Abogados: Delitos de “grupos de choque” comprometen al Gobierno
La violencia ejercida el martes pasado por funcionarios públicos en contra de los movilizados en la ciudad de La Paz responde a unos ocho delitos y vulnera preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE), cuya responsabilidad pesa sobre el Gobierno del presidente Luis Arce, señalaron a este medio analistas políticos.
El analista Carlos Alberto Goitia aseguró que el Gobierno viola los derechos humanos y sus actores son responsables penalmente cuando “incitan, fomentan, articulan, dirigen o socapan grupos paraestatales, más aún cuando se trata de funcionarios públicos”.
Para Goitia, los funcionarios que participaron de ese tipo de actos deben ser sometidos a la justicia porque su accionar es delictivo y tiene penas de hasta 12 años de cárcel. “El hecho de apuntar explosivos contra la humanidad de los que marchaban debiera dar lugar a la sanción de sus autores por tentativa de homicidio y por los delitos de lesiones”, aseguró.
Goitia sostuvo que, en todos estos casos, el Gobierno central es el responsable de la violación de derechos humanos y la violencia existente en el país. “Un buen gobierno genera paz, un mal gobierno no controla la violencia y más bien la fomenta”.
Aclaró que la violación a los derechos humanos cometida por el Gobierno es mayor cuando no se impulsan los procesos judiciales a los servidores públicos con el fin de fomentar la impunidad de los delitos. “Se apaña esa violencia”, mencionó.
Constitución
El Gobierno vulnera lo previsto en el artículo 9.4 de la Constitución, que señala que uno de los fines y funciones del Estado es “garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”.
Añadió que en el artículo 110 se señala que “las personas que vulneren los derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas. “En ese marco, los actores de gobierno que promueven esos grupos paraestatales, adecuan su conducta a varios delitos”.
Sanciones para Bolivia
Por su parte, el activista de los derechos humanos Franco Albarracín sostuvo que se suman las sanciones para Bolivia por organismos internacionales por la vulneración de los derechos humanos.
Mencionó, por ejemplo, el incumplimiento del Gobierno a la recomendación de desarticular los grupos paraestatales en Bolivia.
Lamentó que hasta e l momento no se hayan pronunciado de oficio las instituciones llamadas para investigar los hechos de violencia, dar con los autores y sancionarlos. “Hay evidencias claras, incluso registradas en video, y hay testimonios de periodistas que fueron víctimas de la violencia”, indicó.
Delitos cometidos
Los abogados Carlos Alberto Goitia y Franco Albarracín identificaron al menos ocho delitos cometidos por los funcionarios públicos durante la represión a la gente que se movilizó en La Paz, de acuerdo con el Código Penal:
*Artículo 130. Instigación pública a delinquir.
*Artículo 131. Apología pública de un delito.
*Artículo 132. Organización criminal.
*Artículo 178. Omisión de denuncia.
*Artículo 134. Desórdenes o perturbaciones públicas.
*Artículo 270. Lesiones gravísimas.
*Artículo 271. Lesiones graves y leves.
Además de las agravantes por tratarse de funcionarios que deben cumplir un estatuto.
