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<p class="rtejustify"> La fundación de defensa de derechos humanos Human Rights Watch, una de las más importantes del mundo en ese campo, dijo en su informe anual que el presidente Luis Arce "fracasó" en la reforma judicial que pretendía realizar y que el gobierno apoya acusaciones "infundadas y desproporcionadas" contra la expresidenta Jeanine Áñez.</p> <p class="rtejustify"> El informe, dado a conocer este jueves, hace un repaso de las violaciones a los derechos humanos sucedidas en Bolivia en 2022 y años anteriores. Establece que en las cárceles existe hacinamiento, que no se respetan los derechos de los pueblos indígenas, que la violencia contra la mujer está en aumento y que se utiliza a la justicia para perseguir a los opositores. La HRW tiene su base en Nueva York y supervisa la situación de los derechos humanos a nivel internacional.</p> <p class="rtejustify"> "El sistema de justicia de Bolivia sufrió los efectos de la interferencia política durante los gobiernos del expresidente Evo Morales (enero de 2006 a noviembre de 2019) y de la expresidenta interina Jeanine Áñez (noviembre de 2019 a noviembre de 2020)", dice el capítulo sobre Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> Agrega que "tras ganar las elecciones presidenciales en octubre de 2020, el presidente Arce señaló que el sistema de justicia debía ser independiente de la política, pero su gobierno ha fracasado en adoptar medidas concretas para reformarlo".</p> <p class="rtejustify"> Sobre la expresidenta Áñez asegura que el gobierno de Arce apoya acusaciones "infundadas y desproporcionadas" de terrorismo y genocidio contra ella y que esas figuras de uso muy amplio en Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> Tras recordar que el fiscal general Juan Lanchipa acusó a Áñez por genocidio en relación con dos eventos represivos que se produjeron durante su gobierno interino, Human Rights Watch examinó los documentos de la acusación y concluyó que los cargos de terrorismo y genocidio "eran infundados y manifiestamente desproporcionados".</p> <p class="rtejustify"> El reporte de HRW también denuncia la situación de los dos exministros de Áñez que están detenidos por delitos definidos de manera excesivamente amplia en Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> Haciéndose eco del informe de mayo de 2022 del relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán afirmó que "la injerencia en el sistema judicial de Bolivia es un problema persistente y de larga data".</p> <p class="rtejustify"> Además, casi el 50% de los jueces y el 70% de los fiscales permanecían como "transitorios".</p> <p class="rtejustify"> HRW también hace referencia al caso de la muerte de Marco Aramayo, en abril de 2022, quien murió en su séptimo año de detención en medio de graves denuncias de atención médica inadecuada y torturas. Aramayo, que fue director del Fondo Indígena, denunció corrupción de parte de autoridades del MAS y, en vez de que esas irregularidades fueran investigadas, Aramayo enfrentó decenas de procesos judiciales y, por los malos tratos recibidos y la falta de atención médica, falleció tras siete años de detención.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Muertos por represión</strong></p> <p class="rtejustify"> El documento de Human Rights Watch recuerda que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en virtud de un acuerdo del gobierno con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió un informe en agosto de 2021 en el cual documentó la muerte de 37 personas en el contexto de las protestas tras las elecciones de octubre de 2019.</p> <p class="rtejustify"> El informe documentó actos de violencia "instigados" por el gobierno de Morales, que incluyen lesiones, privación de la libertad y torturas a manifestantes contrarios a Morales. Indicó que la policía no había protegido a las personas de la violencia cometida tanto por partidarios como por detractores de Morales, y que en algunos lugares incluso había alentado y colaborado con grupos violentos contrarios a Morales que actuaban como fuerzas "parapoliciales".</p> <p class="rtejustify"> El informe también concluyó que, durante el gobierno de Áñez, las fuerzas de seguridad mataron a 20 partidarios de Morales e hirieron a más de 170 personas en las masacres de Sacaba, una ciudad en Cochabamba, y de Senkata, un barrio de El Alto.