<p class="rtejustify"> El transporte federado de Cochabamba y la Asociación de Radio Móviles de Cochabamba (Aramco) dieron plazo hasta el martes al Gobierno para archivar la ley antilegitimación y anunciaron que si no se escucha su pedido realizarán un paro el&nbsp;miércoles.</p> <p class="rtejustify"> “Otorgar un plazo hasta el martes para que el directorio del Senado nacional archive este proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, además, sino archivan y dejan sin efecto la aprobación en el Senado hasta el martes, el transporte sindicalizado, conjuntamente con Aramco declaramos paro movilizado para el día miércoles”, dijo en conferencia de prensa el dirigente del transporte federado de Cochabamba, José Orellana.</p> <p class="rtejustify"> El dirigente señaló que la ley no fue consultada ni socializada con ningún sector y que la misma pone en riesgo los derechos de la ciudadanía.</p> <p class="rtejustify"> El transporte es el octavo sector que se pronuncia contra la ley, luego de los gremiales, transporte pesado, cooperativistas, Conade, comités cívicos, transporte de El Alto, asociación de comercializadores de carne de La Paz, entre otros.</p>

<p class="rtejustify"> El transporte federado de Cochabamba y la Asociación de Radio Móviles de Cochabamba (Aramco) dieron plazo hasta el martes al Gobierno para archivar la ley antilegitimación y anunciaron que si no se escucha su pedido realizarán un paro el miércoles.</p> <p class="rtejustify"> “Otorgar un plazo hasta el martes para que el directorio del Senado nacional archive este proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, además, sino archivan y dejan sin efecto la aprobación en el Senado hasta el martes, el transporte sindicalizado, conjuntamente con Aramco declaramos paro movilizado para el día miércoles”, dijo en conferencia de prensa el dirigente del transporte federado de Cochabamba, José Orellana.</p> <p class="rtejustify"> El dirigente señaló que la ley no fue consultada ni socializada con ningún sector y que la misma pone en riesgo los derechos de la ciudadanía.</p> <p class="rtejustify"> El transporte es el octavo sector que se pronuncia contra la ley, luego de los gremiales, transporte pesado, cooperativistas, Conade, comités cívicos, transporte de El Alto, asociación de comercializadores de carne de La Paz, entre otros.</p>

El transporte federado de Cochabamba y la Asociación de Radio Móviles de Cochabamba (Aramco) dieron plazo hasta el martes al Gobierno para archivar la ley antilegitimación y anunciaron que si no se escucha su pedido realizarán un paro el día miércoles.

El transporte federado de Cochabamba y la Asociación de Radio Móviles de Cochabamba (Aramco) dieron plazo hasta el martes al Gobierno para archivar la ley antilegitimación y anunciaron que si no se escucha su pedido realizarán un paro el día miércoles.

