtejustify"> Con la norma se crea el Concejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales (Conal) que estará integrado por los ministerios de Economía, Gobierno, Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores; además de la Procuraduría y la Fiscalía.</p> <p class="rtejustify"> La norma establece que mantendrá en sus archivos las operaciones sospechosas por 10 años; además se prevé cuatro técnicas de investigación: el agente encubierto, la entrega vigilada, la compensación económica al riesgo del informante y la figura del colaborador eficaz.</p> <p class="rtejustify"> Con relación a un proceso penal por Legitimación de Ganancias, se aplicará el juicio en rebeldía y el acusado estará representado por un defensor de oficio, no podrá contratar con un abogado de su confianza.</p> <p class="rtejustify"> Finalmente, permite que un informante reciba dinero a cambio de la información que proporcione y lleve a la captura de la organización o persona sospechosa. El colaborador eficaz es la persona que fue parte del hecho y denuncia a sus cómplices; su caso quedará en suspenso hasta que se esclarezca, si su información sirve y se extinguiría su proceso.</p>
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<p class="rtejustify"> La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) se declararon en emergencia y expresaron un voto de rechazo a la inclusión en el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas de una disposición que vulnera la libertad de expresión y que intenta amordazar al periodismo.</p> <p class="rtejustify"> Se refiere al artículo 11 del referido proyecto que elimina el secreto profesional a solo requerimiento de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) dentro sus facultades de investigar el patrimonio de las personas sean públicas o privadas.</p> <p class="rtejustify"> Advierte que dicho artículo, vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, que instruye la regulación de la actividad periodística según la norma sectorial, que es la Ley de Imprenta, y el artículo 8 de la misma Ley de Imprenta, que expresa que "el secreto en materia de imprenta es inviolable".</p> <p class="rtejustify"> A través de un comunicado, afirma que la imposibilidad de invocar el secreto profesional ante una orden de la UIF implica que los periodistas no podrán usar su derecho a otorgar la reserva o el anonimato a aquellas fuentes que así lo soliciten, antes de revelar manejos corruptos.</p> <p class="rtejustify"> El secreto de imprenta es una institución universal del Estado de Derecho y ayuda a los periodistas a investigar la corrupción de quienes administran recursos públicos o privados en que se afecten los intereses colectivos. Es, por tanto, una herramienta que contribuye a la transparencia informativa y a la fiscalización del poder, lo cual fortalece la democracia, porque no hay sociedad plenamente libre sin información, dice el comunicado.</p> <p class="rtejustify"> Observa que lo que el oficialismo busca es eliminar el secreto de imprenta para evitar que el periodismo investigue los malos manejos y así aumentar el secretismo y la opacidad en la administración de los recursos públicos, con lo cual la democracia se debilita y se incrementa la corrupción.</p> <p class="rtejustify"> Recuerdan que no es la primera vez que el MAS, fiel a sus inclinaciones autoritarias, busca imponer una "ley mordaza" y silenciar a los periodistas. Califican de burdo este intento de silenciar al sector y exigen la plena vigencia del secreto de imprenta, incluido en sus normas de regulación y autorregulación</p> <p class="rtejustify"> Anuncian que harán llegar su denuncia a entidades internacionales que protegen la libertad de expresión porque sin ella "no hay democracia y la democracia muere cuando no hay luz ni transparencia".</p>
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<p class="rtejustify"> El proyecto de Ley 108 Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva viola principios constitucionales, “criminaliza o presume de criminales a todas las personas que usan la intermediación financiera” y ni qué decir a los ciudadanos que trabajan en el sector informal, según analistas. Además, que la estructura de normas que arma el Movimiento Al Socialismo (MAS) es para tener control sobre la “propiedad privada”, sin descartar el uso como instrumento de persecución contra quienes considere detractores, opositores u otros, sostiene Jaime Dunn, analista experto en finanzas.</p> <p class="rtejustify"> El documento, aprobado en Diputados y que la próxima semana será considerado en la Cámara de Senadores, generó una serie de reacciones de la oposición y sectores de la sociedad civil que consideran que el proyecto se constituye en un instrumento peligroso para los ciudadanos y más radical que la extinta Ley 1008.