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Libertad de expresión</strong></p> <p class="rtejustify"> Respecto a los derechos de los periodistas y de la libertad de expresión, el informe de HRW menciona dos entidades: la Asociación Nacional de la Prensa y la Asociación de Periodistas de La Paz, que denunciaron actos de acoso contra periodistas.</p> <p class="rtejustify"> HRW menciona que en agosto, la Fiscalía anunció una investigación contra periodistas y presentadores que trabajaron para BTV durante el gobierno de Áñez, por presuntamente pagar al expresentador una remuneración superior a la permitida. Las acusaciones incluían delitos con una pena máxima de diez años de prisión.</p> <p class="rtejustify"> El reporte de HRW menciona que el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Raúl Peñaranda, consideró la investigación como un intento del gobierno de Arce, en colaboración con la Fiscalía, de intimidar al periodismo boliviano.</p> <p class="rtejustify"> También se hace mención a que Bolivia no cuenta con una ley que regule la asignación de pauta publicitaria por parte del Estado. De enero a agosto, el 80% de los contratos publicitarios estatales con la prensa escrita se había asignado al periódico oficialista La Razón. En Bolivia tampoco hay una ley que implemente el derecho de acceso a la información reconocido en su Constitución.</p>
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La HRW tiene su base en Nueva York y supervisa la situación de los derechos humanos a nivel internacional.</p> <p class="rtejustify"> "El sistema de justicia de Bolivia sufrió los efectos de la interferencia política durante los gobiernos del expresidente Evo Morales (enero de 2006 a noviembre de 2019) y de la expresidenta interina Jeanine Áñez (noviembre de 2019 a noviembre de 2020)", dice el capítulo sobre Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> Agrega que "tras ganar las elecciones presidenciales en octubre de 2020, el presidente Arce señaló que el sistema de justicia debía ser independiente de la política, pero su gobierno ha fracasado en adoptar medidas concretas para reformarlo".</p> <p class="rtejustify"> Sobre la expresidenta Áñez asegura que el gobierno de Arce apoya acusaciones "infundadas y desproporcionadas" de terrorismo y genocidio contra ella y que esas figuras de uso muy amplio en Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> Tras recordar que el fiscal general Juan Lanchipa acusó a Áñez por genocidio en relación con dos eventos represivos que se produjeron durante su gobierno interino, Human Rights Watch examinó los documentos de la acusación y concluyó que los cargos de terrorismo y genocidio "eran infundados y manifiestamente desproporcionados".</p> <p class="rtejustify"> El reporte de HRW también denuncia la situación de los dos exministros de Áñez que están detenidos por delitos definidos de manera excesivamente amplia en Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> Haciéndose eco del informe de mayo de 2022 del relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán afirmó que "la injerencia en el sistema judicial de Bolivia es un problema persistente y de larga data".</p> <p class="rtejustify"> Además, casi el 50% de los jueces y el 70% de los fiscales permanecían como "transitorios".</p> <p class="rtejustify"> HRW también hace referencia al caso de la muerte de Marco Aramayo, en abril de 2022, quien murió en su séptimo año de detención en medio de graves denuncias de atención médica inadecuada y torturas. 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<p class="rtejustify"> Varios congresistas de Estados Unidos (EEUU) emitieron una declaración conjunta en la que advirtieron de un retroceso democrático en Bolivia, tras las detenciones del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y la expresidenta Jeanine Áñez.</p> <p class="rtejustify"> “El presidente boliviano Luis Arce se enfrenta a una crítica prueba de liderazgo democrático: si resolver mezquinas venganzas políticas en nombre de su predecesor o hacer avanzar a su nación hacia la comunidad de democracias latinoamericanas”, indicaron en el pronunciamiento difundido por el diario paceño Página Siete.</p> <p class="rtejustify"> Los parlamentarios norteamericanos señalaron que existe un continuo retroceso democrático en Bolivia, en los últimos años, y mencionaron las detenciones de Áñez y Camacho.