<p class="rtejustify"> La violencia ejercida el martes pasado por funcionarios públicos en contra de los movilizados en la ciudad de La Paz responde a unos ocho delitos y vulnera preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE), cuya responsabilidad pesa sobre el Gobierno del presidente Luis Arce, señalaron a este medio analistas políticos.</p> <p class="rtejustify"> El analista Carlos Alberto Goitia aseguró que el Gobierno viola los derechos humanos y sus actores son responsables penalmente cuando “incitan, fomentan, articulan, dirigen o socapan grupos paraestatales, más aún cuando se trata de funcionarios públicos”.</p> <p class="rtejustify"> Para Goitia, los funcionarios que participaron de ese tipo de actos deben ser sometidos a la justicia porque su accionar es delictivo y tiene penas de hasta 12 años de cárcel. “El hecho de apuntar explosivos contra la humanidad de los que marchaban debiera dar lugar a la sanción de sus autores por tentativa de homicidio y por los delitos de lesiones”, aseguró.</p> <p class="rtejustify"> Goitia sostuvo que, en todos estos casos, el Gobierno central es el responsable de la violación de derechos humanos y la violencia existente en el país. “Un buen gobierno genera paz, un mal gobierno no controla la violencia y más bien la fomenta”.</p> <p class="rtejustify"> Aclaró que la violación a los derechos humanos cometida por el Gobierno es mayor cuando no se impulsan los procesos judiciales a los servidores públicos con el fin de fomentar la impunidad de los delitos. “Se apaña esa violencia”, mencionó.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Constitución </strong></p> <p class="rtejustify"> El Gobierno vulnera lo previsto en el artículo 9.4 de la Constitución, que señala que uno de los fines y funciones del Estado es “garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”.</p> <p class="rtejustify"> Añadió que en el artículo 110 se señala que “las personas que vulneren los derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas. “En ese marco, los actores de gobierno que promueven esos grupos paraestatales, adecuan su conducta a varios delitos”.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Sanciones para Bolivia</strong></p> <p class="rtejustify"> Por su parte, el activista de los derechos humanos Franco Albarracín sostuvo que se suman las sanciones para Bolivia por organismos internacionales por la vulneración de los derechos humanos.</p> <p class="rtejustify"> Mencionó, por ejemplo, el incumplimiento del Gobierno a la recomendación de desarticular los grupos paraestatales en Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> Lamentó que hasta e l momento no se hayan pronunciado de oficio las instituciones llamadas para investigar los hechos de violencia, dar con los autores y sancionarlos. “Hay evidencias claras, incluso registradas en video, y hay testimonios de periodistas que fueron víctimas de la violencia”, indicó.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>Delitos cometidos</strong></p> <p class="rtejustify"> Los abogados Carlos Alberto Goitia y Franco Albarracín identificaron al menos ocho delitos cometidos por los funcionarios públicos durante la represión a la gente que se movilizó en La Paz, de acuerdo con el Código Penal:</p> <p class="rtejustify"> *Artículo 130. Instigación pública a delinquir.</p> <p class="rtejustify"> *Artículo 131. Apología pública de un delito.</p> <p class="rtejustify"> *Artículo 132. Organización criminal.</p> <p class="rtejustify"> *Artículo 178. Omisión de denuncia.</p> <p class="rtejustify"> *Artículo 134. Desórdenes o perturbaciones públicas.</p> <p class="rtejustify"> *Artículo 270. Lesiones gravísimas.</p> <p class="rtejustify"> *Artículo 271. Lesiones graves y leves.</p> <p class="rtejustify"> Además de las agravantes por tratarse de funcionarios que deben cumplir un estatuto.</p>

