<p class="rtejustify"> El proyecto de ley del MAS Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, busca convertir a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en una temible “Policía secreta”, diseñada para licuar los derechos fundamentales referidos a la privacidad, la intimidad, el secreto profesional, la reserva de la fuente de información, etc. El instrumento legal, le confiere amplísimas facultades para investigar cualquier institución, persona y empresa que considere sea (o no) sospechosa de relaciones con esos delitos.</p> <p class="rtejustify"> Se trata de “una entidad descentralizada, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, encargada de normar el régimen de lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en consulta con el Ministerio de Economía y finanzas Públicas y en coordinación con las autoridades de supervisión; (para) investigar los casos en los que se presuma la comisión de delitos de Ganancias Ilícitas, delitos precedentes, Financiamiento del Terrorismo y otros de su competencia, emitiendo informes de inteligencia y dictámenes al efecto…”.</p> <p class="rtejustify"> Por cierto, todos somos sospechosos hasta que no demostremos lo contrario; es decir, se presumirá la culpabilidad y, con ella, se erosionarán los clásicos principios del derecho penal.</p> <p class="rtejustify"> “Las normas que para el efecto establezca la UIF, serán de cumplimiento obligatorio por parte de las personas naturales, entidades financieras, entidades del mercado de valores, de seguros, de pensiones y otros que la UIF incluya en el ámbito de su regulación como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas relacionadas con la Legitimación de Ganancias Ilícitas…”.</p> <p class="rtejustify"> Entre las atribuciones de la (UIF) figura “emitir normativa regulatoria administrativa”, determinar líneas de acción para prevenir, detectar y reportar operaciones ilícitas, así como realizar actividades de inteligencia y análisis financiero y/o patrimonial, para identificar y seguir el rastro de bienes, redes y operaciones sospechosas presuntamente vinculadas a los delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, entre otras. Y denunciará, ante la autoridad competente, el incumplimiento de la futura ley o de su normativa reglamentaria; podrá participar e intervenir como coadyuvante dentro de procesos penales, acción y/o recurso que franqueé la ley.</p> <p class="rtejustify"> La referida Unidad no sólo puede dictar normas administrativas, investigar, detectar y realizar cuantas diligencias considere conveniente, sino también define al “sujeto obligado” (a proporcionar información) como “toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema financiero nacional, mercado de valores, seguros, pensiones, notarios de fe pública, abogado, contadores, juegos de azar o casinos, actividades comerciales, registro de comercio, control físico transfronterizo de divisas y otros que la UIF mediante resolución administrativa incluya en el ámbito de su regulación”.</p> <p class="rtejustify"> El proyecto de ley, establece un régimen administrativo sancionador, mediante resolución administrativa interna, y define tres tipos de infracciones: leves, graves, y muy graves. Entre las sanciones figuran desde amonestaciones, multas, prohibición temporal para realizar actividades, hasta suspensión temporal, inhabilitación de sus directores, gerentes u otros funcionarios dependientes del sujeto obligado; destitución, previo proceso administrativo, y la revocatoria de licencias o autorizaciones de funcionamiento. El Órgano Ejecutivo, mediante decreto supremo, reglamentará los demás aspectos, estableciendo los procedimientos, infracciones y sanciones especificas aplicables a los sujetos obligados.</p> <p class="rtejustify"> Con las amplísimas facultades legislativas, administrativas, y sancionadoras conferidas a la (UIF), esta repartición no sólo se convertirá en la temible “Policía secreta” del Gobierno, encargada de combatir la supuesta delincuencia económica, sino también de perseguir y procesar a los ciudadanos que piensen distinto, reclamen sus derechos, protesten en las calles, exijan reivindicaciones, etc.</p> <p class="rtejustify"> Y cuando ese ciudadano indefenso, busque un juez o tribunal judicial para proteger sus derechos, el gobierno se encargará de ponerle a uno de los carniceros, que tienen en la cárcel a Jeanine Áñez Chávez, por más de seis meses y sin proceso previo.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong><em>El autor es jurista y ha escrito varios libros</em></strong></p>