</p> <p class="rtejustify"> Áñez fue detenida en marzo de 2021 por el supuesto golpe de Estado. Fue sentenciada por el caso Golpe II y permanece recluida preventivamente por el caso Golpe I.</p> <p class="rtejustify"> Además, pesa en su contra el caso EBA, hecho registrado cuando Áñez ejercía la presidencia del país. La justicia dispuso que ese proceso sea juzgado en la vía ordinaria y no en un juicio de responsabilidades.</p> <p class="rtejustify"> Camacho guarda detención preventiva por cuatro meses, acusado por el caso Golpe I.</p> <p class="rtejustify"> Ante ese panorama, los parlamentarios de EEUU dijeron que los encarcelamientos de opositores políticos representan una muestra de autoritarismo.</p> <p class="rtejustify"> “El encarcelar absurdamente a opositores políticos representa una peligrosa muestra de autoritarismo y erosiona aún más la ya escasa confianza que muchos bolivianos y la comunidad internacional tienen en el sistema judicial del país”, manifestaron los legisladores en el documento.</p> <p class="rtejustify"> Alegaron que no puede llamarse democracia cuando se encarcela a los líderes opositores que compiten en las elecciones de un Estado.</p> <p class="rtejustify"> “Bolivia no puede ser una democracia si los líderes de la oposición compiten en las elecciones desde detrás de las rejas. Y ponerse regularmente del lado de la agresión militar rusa en votaciones en las Naciones Unidas no hace sino empañar aún más la credibilidad democrática de Bolivia”, indicaron.</p>
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<p class="rtejustify"> La defensa legal del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó que se interpondrá una denuncia de acción de protección a la privacidad, en contra de tres autoridades entre ellas el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, por divulgar fotografías sin autorización de la autoridad departamental en conferencia de prensa.<br> "Hemos presentado una acción de protección a la privacidad, entendiendo primero que los detenidos, privados de libertad tienen también derecho a que se les proteja su privacidad, más aún cuando se debe tratar al gobernador de Santa Cruz como un grupo vulnerable (...) a raíz de esta persecución política", manifestó su abogado Martín Camacho.<br> Esta medida también se ha interpuesto contra el gobernador de Chonchocoro y el director del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias. El recurso de acción de privacidad surge debido a que, la semana pasada, el ministro de Gobierno mostró en una conferencia de prensa la fotografía de la autoridad departamental al interior de la cárcel.<br> "Se mostró fotos del gobernador de Santa Cruz cuando estaba recibiendo su tratamiento médico en la posta del centro penitenciario de Chonchocoro. En esa conferencia se expuso su imagen tratando de mellar su dignidad, tratando de demostrar que estaba en una situación lastimosa. Hemos prestando el reclamo por la vía constitucional justamente para que las autoridades sean responsables de emitir criterios sobre situaciones que no deberían hacerlo", dijo el abogado.<br> El artículo 296, numeral 4 del Código de Procedimiento Penal es expreso, señala que en situaciones de aprehensión los miembros de la Policía deberán cumplir con principios básicos de actuación, por ejemplo: "No permitir que los detenidos sean presentados a ningún medio de comunicación social, sin su expreso consentimiento, el que se otorgará en presencia del defensor y se hará constar en las diligencias respectivas".<br> Sin embargo, el ministro Del Castillo de manera recurrente difunde las fotografías de personas aprehendidas y detenidas, más aún cuando se trata de casos vinculados a opositores, no se sabe si la autoridad lo hace con el consentimiento de los presuntos sospechosos del delito.<br> En el caso de Camacho, el 28 de diciembre cuando la autoridad fue aprehendida publicó en su Twitter la primera foto con un texto que decía: Comunicamos al pueblo boliviano que, tras la aprehensión de Luis Fernando Camacho, hemos instruido que se realice la valoración médica correspondiente, respetando los derechos constitucionales y derechos humanos como lo hacemos con cualquier persona privada de libertad".