</p> <p class="rtejustify"> “La (Ley) 1008 queda pequeñita comparada con los peligros que significa esta ley. La 1008 era solamente para un sector, aquí como se abarca a cualquier tema de movimiento financiero, cualquier movimiento financiero es susceptible a ser investigado, o sea ya el momento que tú vas al banco sacas 100 dólares y el cajero te pregunta de dónde es la fuente de los recursos, ya desde ese instante estás siendo cuestionado, ya estás siendo susceptible de investigación, ese cajero genera un ROC, un informe que va a la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras)”, afirma Dunn.</p> <p class="rtejustify"> Cuestionó el papel del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que hizo desaparecer una sentencia constitucional que declara inconstitucional los “juicios en rebeldía”, y que ahora “uno de los principios que utiliza esta ley son los juicios en rebeldía”.</p> <p class="rtejustify"> “Desaparecen los dos tercios en el Legislativo e imponen mayoría, desaparece la sentencia constitucional, ahora esta ley elimina la reserva de fuentes. Para ejecutar esta ley aprueban que Fundempresa pase al Ejecutivo, también se promueve esto con Derechos Reales, y con esas dos movidas están concentrado el poder en el Ejecutivo para controlar una de las cosas más sagradas de cualquier ciudadano en un país que es la propiedad privada. Se crea un esquema donde se dice que la información que se va a perseguir sin necesidad de autorización judicial, va a ser confidencial”, cuestionó.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Inconstitucional</strong></p> <p class="rtejustify"> Dunn agregó que este proyecto va contra principios establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE).</p> <p class="rtejustify"> “Viola, por ejemplo, el principio constitucional de la obtención lícita de la prueba, hoy en día si alguien presenta una prueba que ha sido recabada de manera ilícita no sirve, pero en el caso de esta ley sí sirve, más bien promueve los allanamientos sin orden judicial”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> Agregó que en el sector informal habrá “serios problemas por la forma como se está manejando esta ley (...), aquel informal que tiene su tienda en la Eloy Salmón le van a preguntar de dónde ha sacado su casa, si no tiene los recibos puede ser arrestado”. </p> <p class="rtejustify"> <strong>Proyecto será tratado la próxima seman</strong> </p> <p class="rtejustify"> El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, informó que la próxima semana se considerará el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. La Comisión de Planificación en el Seando deberá tratar el tema que es observado por distintos sectores.</p> <p class="rtejustify"> “Recién se nos pasó de Diputados y lo derivaremos a la Comisión que corresponde, eso será hasta la próxima semana”, señaló el legislador a Urgente bo.</p> <p class="rtejustify"> El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa a través de un tuit refiere que “La Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas vulnera los principios constitucionales y derechos fundamentales. Es otra arremetida del gobierno masista para imponer un Estado policial, usando a la UIF, el Ministerio de Justicia y la Procuraduría, como aparatos de represión y persecución”.</p>
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Gremiales se declaran en emergencia y anuncian movilizaciones contra le ley de ganancias
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Según opositores, Bolivia va hacia a un “Estado policial” con ley de ganancias ilícitas
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Según opositores, Bolivia va hacia a un “Estado policial” con ley de ganancias ilícitas
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#label (String, 82 characters ) Creemos: Ley de ganancias convierte a la UIF en...
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Creemos: Ley de ganancias convierte a la UIF en un “instrumento de represión”
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CC hace 7 observaciones a la Ley de ganancias y advierte que el MAS busca un “estado policíaco”
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ANP pide incluir excepción en ley de ganancias ilícitas
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#label (String, 108 characters ) UIF aclara que el Proyecto de Ley Contra la Leg...
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UIF aclara que el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias no afecta a la libertad de expresión
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#label (String, 112 characters ) Ley de Legitimación de Ganancias otorga 23 atri...
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Ley de Legitimación de Ganancias otorga 23 atribuciones para investigar a cualquier institución por terrorismo
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#label (String, 94 characters ) Gremios periodísticos en emergencia por intento...
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Gremios periodísticos en emergencia por intento "mordaza" vía Ley contra Ganancias Ilícitas
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Alertan que la ley contra legitimación de ganancias anula la reserva de fuente para periodistas
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