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<p class="rtejustify"> Tras el ultimátum de 72 horas que varios sectores sociales dieron al Gobierno para dejar sin efecto el tratamiento del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, indicó que no se anulará la normativa que ni siquiera fue promulgada.</p> <p class="rtejustify"> Según la autoridad, el proyecto de ley de antilegitimación se encuentra en plena socialización con los diferentes sectores sociales del país, dijo que no necesariamente un grupo que se opone a la normativa representa a todo el sector del transporte, gremial u otro que no esté de acuerdo con el proyecto.</p> <p class="rtejustify"> "No se puede anular algo que todavía no ha sido emitido, estamos en una etapa de evaluación, de hacer conocer, de socialización; por tanto, no puedes anular algo que no ha sido promulgado. Hasta la solicitud no es coherente porque no ha sido todavía emitida esta ley", sostuvo Espinoza en conferencia de prensa.</p> <p class="rtejustify"> Los sectores movilizados pidieron la anulación de la ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas N°1386, norma que está vigente y fue promulgada; en relación al proyecto de ley del mismo nombre que se encuentra en el Senado pidieron su archivo definitivo.</p> <p class="rtejustify"> Por su parte, la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, acusó a los sectores sociales y cívicos que se oponen al proyecto de ley de antilegitimación de implementar una estrategia para favorecer a las organizaciones criminales que ganan dinero de forma ilícita.</p> <p class="rtejustify"> "Finalmente se dan a la tarea de citar medias verdades de las recomendaciones del GAFI. Esta es una estrategia sistemática de sectores que tratan de favorecer a empresarios que han obtenido su dinero, a personas y organizaciones criminales que han obtenido su dinero de forma ilícita y lo denunciamos públicamente", protestó Morales.</p> <p class="rtejustify"> Añadió que primero engañaron al pueblo al señalar que la norma será para perseguir a toda la población, que se investigará el origen de su dinero y el patrimonio de cada boliviano; después, al no poder demostrar esa situación a los gremiales y transportistas, les hicieron creer que se va a congelar todos sus bienes por acusaciones de lavado de dinero.</p> <p class="rtejustify"> La viceministra Espinoza Añadió que todos los temores de los diferentes sectores serán subsanados en la socialización de la normativa suspendida; a pesar que las organizaciones económicas rechazaron esa situación.</p> <p class="rtejustify"> Dijo que es mentira que a sola denuncia se investigará a cualquier persona, explicó que necesariamente el denunciante tendrá que presentar pruebas que serán analizadas por las autoridades para recién ver si se inicia una investigación.</p> <p class="rtejustify"> Según la autoridad, todos los países que forman parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) deben cumplir al menos 40 recomendaciones en relación al lavado de dinero y muchos países de la región latinoamericana ya cuentan con normativas similares como Chile, Argentina, México y otros.</p> <p class="rtejustify"> Acotó que Bolivia al ser parte de esa institución internacional debe implementar esas medidas para pasar la evaluación del GAFI y si nuevamente "reprueba" podría ingresar a la "lista negra", y los efectos negativos se verían en los giros de remesas y tarjetas de créditos.</p> <p class="rtejustify"> Al respecto, la directora de la UIF dijo que será responsabilidad de los sectores opositores si Bolivia no pasa la prueba nuevamente.</p> <p class="rtejustify"> Por otro lado, transportistas alteños y gremiales de Bolivia, con apoyo de los cívicos cruceños, dieron al Gobierno un plazo de 72 horas para anular el proyecto de ley 218 de legitimación de ganancias ilícitas.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, la medida de presión está apoyada por sectores como los choferes, mineros cooperativistas, dueños de cholets, cuentapropistas y cooperativistas del país. Conade y Comcipo analizan un paro de 48 horas.</p>

<p class="rtejustify"> Tras el ultimátum de 72 horas que varios sectores sociales dieron al Gobierno para dejar sin efecto el tratamiento del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, indicó que no se anulará la normativa que ni siquiera fue promulgada.</p> <p class="rtejustify"> Según la autoridad, el proyecto de ley de antilegitimación se encuentra en plena socialización con los diferentes sectores sociales del país, dijo que no necesariamente un grupo que se opone a la normativa representa a todo el sector del transporte, gremial u otro que no esté de acuerdo con el proyecto.</p> <p class="rtejustify"> "No se puede anular algo que todavía no ha sido emitido, estamos en una etapa de evaluación, de hacer conocer, de socialización; por tanto, no puedes anular algo que no ha sido promulgado. Hasta la solicitud no es coherente porque no ha sido todavía emitida esta ley", sostuvo Espinoza en conferencia de prensa.</p> <p class="rtejustify"> Los sectores movilizados pidieron la anulación de la ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas N°1386, norma que está vigente y fue promulgada; en relación al proyecto de ley del mismo nombre que se encuentra en el Senado pidieron su archivo definitivo.</p> <p class="rtejustify"> Por su parte, la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, acusó a los sectores sociales y cívicos que se oponen al proyecto de ley de antilegitimación de implementar una estrategia para favorecer a las organizaciones criminales que ganan dinero de forma ilícita.</p> <p class="rtejustify"> "Finalmente se dan a la tarea de citar medias verdades de las recomendaciones del GAFI. Esta es una estrategia sistemática de sectores que tratan de favorecer a empresarios que han obtenido su dinero, a personas y organizaciones criminales que han obtenido su dinero de forma ilícita y lo denunciamos públicamente", protestó Morales.</p> <p class="rtejustify"> Añadió que primero engañaron al pueblo al señalar que la norma será para perseguir a toda la población, que se investigará el origen de su dinero y el patrimonio de cada boliviano; después, al no poder demostrar esa situación a los gremiales y transportistas, les hicieron creer que se va a congelar todos sus bienes por acusaciones de lavado de dinero.</p> <p class="rtejustify"> La viceministra Espinoza Añadió que todos los temores de los diferentes sectores serán subsanados en la socialización de la normativa suspendida; a pesar que las organizaciones económicas rechazaron esa situación.</p> <p class="rtejustify"> Dijo que es mentira que a sola denuncia se investigará a cualquier persona, explicó que necesariamente el denunciante tendrá que presentar pruebas que serán analizadas por las autoridades para recién ver si se inicia una investigación.</p> <p class="rtejustify"> Según la autoridad, todos los países que forman parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) deben cumplir al menos 40 recomendaciones en relación al lavado de dinero y muchos países de la región latinoamericana ya cuentan con normativas similares como Chile, Argentina, México y otros.</p> <p class="rtejustify"> Acotó que Bolivia al ser parte de esa institución internacional debe implementar esas medidas para pasar la evaluación del GAFI y si nuevamente "reprueba" podría ingresar a la "lista negra", y los efectos negativos se verían en los giros de remesas y tarjetas de créditos.</p> <p class="rtejustify"> Al respecto, la directora de la UIF dijo que será responsabilidad de los sectores opositores si Bolivia no pasa la prueba nuevamente.</p> <p class="rtejustify"> Por otro lado, transportistas alteños y gremiales de Bolivia, con apoyo de los cívicos cruceños, dieron al Gobierno un plazo de 72 horas para anular el proyecto de ley 218 de legitimación de ganancias ilícitas.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, la medida de presión está apoyada por sectores como los choferes, mineros cooperativistas, dueños de cholets, cuentapropistas y cooperativistas del país. Conade y Comcipo analizan un paro de 48 horas.</p>

