<p class="rtejustify"> El Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) identificó “87 vulneraciones a la institucionalidad democrática”, de las que casi el 60 por ciento son atribuidas al Ministerio de Gobierno, como la exhibición de personas sin respetar la presunción de inocencia.</p> <p class="rtejustify"> En el informe, Unitas señaló que entre los registros sobre los actos o declaraciones contrarios al ejercicio de derechos resaltan “50 exhibiciones o exposiciones de personas hechas por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a quienes acusa de diferentes delitos, violando así la presunción de inocencia”.</p> <p class="rtejustify"> El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, indicó que la presunción de inocencia es uno de los pilares de un Estado democrático de derecho y es condición indispensable del debido proceso legal</p> <p class="rtejustify"> En 2022, Human Rights Watch (HRW) cuestionó que la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno presenten públicamente ante los medios de comunicación a los sospechosos de delitos como si fueran un “trofeo”.</p> <p class="rtejustify"> Ante la observación, el titular de Gobierno decidió suspender la presentación pública de las personas detenidas, pero retomó la práctica, pese a la crítica de la entidad internacional y lo que establece el Código de Procedimiento Penal.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Otros detalles</strong></p> <p class="rtejustify"> De las 87 vulneraciones, 54 son actos o declaraciones contrarios al ejercicio de derechos, 18 responden a procedimientos no basados en la norma, 10 a casos de corrupción de autoridades, tres a casos de no independencia institucional, uno de no independencia personal y uno de procesos no adecuados en la elección de autoridades.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, del total, “67 registros tienen a autoridades del Órgano Ejecutivo como actores vulneradores de la institucionalidad democrática, seis a la Policía Nacional, cinco a autoridades del Órgano Judicial, tres pertenecen a otros grupos de personas, dos a autoridades del Órgano Legislativo, dos a autoridades municipales, uno al Ministerio Público y uno a un servidor público de una alcaldía”.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Personas vulneradas</strong></p> <p class="rtejustify"> Respecto a quiénes son las personas vulneradas, 78 son personas particulares, tres autoridades o servidores públicos, tres defensoras de derechos, dos organizaciones sociales y un periodista.</p> <p class="rtejustify"> El departamento de Santa Cruz es donde mayor cantidad de casos se reportaron con un total de 37; en La Paz, 35; en Potosí, cinco; en Cochabamba, cinco; en Pando, cuatro, y en Tarija, uno.</p> <p class="rtejustify"> El Observatorio de Unitas hace un seguimiento diario a la situación de la institucionalidad democrática en Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>Procedimientos irregulares</strong></p> <p class="rtejustify"> Entre los 18 registros de procedimientos no basados en la norma están la entrega de vehículos robados en Chile a instituciones y organizaciones sociales de parte del Órgano Ejecutivo.</p> <p class="rtejustify"> También menciona el trato judicial hacia el expresidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca, César Apaza, pese a su estado de salud, o la firma de un acuerdo entre militares y pobladores de Calamarca, en La Paz, para no comisar vehículos indocumentados.</p>

<p class="rtejustify"> El Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) identificó “87 vulneraciones a la institucionalidad democrática”, de las que casi el 60 por ciento son atribuidas al Ministerio de Gobierno, como la exhibición de personas sin respetar la presunción de inocencia.</p> <p class="rtejustify"> En el informe, Unitas señaló que entre los registros sobre los actos o declaraciones contrarios al ejercicio de derechos resaltan “50 exhibiciones o exposiciones de personas hechas por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a quienes acusa de diferentes delitos, violando así la presunción de inocencia”.</p> <p class="rtejustify"> El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, indicó que la presunción de inocencia es uno de los pilares de un Estado democrático de derecho y es condición indispensable del debido proceso legal</p> <p class="rtejustify"> En 2022, Human Rights Watch (HRW) cuestionó que la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno presenten públicamente ante los medios de comunicación a los sospechosos de delitos como si fueran un “trofeo”.</p> <p class="rtejustify"> Ante la observación, el titular de Gobierno decidió suspender la presentación pública de las personas detenidas, pero retomó la práctica, pese a la crítica de la entidad internacional y lo que establece el Código de Procedimiento Penal.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Otros detalles</strong></p> <p class="rtejustify"> De las 87 vulneraciones, 54 son actos o declaraciones contrarios al ejercicio de derechos, 18 responden a procedimientos no basados en la norma, 10 a casos de corrupción de autoridades, tres a casos de no independencia institucional, uno de no independencia personal y uno de procesos no adecuados en la elección de autoridades.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, del total, “67 registros tienen a autoridades del Órgano Ejecutivo como actores vulneradores de la institucionalidad democrática, seis a la Policía Nacional, cinco a autoridades del Órgano Judicial, tres pertenecen a otros grupos de personas, dos a autoridades del Órgano Legislativo, dos a autoridades municipales, uno al Ministerio Público y uno a un servidor público de una alcaldía”.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Personas vulneradas</strong></p> <p class="rtejustify"> Respecto a quiénes son las personas vulneradas, 78 son personas particulares, tres autoridades o servidores públicos, tres defensoras de derechos, dos organizaciones sociales y un periodista.</p> <p class="rtejustify"> El departamento de Santa Cruz es donde mayor cantidad de casos se reportaron con un total de 37; en La Paz, 35; en Potosí, cinco; en Cochabamba, cinco; en Pando, cuatro, y en Tarija, uno.</p> <p class="rtejustify"> El Observatorio de Unitas hace un seguimiento diario a la situación de la institucionalidad democrática en Bolivia.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rtejustify"> <strong>Procedimientos irregulares</strong></p> <p class="rtejustify"> Entre los 18 registros de procedimientos no basados en la norma están la entrega de vehículos robados en Chile a instituciones y organizaciones sociales de parte del Órgano Ejecutivo.</p> <p class="rtejustify"> También menciona el trato judicial hacia el expresidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca, César Apaza, pese a su estado de salud, o la firma de un acuerdo entre militares y pobladores de Calamarca, en La Paz, para no comisar vehículos indocumentados.</p>

El Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) identificó “87 vulneraciones a la institucionalidad democrática”, de las que casi el 60 por ciento son atribuidas al Ministerio de Gobierno, como la exhibición de personas sin respetar la presunción de inocencia.

El Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) identificó “87 vulneraciones a la institucionalidad democrática”, de las que casi el 60 por ciento son atribuidas al Ministerio de Gobierno, como la exhibición de personas sin respetar la presunción de inocencia.