<p class="rtejustify"> La falta de atención de la salud e incluso la tortura son las vulneraciones sistemáticas de los derechos de los privados de libertad que incomodan al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), aseguraron activistas de derechos humanos y abogados de las víctimas. Además, identificaron al menos ocho casos emblemáticos en los últimos 10 años.</p> <p class="rtejustify"> El activista de derechos humanos Franco Albarracín y el abogado Eusebio Vera mencionaron los casos del expresidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), José María Bakovic, Marco Antonio Aramayo, César Apaza, la expresidenta Jeanine Áñez, la exministra Eidy Roca y el gobernador Fernando Camacho, entre los más conocidos.</p> <p class="rtejustify"> Albarracín advirtió que los hechos no son aislados, más bien hay un patrón común de amedrentamiento y vulneración sistemática de los derechos humanos. “Se inicia un proceso penal que está viciado de varias irregularidades y una vez que están recluidos se restringe el derecho a recibir atención médica”, sostuvo.</p> <p class="rtejustify"> El abogado Eusebio Vera señaló que el Gobierno ejerce persecuciones &nbsp;judiciales contra los opositores, vulnerando así sus derechos fundamentales a la salud y a la vida. De esta manera, se vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) y los convenios internacionales de defensa de los derechos humanos.</p> <p class="rtejustify"> Para los entrevistados, la primera víctima de la vulneración al derecho a la salud y a la vida fue José María Bakovic, quien fue perseguido judicialmente con más de 70 investigaciones abiertas y juicios penales.</p> <p class="rtejustify"> Bakovic tenía 75 años y padecía 11 enfermedades. Sin embargo, una junta médica del Instituto de Investigaciones Forenses (IDF) autorizó su viaje a La Paz, lo que derivó en un paro cardiaco y su posterior muerte, en octubre de 2013.</p> <p class="rtejustify"> “Fue víctima del abuso y el acoso judicial al que fue sometido, porque se vio obligado a llegar a La Paz por las audiencias que tenía, pese al deterioro de su salud y a su avanzada edad”, dijo Vera.</p> <p class="rtejustify"> Albarracín advirtió que en todos los casos cuestionados se niega el acceso a la atención médica. “No son acciones aisladas, sino que son planificadas con la intención de afectar a la integridad física de las víctimas, con el fin de &nbsp;atentar contra la salud, la integridad y la vida de las personas que están con detención preventiva o que, en algún momento, son perseguidas por la justicia”, asegura.</p> <p class="rtejustify"> “En el caso de los opositores políticos son detenidos de manera ilegal, irregular y violenta e incluso con denuncias de tortura”, señaló Albarracín.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Jeanine Áñez</strong><br> En abril de 2021, la expresidenta Jeanine Áñez fue recluida en la cárcel de Miraflores por el denominado caso Golpe I. Su estado de salud se deterioró y, pese a que una junta médica recomendó su traslado, el médico del penal sostuvo que su situación de privación de libertad no le permitía ser tratada como cualquier paciente.</p> <p class="rtejustify"> Vera mencionó también las vulneraciones al debido proceso, las garantías constitucionales, derecho a la salud, presunción de inocencia y a la independencia de la justicia en un proceso con altos componentes de injerencia política.</p> <p class="rtejustify"> El abogado Jorge Valda indicó que la vulneración “se expresa en las negativas de otorgar cesación de la detención preventiva por detención domiciliaria, pese a que la defensa presenta pruebas que desvirtúan los riesgos procesales subjetivos señalados”.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Marco Antonio Aramayo</strong><br> En abril de 2022, el exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo murió por falta de atención médica, luego de permanecer más de siete años con detención preventiva. De acuerdo con el informe del Instituto de Terapia a Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia del Estado (ITEI), en 17 ocasiones se le prohibió el acceso de atención médica, dijo el abogado de la víctima.</p> <p class="rtejustify"> Eusebio Vera, abogado de Aramayo, recuerdó que su salud se deterioró por los golpes que recibía y los constantes traslados y el maltrato en la cárcel.</p> <p class="rtejustify"> El exdirector del Fondo Indígena enfrentaba 256 procesos por corrupción. “Lo han terminado matando”, indicó Franco Albarracín.