Tras el ultimátum de 72 horas que varios sectores sociales dieron al Gobierno para dejar sin efecto el tratamiento del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, indicó que no se anulará la normativa que ni siquiera fue promulgada.

Tras el ultimátum de 72 horas que varios sectores sociales dieron al Gobierno para dejar sin efecto el tratamiento del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, indicó que no se anulará la normativa que ni siquiera fue promulgada.

La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza. FOTO archivo

<p class="rtejustify"> Organizaciones como los gremiales, transportistas, profesiones de salud, mineros cooperativistas, trabajadores de la prensa y sectores cívicos&nbsp;observaron al menos ocho artículos del proyecto de ley 218 contra la &nbsp;legitimación de ganancias Ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales.</p> <p class="rtejustify"> Algunos sectores no solo piden la modificación de dicha propuesta que está paralizada en la Cámara de Senadores, sino la anulación total para iniciar de cero, pero con previa socialización. A continuación detallamos algunos de los artículos cuestionados:&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>Art. 3&nbsp;</strong></p> <p class="rtejustify"> La ley será aplicada en instituciones públicas y privadas (…). Personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, cuyos actos, bienes y derechos, presuntamente sean objeto, producto o instrumento de actividades delictivas.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>Art. 11</strong></p> <p class="rtejustify"> No se podrá invocar secreto profesional, reserva de confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales y otro, cuando la UIF requiera información en el marco de sus atribuciones; esta información será obtenida de manera directa en el plazo y condiciones que la UIF establezca al efecto, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo alguno y estará libre de todo pago o costo judicial o administrativo.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>Art 15</strong></p> <p class="rtejustify"> Son autoridades de supervisión y/o regulación de los sujetos obligados que operan de acuerdo a sus respectivos ordenamientos sectoriales, la autoridad de supervisión del sistema financiero. ASFI y la autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Art. 17&nbsp;</strong></p> <p class="rtejustify"> Se considera Sujeto Obligado a toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema financiero nacional, mercado de valores, seguros, pensiones, notarios de fe pública, abogados, contadores, juegos de azar o casinos, actividades comerciales, registro de comercio, control físico transfronterizo de divisas y otros que la UIF mediante Resolución Administrativa incluya en el ámbito de su regulación.</p> <p class="rtejustify"> La Unidad de Investigaciones Financieras tendrá la potestad para definir quiénes son esos "Sujetos Obligados".&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>Art. 30</strong></p> <p class="rtejustify"> La investigación de delitos previstos en esta ley se llevará a cabo por la Fiscalía y la Policía a través de sus divisiones o unidades especializadas en legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Art. 31</strong></p> <p class="rtejustify"> En investigaciones de delitos de legitimación de ganancias ilícitas, el Ministerio Público con el apoyo de funciones de los investigadores policiales, podrán acceder a toda documentación e información física o informática que esté en poder de cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o privado, así como realizar búsqueda de personas, allanamientos de lugares específicos, toma de declaraciones a testigos, identificación de personas que controlan cuentas, identificación y rastreo de bienes sin previo aviso al titular, y todo acto necesario para la obtención de medios probatorios además de los establecidos en el procedimiento penal común y las leyes especiales.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Art. 38&nbsp;</strong></p> <p class="rtejustify"> La sentencia condenatoria por la comisión del &nbsp;delito de legitimación de ganancias ilícitas o de financiamiento del terrorismo, dispondrá la confiscación o decomiso a favor del Estado.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>Art. 58</strong></p> <p class="rtejustify"> El afectado por la medida de &nbsp;congelamiento podrá solicitar a la autoridad judicial que ratificó la medida, el acceso a determinados fondos o activos congelados que sean necesarios para sufragar gastos básicos debidamente justificados, indicado para tal efecto el valor y ubicación de los fondos u activos requeridos.</p>