<br> La semana pasada, también difundieron una foto del gobernador en una cama en la habitación que ocupa en la cárcel, cuando ya estaba recibiendo su tratamiento médico. 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<p class="rtejustify"> La defensa legal del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó que se interpondrá una denuncia de acción de protección a la privacidad, en contra de tres autoridades entre ellas el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, por divulgar fotografías sin autorización de la autoridad departamental en conferencia de prensa.<br /><br /> "Hemos presentado una acción de protección a la privacidad, entendiendo primero que los detenidos, privados de libertad tienen también derecho a que se les proteja su privacidad, más aún cuando se debe tratar al gobernador de Santa Cruz como un grupo vulnerable (...) a raíz de esta persecución política", manifestó su abogado Martín Camacho.<br /><br /> Esta medida también se ha interpuesto contra el gobernador de Chonchocoro y el director del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias. 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Hemos prestando el reclamo por la vía constitucional justamente para que las autoridades sean responsables de emitir criterios sobre situaciones que no deberían hacerlo", dijo el abogado.<br /><br /> El artículo 296, numeral 4 del Código de Procedimiento Penal es expreso, señala que en situaciones de aprehensión los miembros de la Policía deberán cumplir con principios básicos de actuación, por ejemplo: "No permitir que los detenidos sean presentados a ningún medio de comunicación social, sin su expreso consentimiento, el que se otorgará en presencia del defensor y se hará constar en las diligencias respectivas".<br /><br /> Sin embargo, el ministro Del Castillo de manera recurrente difunde las fotografías de personas aprehendidas y detenidas, más aún cuando se trata de casos vinculados a opositores, no se sabe si la autoridad lo hace con el consentimiento de los presuntos sospechosos del delito.<br /><br /> En el caso de Camacho, el 28 de diciembre cuando la autoridad fue aprehendida publicó en su Twitter la primera foto con un texto que decía: Comunicamos al pueblo boliviano que, tras la aprehensión de Luis Fernando Camacho, hemos instruido que se realice la valoración médica correspondiente, respetando los derechos constitucionales y derechos humanos como lo hacemos con cualquier persona privada de libertad".<br /><br /> La semana pasada, también difundieron una foto del gobernador en una cama en la habitación que ocupa en la cárcel, cuando ya estaba recibiendo su tratamiento médico. 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La autoridad estaría ejerciendo sus funciones desde el penal.<br /><br /> "Mario Aguilera, mi persona, vicegobernador electo, no puede asumir el cargo de gobernador porque el cargo no está vacante; porque el gobernador es Luis Fernando Camacho", explicó la segunda autoridad en ejercicio del departamento, Aguilera.<br /><br /> En la conferencia de prensa conjunta con el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, Aguilera sostuvo que "no existe ninguna de las condiciones para aplicar la ausencia como lo establece el Estatuto Autonómico".</p>
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<p class="rtejustify"> La fundación de defensa de derechos humanos Human Rights Watch, una de las más importantes del mundo en ese campo, dijo en su informe anual que el presidente Luis Arce "fracasó" en la reforma judicial que pretendía realizar y que el gobierno apoya acusaciones "infundadas y desproporcionadas" contra la expresidenta Jeanine Áñez.</p> <p class="rtejustify"> El informe, dado a conocer este jueves, hace un repaso de las violaciones a los derechos humanos sucedidas en Bolivia en 2022 y años anteriores. Establece que en las cárceles existe hacinamiento, que no se respetan los derechos de los pueblos indígenas, que la violencia contra la mujer está en aumento y que se utiliza a la justicia para perseguir a los opositores. La HRW tiene su base en Nueva York y supervisa la situación de los derechos humanos a nivel internacional.