</p> <p class="rtejustify"> A un año de la muerte del dirigente, su defensa sigue recibiendo notificaciones de distintos estrados judiciales citando a Aramayo.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Luis Fernando Camacho</strong><br> En diciembre de 2022, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue detenido y trasladado al penal de máxima seguridad en Chonchocoro, en La Paz. Allí su salud se agravó porque no recibió el tratamiento para las dos enfermedades crónicas que padece: hipogamaglobulinemia y síndrome de Churg-Strauss, que comprometen su sistema autoinmune. “El Gobierno quiere ver muerto a Camacho, &nbsp;no se le otorgó la atención médica necesaria, adecuada e idónea que el necesita”, aseguró Vera.</p> <p class="rtejustify"> Para Albarracín, se trata de omisiones que derivarán en procesos en contra del Estado boliviano por parte de organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el incumplimiento al derecho a la salud de los privados de libertad opositores al Gobierno de turno.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Juan Carlos Manuel</strong><br> En enero de este año, el expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Juan Carlos Manuel falleció a causa de complicaciones por una enfermedad de base que no fue atendida de forma oportuna.</p> <p class="rtejustify"> A finales de 2021, se declaró en la clandestinidad, luego de que la Fiscalía emitió una orden de aprehensión en su contra por la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED), en noviembre de 2019.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> “Si no los detienen, los persiguen y se ven forzados a vivir en la clandestinidad. De esta manera, se le restringen sus derechos a atender su salud y terminan falleciendo”, dijo Albarracín.</p> <p class="rtejustify"> <strong>César Apaza</strong><br> En febrero de este año, el expresidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), César Apaza, sufrió una preembolia en la cárcel de Chonchocoro, debido a la falta de atención médica.&nbsp;</p> <p class="rtejustify"> Fue internado en el Hospital de Clínicas, pero dos meses después, pese a que no se vale por sí mismo, fue trasladado al recinto carcelario donde permanece. “Se trata de una venganza sañuda del Gobierno por las declaraciones del dirigente contra el Gobierno”, aseguró Vera.</p> <p class="rtejustify"> Para Albarracín, se trata de actos inhumanos con personas que se encuentran vulnerables por su condición de privación de libertad, sin una sentencia condenatoria.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Elvira Parra</strong><br> En marzo de 2023, la exdirectora ejecutiva del Fondo Indígena, Elvira Parra, logró la detención domiciliaria tras ocho años de reclusión y denunció que no le dieron permiso para atender su salud, aunque ella padece dos enfermedades crónicas: diabetes e hipertensión arterial.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Eidy Roca</strong><br> El último caso conocido fue de la exministra de Salud, Eidy Roca, que peregrinó un año en estrados judiciales. Después de cumplir las exigencias extremas dictadas por el juez Presbítero Rodríguez, obtuvo permiso para tratar la enfermedad degenerativa que padece, en Argentina.</p> <p class="rtejustify"> Sobre el caso, Valda señaló una actitud de crueldad de parte del juez a cargo del proceso de la exministra por la dilatación de los trámites, pese a la gravedad de Roca.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rtejustify rteindent1"> <strong>Derecho humano</strong><br> Los ciudadanos, sin discriminación alguna, deben recibir atención en salud oportuna, apropiada, accesible, de calidad y con calidez. El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos, como al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la no discriminación, a la igualdad y a la información.&nbsp;</p> <p class="rtejustify rteindent1"> El artículo 37 de la CPE establece que el Estado boliviano tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud.<br> &nbsp;</p>