<p class="rtejustify"> Organizaciones como los gremiales, transportistas, profesiones de salud, mineros cooperativistas, trabajadores de la prensa y sectores cívicos observaron al menos ocho artículos del proyecto de ley 218 contra la  legitimación de ganancias Ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales.</p> <p class="rtejustify"> Algunos sectores no solo piden la modificación de dicha propuesta que está paralizada en la Cámara de Senadores, sino la anulación total para iniciar de cero, pero con previa socialización. A continuación detallamos algunos de los artículos cuestionados: </p> <p class="rtejustify"> <strong>Art. 3 </strong></p> <p class="rtejustify"> La ley será aplicada en instituciones públicas y privadas (…). Personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, cuyos actos, bienes y derechos, presuntamente sean objeto, producto o instrumento de actividades delictivas. </p> <p class="rtejustify"> <strong>Art. 11</strong></p> <p class="rtejustify"> No se podrá invocar secreto profesional, reserva de confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales y otro, cuando la UIF requiera información en el marco de sus atribuciones; esta información será obtenida de manera directa en el plazo y condiciones que la UIF establezca al efecto, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo alguno y estará libre de todo pago o costo judicial o administrativo. </p> <p class="rtejustify"> <strong>Art 15</strong></p> <p class="rtejustify"> Son autoridades de supervisión y/o regulación de los sujetos obligados que operan de acuerdo a sus respectivos ordenamientos sectoriales, la autoridad de supervisión del sistema financiero. ASFI y la autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Art. 17 </strong></p> <p class="rtejustify"> Se considera Sujeto Obligado a toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema financiero nacional, mercado de valores, seguros, pensiones, notarios de fe pública, abogados, contadores, juegos de azar o casinos, actividades comerciales, registro de comercio, control físico transfronterizo de divisas y otros que la UIF mediante Resolución Administrativa incluya en el ámbito de su regulación.</p> <p class="rtejustify"> La Unidad de Investigaciones Financieras tendrá la potestad para definir quiénes son esos "Sujetos Obligados". </p> <p class="rtejustify"> <strong>Art. 30</strong></p> <p class="rtejustify"> La investigación de delitos previstos en esta ley se llevará a cabo por la Fiscalía y la Policía a través de sus divisiones o unidades especializadas en legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Art. 31</strong></p> <p class="rtejustify"> En investigaciones de delitos de legitimación de ganancias ilícitas, el Ministerio Público con el apoyo de funciones de los investigadores policiales, podrán acceder a toda documentación e información física o informática que esté en poder de cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o privado, así como realizar búsqueda de personas, allanamientos de lugares específicos, toma de declaraciones a testigos, identificación de personas que controlan cuentas, identificación y rastreo de bienes sin previo aviso al titular, y todo acto necesario para la obtención de medios probatorios además de los establecidos en el procedimiento penal común y las leyes especiales.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Art. 38 </strong></p> <p class="rtejustify"> La sentencia condenatoria por la comisión del  delito de legitimación de ganancias ilícitas o de financiamiento del terrorismo, dispondrá la confiscación o decomiso a favor del Estado. </p> <p class="rtejustify"> <strong>Art. 58</strong></p> <p class="rtejustify"> El afectado por la medida de  congelamiento podrá solicitar a la autoridad judicial que ratificó la medida, el acceso a determinados fondos o activos congelados que sean necesarios para sufragar gastos básicos debidamente justificados, indicado para tal efecto el valor y ubicación de los fondos u activos requeridos.</p>

Organizaciones como los gremiales, transportistas, profesiones de salud, mineros cooperativistas, trabajadores de la prensa y sectores cívicos, observaron al menos ocho artículos del proyecto de ley 218 contra la  legitimación de ganancias Ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales.

Organizaciones como los gremiales, transportistas, profesiones de salud, mineros cooperativistas, trabajadores de la prensa y sectores cívicos, observaron al menos ocho artículos del proyecto de ley 218 contra la  legitimación de ganancias Ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales.

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