<p class="rtejustify"> El proyecto de ley del MAS Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, busca convertir a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en una temible “Policía secreta”, diseñada para licuar los derechos fundamentales referidos a la privacidad, la intimidad, el secreto profesional, la reserva de la fuente de información, etc. El instrumento legal, le confiere amplísimas facultades para investigar cualquier institución, persona y empresa que considere sea (o no) sospechosa de relaciones con esos delitos.</p> <p class="rtejustify"> Se trata de “una entidad descentralizada, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, encargada de normar el régimen de lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en consulta con el Ministerio de Economía y finanzas Públicas y en coordinación con las autoridades de supervisión; (para) investigar los casos en los que se presuma la comisión de delitos de Ganancias Ilícitas, delitos precedentes, Financiamiento del Terrorismo y otros de su competencia, emitiendo informes de inteligencia y dictámenes al efecto…”.</p> <p class="rtejustify"> Por cierto, todos somos sospechosos hasta que no demostremos lo contrario; es decir, se presumirá la culpabilidad y, con ella, se erosionarán los clásicos principios del derecho penal.</p> <p class="rtejustify"> “Las normas que para el efecto establezca la UIF, serán de cumplimiento obligatorio por parte de las personas naturales, entidades financieras, entidades del mercado de valores, de seguros, de pensiones y otros que la UIF incluya en el ámbito de su regulación como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas relacionadas con la Legitimación de Ganancias Ilícitas…”.</p> <p class="rtejustify"> Entre las atribuciones de la (UIF) figura “emitir normativa regulatoria administrativa”, determinar líneas de acción para prevenir, detectar y reportar operaciones ilícitas, así como realizar actividades de inteligencia y análisis financiero y/o patrimonial, para identificar y seguir el rastro de bienes, redes y operaciones sospechosas presuntamente vinculadas a los delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, entre otras. Y denunciará, ante la autoridad competente, el incumplimiento de la futura ley o de su normativa reglamentaria; podrá participar e intervenir como coadyuvante dentro de procesos penales, acción y/o recurso que franqueé la ley.</p> <p class="rtejustify"> La referida Unidad no sólo puede dictar normas administrativas, investigar, detectar y realizar cuantas diligencias considere conveniente, sino también define al “sujeto obligado” (a proporcionar información) como “toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema financiero nacional, mercado de valores, seguros, pensiones, notarios de fe pública, abogado, contadores, juegos de azar o casinos, actividades comerciales, registro de comercio, control físico transfronterizo de divisas y otros que la UIF mediante resolución administrativa incluya en el ámbito de su regulación”.</p> <p class="rtejustify"> El proyecto de ley, establece un régimen administrativo sancionador, mediante resolución administrativa interna, y define tres tipos de infracciones: leves, graves, y muy graves. Entre las sanciones figuran desde amonestaciones, multas, prohibición temporal para realizar actividades, hasta suspensión temporal, inhabilitación de sus directores, gerentes u otros funcionarios dependientes del sujeto obligado; destitución, previo proceso administrativo, y la revocatoria de licencias o autorizaciones de funcionamiento. El Órgano Ejecutivo, mediante decreto supremo, reglamentará los demás aspectos, estableciendo los procedimientos, infracciones y sanciones especificas aplicables a los sujetos obligados.</p> <p class="rtejustify"> Con las amplísimas facultades legislativas, administrativas, y sancionadoras conferidas a la (UIF), esta repartición no sólo se convertirá en la temible “Policía secreta” del Gobierno, encargada de combatir la supuesta delincuencia económica, sino también de perseguir y procesar a los ciudadanos que piensen distinto, reclamen sus derechos, protesten en las calles, exijan reivindicaciones, etc.</p> <p class="rtejustify"> Y cuando ese ciudadano indefenso, busque un juez o tribunal judicial para proteger sus derechos, el gobierno se encargará de ponerle a uno de los carniceros, que tienen en la cárcel a Jeanine Áñez Chávez, por más de seis meses y sin proceso previo.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rtejustify"> <strong><em>El autor es jurista y ha escrito varios libros</em></strong></p>