<p class="rtejustify"> La falta de atención de la salud e incluso la tortura son las vulneraciones sistemáticas de los derechos de los privados de libertad que incomodan al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), aseguraron activistas de derechos humanos y abogados de las víctimas. Además, identificaron al menos ocho casos emblemáticos en los últimos 10 años.</p> <p class="rtejustify"> El activista de derechos humanos Franco Albarracín y el abogado Eusebio Vera mencionaron los casos del expresidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), José María Bakovic, Marco Antonio Aramayo, César Apaza, la expresidenta Jeanine Áñez, la exministra Eidy Roca y el gobernador Fernando Camacho, entre los más conocidos.</p> <p class="rtejustify"> Albarracín advirtió que los hechos no son aislados, más bien hay un patrón común de amedrentamiento y vulneración sistemática de los derechos humanos. “Se inicia un proceso penal que está viciado de varias irregularidades y una vez que están recluidos se restringe el derecho a recibir atención médica”, sostuvo.</p> <p class="rtejustify"> El abogado Eusebio Vera señaló que el Gobierno ejerce persecuciones  judiciales contra los opositores, vulnerando así sus derechos fundamentales a la salud y a la vida. De esta manera, se vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) y los convenios internacionales de defensa de los derechos humanos.</p> <p class="rtejustify"> Para los entrevistados, la primera víctima de la vulneración al derecho a la salud y a la vida fue José María Bakovic, quien fue perseguido judicialmente con más de 70 investigaciones abiertas y juicios penales.</p> <p class="rtejustify"> Bakovic tenía 75 años y padecía 11 enfermedades. Sin embargo, una junta médica del Instituto de Investigaciones Forenses (IDF) autorizó su viaje a La Paz, lo que derivó en un paro cardiaco y su posterior muerte, en octubre de 2013.</p> <p class="rtejustify"> “Fue víctima del abuso y el acoso judicial al que fue sometido, porque se vio obligado a llegar a La Paz por las audiencias que tenía, pese al deterioro de su salud y a su avanzada edad”, dijo Vera.</p> <p class="rtejustify"> Albarracín advirtió que en todos los casos cuestionados se niega el acceso a la atención médica. “No son acciones aisladas, sino que son planificadas con la intención de afectar a la integridad física de las víctimas, con el fin de  atentar contra la salud, la integridad y la vida de las personas que están con detención preventiva o que, en algún momento, son perseguidas por la justicia”, asegura.</p> <p class="rtejustify"> “En el caso de los opositores políticos son detenidos de manera ilegal, irregular y violenta e incluso con denuncias de tortura”, señaló Albarracín.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Jeanine Áñez</strong><br /><br /> En abril de 2021, la expresidenta Jeanine Áñez fue recluida en la cárcel de Miraflores por el denominado caso Golpe I. Su estado de salud se deterioró y, pese a que una junta médica recomendó su traslado, el médico del penal sostuvo que su situación de privación de libertad no le permitía ser tratada como cualquier paciente.</p> <p class="rtejustify"> Vera mencionó también las vulneraciones al debido proceso, las garantías constitucionales, derecho a la salud, presunción de inocencia y a la independencia de la justicia en un proceso con altos componentes de injerencia política.</p> <p class="rtejustify"> El abogado Jorge Valda indicó que la vulneración “se expresa en las negativas de otorgar cesación de la detención preventiva por detención domiciliaria, pese a que la defensa presenta pruebas que desvirtúan los riesgos procesales subjetivos señalados”.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Marco Antonio Aramayo</strong><br /><br /> En abril de 2022, el exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo murió por falta de atención médica, luego de permanecer más de siete años con detención preventiva. De acuerdo con el informe del Instituto de Terapia a Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia del Estado (ITEI), en 17 ocasiones se le prohibió el acceso de atención médica, dijo el abogado de la víctima.</p> <p class="rtejustify"> Eusebio Vera, abogado de Aramayo, recuerdó que su salud se deterioró por los golpes que recibía y los constantes traslados y el maltrato en la cárcel.</p> <p class="rtejustify"> El exdirector del Fondo Indígena enfrentaba 256 procesos por corrupción. “Lo han terminado matando”, indicó Franco Albarracín.</p> <p class="rtejustify"> A un año de la muerte del dirigente, su defensa sigue recibiendo notificaciones de distintos estrados judiciales citando a Aramayo.