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<p> Un Gobierno no puede usar la pauta publicitaria pública como premio para los medios que repiten el discurso del poder y como castigo para otros que son independientes. Y tampoco usar el poder del Estado y los recursos de la hacienda pública para presionar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas… Todo esto atenta contra el derecho a la libertad de expresión, como expresa el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. <br> El experto en derecho a la libertad de expresión y en derechos humanos Joan Barata ratifica, en Estocolmo, donde asiste a un seminario sobre libertad de expresión, estos conceptos en una entrevista con Los Tiempos, que ha denunciado una estrategia de asfixia financiera y presión política en su contra.</p> <p> <strong>—En Bolivia, el Gobierno usa la pauta publicitaria pública como premio para los medios afines al MAS y como castigo a los medios independientes…</strong><br> —Es un problema que existe en diversas partes del mundo, no solamente en América Latina. Hay casos en África, en España y en otros países europeos. Es cierto que los poderes públicos tienen el derecho a comunicar, a contar e incluso a informar. El problema es que hay que regular esa comunicación correctamente, no puede utilizarse para transmitir mensajes políticos o partidistas, especialmente cerca de las elecciones o para la apología de la tarea hecha por un determinado Gobierno y eso hay que establecerlo claramente por ley.<br> Después hay otra cuestión, en cuanto al modo como se contratan las campañas de estas características. Tendría que existir transparencia, un equilibrio, una objetividad y una no discriminación a la hora de adjudicar las distintas campañas, de tal modo que no pueda hacerse un uso arbitrario, discrecional, al decir “yo le doy a este medio, no le doy a este otro medio” ya sea como mecanismo final de castigo indirecto a determinado tipo de medios o inclusive como herramienta indirecta para dar fondos a medios de comunicación a los que queremos favorecer. </p> <p> <strong>—Tomando en cuenta la perspectiva legal, ¿cuáles son los criterios para que la pauta no sea un premio o un castigo?</strong><br> —Creo que se debe garantizar, como mínimo, que desde el punto de vista de la posibilidad todos los medios de comunicación puedan acceder a la misma, en función, evidentemente, de su tamaño y de su impacto; por tanto, habría ahí que aplicar un principio básico de proporcionalidad, es decir, los medios más grandes, que tienen un mayor alcance, pueden tener acceso a un mayor grado de contratación, más que los medios pequeños; pero básicamente hay que establecer una regla de proporcionalidad e insisto: no abrir la puerta a la posibilidad de excluir a alguien, que todo medio de comunicación que quiera entrar en esa dinámica, o como mínimo pueda aplicar a esa posibilidad a partir de un procedimiento que se resuelva de manera transparente y objetiva.</p> <p> <strong>—El uso de la pauta y de medios indirectos del Estado, según el principio 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, acaba lesionando el derecho a la libertad de expresión, ¿es esto evidente?</strong><br> —Es una lesión al derecho a la libertad de expresión porque, primero, puedes suponer que determinados medios de comunicación se encuentran en una posición de inferioridad en el mercado frente a otros; finalmente, porque repercute en su propia subsistencia y afecta a la libertad de expresión desde el punto de vista del ciudadano y su derecho a recibir información de una diversidad de medios de comunicación que actúan de una forma estrictamente profesional, ahí se deforma también esa perspectiva de la libertad de expresión. </p> <p> <strong>—¿Y cómo afecta a la democracia?</strong><br> —Cualquier cosa que afecte a la libertad de expresión directamente afecta a la democracia, hay una conexión muy íntima entre el derecho a la libertad de expresión, que no tiene solamente una dimensión individual sino también una dimensión colectiva; hay una conexión muy directa: sin libertad de expresión no hay democracia. Y si se afecta la libertad de expresión o si la libertad de expresión es precaria la democracia es precaria, eso es automático, no hay probabilidades, es puramente automático. </p> <p> <strong>Los Gobiernos autoritarios y la pauta </strong></p> <p> <strong>—¿Son los Gobiernos que usan la pauta como premio o castigo más autoritarios?</strong><br> —Sin duda que sí. Cuando estuve en República Dominicana, me contaron que el presidente Joaquín Balaguer, que venía de la tradición más autoritaria, tenía tendencia a hacer ese tipo de anuncios y el eslogan era “Esto lo hizo Balaguer”. Queda claro, entonces, ese modo de publicitarse y de ganar autoridad y legitimidad en regímenes que tienen carencias democráticas.</p> <p> <strong>—En Bolivia, vemos que el MAS ha premiado a medios afines, convertidos en caja de resonancia del poder, mientras que a otros les ha cortado la pauta…</strong><br> —Es un fin completamente incompatible con los principios a los cuales me he referido antes, es una vulneración desde el punto de vista del Estado a la hora de facilitar un espacio de los medios de comunicación que sea abierto, plural, diverso y en el que todos los medios de comunicación tengan las mismas oportunidades de acceder a la información, de acceder a fuentes gubernamentales.</p>