<p class="rtejustify"> La violencia ejercida el martes pasado por funcionarios públicos en contra de los movilizados en la ciudad de La Paz responde a unos ocho delitos y vulnera preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE), cuya responsabilidad pesa sobre el Gobierno del presidente Luis Arce, señalaron a este medio analistas políticos.</p> <p class="rtejustify"> El analista Carlos Alberto Goitia aseguró que el Gobierno viola los derechos humanos y sus actores son responsables penalmente cuando “incitan, fomentan, articulan, dirigen o socapan grupos paraestatales, más aún cuando se trata de funcionarios públicos”.</p> <p class="rtejustify"> Para Goitia, los funcionarios que participaron de ese tipo de actos deben ser sometidos a la justicia porque su accionar es delictivo y tiene penas de hasta 12 años de cárcel. “El hecho de apuntar explosivos contra la humanidad de los que marchaban debiera dar lugar a la sanción de sus autores por tentativa de homicidio y por los delitos de lesiones”, aseguró.</p> <p class="rtejustify"> Goitia sostuvo que, en todos estos casos, el Gobierno central es el responsable de la violación de derechos humanos y la violencia existente en el país. “Un buen gobierno genera paz, un mal gobierno no controla la violencia y más bien la fomenta”.</p> <p class="rtejustify"> Aclaró que la violación a los derechos humanos cometida por el Gobierno es mayor cuando no se impulsan los procesos judiciales a los servidores públicos con el fin de fomentar la impunidad de los delitos. “Se apaña esa violencia”, mencionó.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Constitución </strong></p> <p class="rtejustify"> El Gobierno vulnera lo previsto en el artículo 9.4 de la Constitución, que señala que uno de los fines y funciones del Estado es “garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”.</p> <p class="rtejustify"> Añadió que en el artículo 110 se señala que “las personas que vulneren los derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas. “En ese marco, los actores de gobierno que promueven esos grupos paraestatales, adecuan su conducta a varios delitos”.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Sanciones para Bolivia</strong></p> <p class="rtejustify"> Por su parte, el activista de los derechos humanos Franco Albarracín sostuvo que se suman las sanciones para Bolivia por organismos internacionales por la vulneración de los derechos humanos.</p> <p class="rtejustify"> Mencionó, por ejemplo, el incumplimiento del Gobierno a la recomendación de desarticular los grupos paraestatales en Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> Lamentó que hasta e l momento no se hayan pronunciado de oficio las instituciones llamadas para investigar los hechos de violencia, dar con los autores y sancionarlos. “Hay evidencias claras, incluso registradas en video, y hay testimonios de periodistas que fueron víctimas de la violencia”, indicó.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rtejustify"> <strong>Delitos cometidos</strong></p> <p class="rtejustify"> Los abogados Carlos Alberto Goitia y Franco Albarracín identificaron al menos ocho delitos cometidos por los funcionarios públicos durante la represión a la gente que se movilizó en La Paz, de acuerdo con el Código Penal:</p> <p class="rtejustify"> *Artículo 130. Instigación pública a delinquir.</p> <p class="rtejustify"> *Artículo 131. Apología pública de un delito.</p> <p class="rtejustify"> *Artículo 132. Organización criminal.</p> <p class="rtejustify"> *Artículo 178. Omisión de denuncia.</p> <p class="rtejustify"> *Artículo 134. Desórdenes o perturbaciones públicas.</p> <p class="rtejustify"> *Artículo 270. Lesiones gravísimas.</p> <p class="rtejustify"> *Artículo 271. Lesiones graves y leves.</p> <p class="rtejustify"> Además de las agravantes por tratarse de funcionarios que deben cumplir un estatuto.</p>

La violencia ejercida el martes pasado por funcionarios públicos en contra de los movilizados en la ciudad de La Paz responde a unos ocho delitos y vulnera preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE), cuya responsabilidad pesa sobre el Gobierno del presidente Luis Arce, señalaron a este medio analistas políticos.

La violencia ejercida el martes pasado por funcionarios públicos en contra de los movilizados en la ciudad de La Paz responde a unos ocho delitos y vulnera preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE), cuya responsabilidad pesa sobre el Gobierno del presidente Luis Arce, señalaron a este medio analistas políticos.