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Luis Fernando Camacho</strong><br /><br /> En diciembre de 2022, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue detenido y trasladado al penal de máxima seguridad en Chonchocoro, en La Paz. Allí su salud se agravó porque no recibió el tratamiento para las dos enfermedades crónicas que padece: hipogamaglobulinemia y síndrome de Churg-Strauss, que comprometen su sistema autoinmune. “El Gobierno quiere ver muerto a Camacho,  no se le otorgó la atención médica necesaria, adecuada e idónea que el necesita”, aseguró Vera.</p> <p class="rtejustify"> Para Albarracín, se trata de omisiones que derivarán en procesos en contra del Estado boliviano por parte de organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el incumplimiento al derecho a la salud de los privados de libertad opositores al Gobierno de turno.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Juan Carlos Manuel</strong><br /><br /> En enero de este año, el expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Juan Carlos Manuel falleció a causa de complicaciones por una enfermedad de base que no fue atendida de forma oportuna.</p> <p class="rtejustify"> A finales de 2021, se declaró en la clandestinidad, luego de que la Fiscalía emitió una orden de aprehensión en su contra por la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED), en noviembre de 2019. </p> <p class="rtejustify"> “Si no los detienen, los persiguen y se ven forzados a vivir en la clandestinidad. De esta manera, se le restringen sus derechos a atender su salud y terminan falleciendo”, dijo Albarracín.</p> <p class="rtejustify"> <strong>César Apaza</strong><br /><br /> En febrero de este año, el expresidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), César Apaza, sufrió una preembolia en la cárcel de Chonchocoro, debido a la falta de atención médica. </p> <p class="rtejustify"> Fue internado en el Hospital de Clínicas, pero dos meses después, pese a que no se vale por sí mismo, fue trasladado al recinto carcelario donde permanece. “Se trata de una venganza sañuda del Gobierno por las declaraciones del dirigente contra el Gobierno”, aseguró Vera.</p> <p class="rtejustify"> Para Albarracín, se trata de actos inhumanos con personas que se encuentran vulnerables por su condición de privación de libertad, sin una sentencia condenatoria.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Elvira Parra</strong><br /><br /> En marzo de 2023, la exdirectora ejecutiva del Fondo Indígena, Elvira Parra, logró la detención domiciliaria tras ocho años de reclusión y denunció que no le dieron permiso para atender su salud, aunque ella padece dos enfermedades crónicas: diabetes e hipertensión arterial.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Eidy Roca</strong><br /><br /> El último caso conocido fue de la exministra de Salud, Eidy Roca, que peregrinó un año en estrados judiciales. Después de cumplir las exigencias extremas dictadas por el juez Presbítero Rodríguez, obtuvo permiso para tratar la enfermedad degenerativa que padece, en Argentina.</p> <p class="rtejustify"> Sobre el caso, Valda señaló una actitud de crueldad de parte del juez a cargo del proceso de la exministra por la dilatación de los trámites, pese a la gravedad de Roca.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rtejustify rteindent1"> <strong>Derecho humano</strong><br /><br /> Los ciudadanos, sin discriminación alguna, deben recibir atención en salud oportuna, apropiada, accesible, de calidad y con calidez. El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos, como al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la no discriminación, a la igualdad y a la información. </p> <p class="rtejustify rteindent1"> El artículo 37 de la CPE establece que el Estado boliviano tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud.<br /><br />  </p>

La falta de atención de la salud e incluso la tortura son las vulneraciones sistemáticas de los derechos de los privados de libertad que incomodan al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), aseguraron activistas de derechos humanos y abogados de las víctimas. Además, identificaron al menos ocho casos emblemáticos en los últimos 10 años.

La falta de atención de la salud e incluso la tortura son las vulneraciones sistemáticas de los derechos de los privados de libertad que incomodan al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), aseguraron activistas de derechos humanos y abogados de las víctimas. Además, identificaron al menos ocho casos emblemáticos en los últimos 10 años.

Víctimas vulneradas en su derecho a la salud y a la vida

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