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<p> Un Gobierno no puede usar la pauta publicitaria pública como premio para los medios que repiten el discurso del poder y como castigo para otros que son independientes. Y tampoco usar el poder del Estado y los recursos de la hacienda pública para presionar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas… Todo esto atenta contra el derecho a la libertad de expresión, como expresa el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. <br /><br /> El experto en derecho a la libertad de expresión y en derechos humanos Joan Barata ratifica, en Estocolmo, donde asiste a un seminario sobre libertad de expresión, estos conceptos en una entrevista con Los Tiempos, que ha denunciado una estrategia de asfixia financiera y presión política en su contra.</p> <p> <strong>—En Bolivia, el Gobierno usa la pauta publicitaria pública como premio para los medios afines al MAS y como castigo a los medios independientes…</strong><br /><br /> —Es un problema que existe en diversas partes del mundo, no solamente en América Latina. Hay casos en África, en España y en otros países europeos. Es cierto que los poderes públicos tienen el derecho a comunicar, a contar e incluso a informar. El problema es que hay que regular esa comunicación correctamente, no puede utilizarse para transmitir mensajes políticos o partidistas, especialmente cerca de las elecciones o para la apología de la tarea hecha por un determinado Gobierno y eso hay que establecerlo claramente por ley.<br /><br /> Después hay otra cuestión, en cuanto al modo como se contratan las campañas de estas características. Tendría que existir transparencia, un equilibrio, una objetividad y una no discriminación a la hora de adjudicar las distintas campañas, de tal modo que no pueda hacerse un uso arbitrario, discrecional, al decir “yo le doy a este medio, no le doy a este otro medio” ya sea como mecanismo final de castigo indirecto a determinado tipo de medios o inclusive como herramienta indirecta para dar fondos a medios de comunicación a los que queremos favorecer. </p> <p> <strong>—Tomando en cuenta la perspectiva legal, ¿cuáles son los criterios para que la pauta no sea un premio o un castigo?</strong><br /><br /> —Creo que se debe garantizar, como mínimo, que desde el punto de vista de la posibilidad todos los medios de comunicación puedan acceder a la misma, en función, evidentemente, de su tamaño y de su impacto; por tanto, habría ahí que aplicar un principio básico de proporcionalidad, es decir, los medios más grandes, que tienen un mayor alcance, pueden tener acceso a un mayor grado de contratación, más que los medios pequeños; pero básicamente hay que establecer una regla de proporcionalidad e insisto: no abrir la puerta a la posibilidad de excluir a alguien, que todo medio de comunicación que quiera entrar en esa dinámica, o como mínimo pueda aplicar a esa posibilidad a partir de un procedimiento que se resuelva de manera transparente y objetiva.</p> <p> <strong>—El uso de la pauta y de medios indirectos del Estado, según el principio 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, acaba lesionando el derecho a la libertad de expresión, ¿es esto evidente?</strong><br /><br /> —Es una lesión al derecho a la libertad de expresión porque, primero, puedes suponer que determinados medios de comunicación se encuentran en una posición de inferioridad en el mercado frente a otros; finalmente, porque repercute en su propia subsistencia y afecta a la libertad de expresión desde el punto de vista del ciudadano y su derecho a recibir información de una diversidad de medios de comunicación que actúan de una forma estrictamente profesional, ahí se deforma también esa perspectiva de la libertad de expresión. </p> <p> <strong>—¿Y cómo afecta a la democracia?</strong><br /><br /> —Cualquier cosa que afecte a la libertad de expresión directamente afecta a la democracia, hay una conexión muy íntima entre el derecho a la libertad de expresión, que no tiene solamente una dimensión individual sino también una dimensión colectiva; hay una conexión muy directa: sin libertad de expresión no hay democracia. Y si se afecta la libertad de expresión o si la libertad de expresión es precaria la democracia es precaria, eso es automático, no hay probabilidades, es puramente automático. </p> <p> <strong>Los Gobiernos autoritarios y la pauta </strong></p> <p> <strong>—¿Son los Gobiernos que usan la pauta como premio o castigo más autoritarios?</strong><br /><br /> —Sin duda que sí. Cuando estuve en República Dominicana, me contaron que el presidente Joaquín Balaguer, que venía de la tradición más autoritaria, tenía tendencia a hacer ese tipo de anuncios y el eslogan era “Esto lo hizo Balaguer”. 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