<p class="rtejustify"> El 31 de diciembre a medianoche —como lo establece la Constitución Política del Estado (CPE)—, las máximas autoridades del Órgano Judicial terminan su mandato y deben ser reemplazadas, al inicio de enero de 2024, por otras electas en unos comicios imposibles de realizarse a tiempo.</p> <p class="rtejustify"> En esas circunstancias —como advierte un exmagistrado constitucional—, “no habrá control de legalidad ni de constitucionalidad”, pues no existe una vía constitucional para superarla. Y la continuidad, más allá de 31 de diciembre, de los actuales magistrados en sus funciones fragilizará la seguridad jurídica, pues sus decisiones serán nulas.</p> <p class="rtejustify"> ¿Cómo se resolverá la acefalía en los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional Plurinacional, y Agroambiental, además del Consejo de la Magistratura?</p> <p class="rtejustify"> ¿A quién beneficia esta situación? Son dos de las tres preguntas inevitables y de difícil respuesta. La tercera: ¿cómo se llegó a esta situación? revela una paradoja: el imprescindible proceso legislativo para la realización de las elecciones se inició hace ocho meses en marzo y fue paralizado dos veces por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la primera, durante tres meses y cuatro días, la segunda dura ya 70 días.</p> <p class="rtejustify"> La Asamblea Legislativa Plurinacional comenzó el trámite la primera semana de marzo y el 27 de ese mes aprobó el reglamento y convocatoria para la preselección de postulantes habilitados para participar de esas elecciones que debían realizarse el próximo domingo.</p> <p class="rtejustify"> Tres semanas después, el proceso tuvo su primer tropiezo judicial: una sala constitucional del Beni anulaba esa normativa.</p> <p class="rtejustify"> El 20 de abril la ALP aprobó una nueva convocatoria y un nuevo reglamento, y una semana más tarde el TCP congelaba todo el proceso como efecto de la admisión de un recurso de inconstitucionalidad abstracta presentado por un diputado opositor.</p> <p class="rtejustify"> Previendo que el TCP demoraría en su fallo, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para modificar los plazos que la ALP aprobó y el presidente promulgó el 5 de junio.</p> <p class="rtejustify"> Mientras, el TCP continuaba preparando la sentencia que emitiría tres meses y cuatro días después de haber paralizado el proceso.</p> <p class="rtejustify"> A principios de septiembre el Senado aprobó un proyecto de ley para esas elecciones y una comisión de Diputados lo envió en consulta al Órgano Electoral, al Ministerio de Justicia, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Consejo de la Magistratura.</p> <p class="rtejustify"> Y el 20 de septiembre el TSJ presentó al TCP una consulta de control de constitucionalidad, lo que paralizó nuevamente el proceso para las elecciones judiciales, no se sabe hasta cuándo.</p>

<p class="rtejustify"> El 31 de diciembre a medianoche —como lo establece la Constitución Política del Estado (CPE)—, las máximas autoridades del Órgano Judicial terminan su mandato y deben ser reemplazadas, al inicio de enero de 2024, por otras electas en unos comicios imposibles de realizarse a tiempo.</p> <p class="rtejustify"> En esas circunstancias —como advierte un exmagistrado constitucional—, “no habrá control de legalidad ni de constitucionalidad”, pues no existe una vía constitucional para superarla. Y la continuidad, más allá de 31 de diciembre, de los actuales magistrados en sus funciones fragilizará la seguridad jurídica, pues sus decisiones serán nulas.</p> <p class="rtejustify"> ¿Cómo se resolverá la acefalía en los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional Plurinacional, y Agroambiental, además del Consejo de la Magistratura?</p> <p class="rtejustify"> ¿A quién beneficia esta situación? Son dos de las tres preguntas inevitables y de difícil respuesta. La tercera: ¿cómo se llegó a esta situación? revela una paradoja: el imprescindible proceso legislativo para la realización de las elecciones se inició hace ocho meses en marzo y fue paralizado dos veces por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la primera, durante tres meses y cuatro días, la segunda dura ya 70 días.</p> <p class="rtejustify"> La Asamblea Legislativa Plurinacional comenzó el trámite la primera semana de marzo y el 27 de ese mes aprobó el reglamento y convocatoria para la preselección de postulantes habilitados para participar de esas elecciones que debían realizarse el próximo domingo.</p> <p class="rtejustify"> Tres semanas después, el proceso tuvo su primer tropiezo judicial: una sala constitucional del Beni anulaba esa normativa.</p> <p class="rtejustify"> El 20 de abril la ALP aprobó una nueva convocatoria y un nuevo reglamento, y una semana más tarde el TCP congelaba todo el proceso como efecto de la admisión de un recurso de inconstitucionalidad abstracta presentado por un diputado opositor.</p> <p class="rtejustify"> Previendo que el TCP demoraría en su fallo, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para modificar los plazos que la ALP aprobó y el presidente promulgó el 5 de junio.</p> <p class="rtejustify"> Mientras, el TCP continuaba preparando la sentencia que emitiría tres meses y cuatro días después de haber paralizado el proceso.</p> <p class="rtejustify"> A principios de septiembre el Senado aprobó un proyecto de ley para esas elecciones y una comisión de Diputados lo envió en consulta al Órgano Electoral, al Ministerio de Justicia, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Consejo de la Magistratura.</p> <p class="rtejustify"> Y el 20 de septiembre el TSJ presentó al TCP una consulta de control de constitucionalidad, lo que paralizó nuevamente el proceso para las elecciones judiciales, no se sabe hasta cuándo.</p>