</p> <p class="rtejustify"> "El sistema de justicia de Bolivia sufrió los efectos de la interferencia política durante los gobiernos del expresidente Evo Morales (enero de 2006 a noviembre de 2019) y de la expresidenta interina Jeanine Áñez (noviembre de 2019 a noviembre de 2020)", dice el capítulo sobre Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> Agrega que "tras ganar las elecciones presidenciales en octubre de 2020, el presidente Arce señaló que el sistema de justicia debía ser independiente de la política, pero su gobierno ha fracasado en adoptar medidas concretas para reformarlo".</p> <p class="rtejustify"> Sobre la expresidenta Áñez asegura que el gobierno de Arce apoya acusaciones "infundadas y desproporcionadas" de terrorismo y genocidio contra ella y que esas figuras de uso muy amplio en Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> Tras recordar que el fiscal general Juan Lanchipa acusó a Áñez por genocidio en relación con dos eventos represivos que se produjeron durante su gobierno interino, Human Rights Watch examinó los documentos de la acusación y concluyó que los cargos de terrorismo y genocidio "eran infundados y manifiestamente desproporcionados".</p> <p class="rtejustify"> El reporte de HRW también denuncia la situación de los dos exministros de Áñez que están detenidos por delitos definidos de manera excesivamente amplia en Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> Haciéndose eco del informe de mayo de 2022 del relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán afirmó que "la injerencia en el sistema judicial de Bolivia es un problema persistente y de larga data".</p> <p class="rtejustify"> Además, casi el 50% de los jueces y el 70% de los fiscales permanecían como "transitorios".</p> <p class="rtejustify"> HRW también hace referencia al caso de la muerte de Marco Aramayo, en abril de 2022, quien murió en su séptimo año de detención en medio de graves denuncias de atención médica inadecuada y torturas. Aramayo, que fue director del Fondo Indígena, denunció corrupción de parte de autoridades del MAS y, en vez de que esas irregularidades fueran investigadas, Aramayo enfrentó decenas de procesos judiciales y, por los malos tratos recibidos y la falta de atención médica, falleció tras siete años de detención.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Muertos por represión</strong></p> <p class="rtejustify"> El documento de Human Rights Watch recuerda que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en virtud de un acuerdo del gobierno con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió un informe en agosto de 2021 en el cual documentó la muerte de 37 personas en el contexto de las protestas tras las elecciones de octubre de 2019.</p> <p class="rtejustify"> El informe documentó actos de violencia "instigados" por el gobierno de Morales, que incluyen lesiones, privación de la libertad y torturas a manifestantes contrarios a Morales. Indicó que la policía no había protegido a las personas de la violencia cometida tanto por partidarios como por detractores de Morales, y que en algunos lugares incluso había alentado y colaborado con grupos violentos contrarios a Morales que actuaban como fuerzas "parapoliciales".</p> <p class="rtejustify"> El informe también concluyó que, durante el gobierno de Áñez, las fuerzas de seguridad mataron a 20 partidarios de Morales e hirieron a más de 170 personas en las masacres de Sacaba, una ciudad en Cochabamba, y de Senkata, un barrio de El Alto.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Libertad de expresión</strong></p> <p class="rtejustify"> Respecto a los derechos de los periodistas y de la libertad de expresión, el informe de HRW menciona dos entidades: la Asociación Nacional de la Prensa y la Asociación de Periodistas de La Paz, que denunciaron actos de acoso contra periodistas.</p> <p class="rtejustify"> HRW menciona que en agosto, la Fiscalía anunció una investigación contra periodistas y presentadores que trabajaron para BTV durante el gobierno de Áñez, por presuntamente pagar al expresentador una remuneración superior a la permitida. Las acusaciones incluían delitos con una pena máxima de diez años de prisión.</p> <p class="rtejustify"> El reporte de HRW menciona que el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Raúl Peñaranda, consideró la investigación como un intento del gobierno de Arce, en colaboración con la Fiscalía, de intimidar al periodismo boliviano.</p> <p class="rtejustify"> También se hace mención a que Bolivia no cuenta con una ley que regule la asignación de pauta publicitaria por parte del Estado. De enero a agosto, el 80% de los contratos publicitarios estatales con la prensa escrita se había asignado al periódico oficialista La Razón. En Bolivia tampoco hay una ley que implemente el derecho de acceso a la información reconocido en su Constitución.</p>
