La temible “Policía secreta”

El proyecto de ley del MAS Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, busca convertir a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en una temible “Policía secreta”, diseñada para licuar los derechos fundamentales referidos a la privacidad, la intimidad, el secreto profesional, la reserva de la fuente de información, etc. El instrumento legal, le confiere amplísimas facultades para investigar cualquier institución, persona y empresa que considere sea (o no) sospechosa de relaciones con esos delitos.

Se trata de “una entidad descentralizada, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, encargada de normar el régimen de lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en consulta con el Ministerio de Economía y finanzas Públicas y en coordinación con las autoridades de supervisión; (para) investigar los casos en los que se presuma la comisión de delitos de Ganancias Ilícitas, delitos precedentes, Financiamiento del Terrorismo y otros de su competencia, emitiendo informes de inteligencia y dictámenes al efecto…”.

Por cierto, todos somos sospechosos hasta que no demostremos lo contrario; es decir, se presumirá la culpabilidad y, con ella, se erosionarán los clásicos principios del derecho penal.

“Las normas que para el efecto establezca la UIF, serán de cumplimiento obligatorio por parte de las personas naturales, entidades financieras, entidades del mercado de valores, de seguros, de pensiones y otros que la UIF incluya en el ámbito de su regulación como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas relacionadas con la Legitimación de Ganancias Ilícitas…”.

Entre las atribuciones de la (UIF) figura “emitir normativa regulatoria administrativa”, determinar líneas de acción para prevenir, detectar y reportar operaciones ilícitas, así como realizar actividades de inteligencia y análisis financiero y/o patrimonial, para identificar y seguir el rastro de bienes, redes y operaciones sospechosas presuntamente vinculadas a los delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, entre otras. Y denunciará, ante la autoridad competente, el incumplimiento de la futura ley o de su normativa reglamentaria; podrá participar e intervenir como coadyuvante dentro de procesos penales, acción y/o recurso que franqueé la ley.

La referida Unidad no sólo puede dictar normas administrativas, investigar, detectar y realizar cuantas diligencias considere conveniente, sino también define al “sujeto obligado” (a proporcionar información) como “toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema financiero nacional, mercado de valores, seguros, pensiones, notarios de fe pública, abogado, contadores, juegos de azar o casinos, actividades comerciales, registro de comercio, control físico transfronterizo de divisas y otros que la UIF mediante resolución administrativa incluya en el ámbito de su regulación”.

El proyecto de ley, establece un régimen administrativo sancionador, mediante resolución administrativa interna, y define tres tipos de infracciones: leves, graves, y muy graves. Entre las sanciones figuran desde amonestaciones, multas, prohibición temporal para realizar actividades, hasta suspensión temporal, inhabilitación de sus directores, gerentes u otros funcionarios dependientes del sujeto obligado; destitución, previo proceso administrativo, y la revocatoria de licencias o autorizaciones de funcionamiento. El Órgano Ejecutivo, mediante decreto supremo, reglamentará los demás aspectos, estableciendo los procedimientos, infracciones y sanciones especificas aplicables a los sujetos obligados.

Con las amplísimas facultades legislativas, administrativas, y sancionadoras conferidas a la (UIF), esta repartición no sólo se convertirá en la temible “Policía secreta” del Gobierno, encargada de combatir la supuesta delincuencia económica, sino también de perseguir y procesar a los ciudadanos que piensen distinto, reclamen sus derechos, protesten en las calles, exijan reivindicaciones, etc.

Y cuando ese ciudadano indefenso, busque un juez o tribunal judicial para proteger sus derechos, el gobierno se encargará de ponerle a uno de los carniceros, que tienen en la cárcel a Jeanine Áñez Chávez, por más de seis meses y sin proceso previo.

El autor es jurista y ha escrito varios libros