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<p class="rtejustify"> La fundación de defensa de derechos humanos Human Rights Watch, una de las más importantes del mundo en ese campo, dijo en su informe anual que el presidente Luis Arce "fracasó" en la reforma judicial que pretendía realizar y que el gobierno apoya acusaciones "infundadas y desproporcionadas" contra la expresidenta Jeanine Áñez.</p> <p class="rtejustify"> El informe, dado a conocer este jueves, hace un repaso de las violaciones a los derechos humanos sucedidas en Bolivia en 2022 y años anteriores. Establece que en las cárceles existe hacinamiento, que no se respetan los derechos de los pueblos indígenas, que la violencia contra la mujer está en aumento y que se utiliza a la justicia para perseguir a los opositores. La HRW tiene su base en Nueva York y supervisa la situación de los derechos humanos a nivel internacional.</p> <p class="rtejustify"> "El sistema de justicia de Bolivia sufrió los efectos de la interferencia política durante los gobiernos del expresidente Evo Morales (enero de 2006 a noviembre de 2019) y de la expresidenta interina Jeanine Áñez (noviembre de 2019 a noviembre de 2020)", dice el capítulo sobre Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> Agrega que "tras ganar las elecciones presidenciales en octubre de 2020, el presidente Arce señaló que el sistema de justicia debía ser independiente de la política, pero su gobierno ha fracasado en adoptar medidas concretas para reformarlo".</p> <p class="rtejustify"> Sobre la expresidenta Áñez asegura que el gobierno de Arce apoya acusaciones "infundadas y desproporcionadas" de terrorismo y genocidio contra ella y que esas figuras de uso muy amplio en Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> Tras recordar que el fiscal general Juan Lanchipa acusó a Áñez por genocidio en relación con dos eventos represivos que se produjeron durante su gobierno interino, Human Rights Watch examinó los documentos de la acusación y concluyó que los cargos de terrorismo y genocidio "eran infundados y manifiestamente desproporcionados".</p> <p class="rtejustify"> El reporte de HRW también denuncia la situación de los dos exministros de Áñez que están detenidos por delitos definidos de manera excesivamente amplia en Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> Haciéndose eco del informe de mayo de 2022 del relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán afirmó que "la injerencia en el sistema judicial de Bolivia es un problema persistente y de larga data".</p> <p class="rtejustify"> Además, casi el 50% de los jueces y el 70% de los fiscales permanecían como "transitorios".</p> <p class="rtejustify"> HRW también hace referencia al caso de la muerte de Marco Aramayo, en abril de 2022, quien murió en su séptimo año de detención en medio de graves denuncias de atención médica inadecuada y torturas. 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<p class="rtejustify"> La fundación de defensa de derechos humanos Human Rights Watch, una de las más importantes del mundo en ese campo, dijo en su informe anual que el presidente Luis Arce "fracasó" en la reforma judicial que pretendía realizar y que el gobierno apoya acusaciones "infundadas y desproporcionadas" contra la expresidenta Jeanine Áñez.</p> <p class="rtejustify"> El informe, dado a conocer este jueves, hace un repaso de las violaciones a los derechos humanos sucedidas en Bolivia en 2022 y años anteriores. Establece que en las cárceles existe hacinamiento, que no se respetan los derechos de los pueblos indígenas, que la violencia contra la mujer está en aumento y que se utiliza a la justicia para perseguir a los opositores. 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Vicegobernador cruceño asegura que Camacho firma resoluciones desde la cárcel
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Presentarán acción en contra del ministro de Gobierno por violar la privacidad de Camacho
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Krumo version 0.2.1a
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