Elecciones judiciales
El 31 de diciembre a medianoche —como lo establece la Constitución Política del Estado (CPE)—, las máximas autoridades del Órgano Judicial terminan su mandato y deben ser reemplazadas, al inicio de enero de 2024, por otras electas en unos comicios imposibles de realizarse a tiempo.
En esas circunstancias —como advierte un exmagistrado constitucional—, “no habrá control de legalidad ni de constitucionalidad”, pues no existe una vía constitucional para superarla. Y la continuidad, más allá de 31 de diciembre, de los actuales magistrados en sus funciones fragilizará la seguridad jurídica, pues sus decisiones serán nulas.
¿Cómo se resolverá la acefalía en los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional Plurinacional, y Agroambiental, además del Consejo de la Magistratura?
¿A quién beneficia esta situación? Son dos de las tres preguntas inevitables y de difícil respuesta. La tercera: ¿cómo se llegó a esta situación? revela una paradoja: el imprescindible proceso legislativo para la realización de las elecciones se inició hace ocho meses en marzo y fue paralizado dos veces por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la primera, durante tres meses y cuatro días, la segunda dura ya 70 días.
La Asamblea Legislativa Plurinacional comenzó el trámite la primera semana de marzo y el 27 de ese mes aprobó el reglamento y convocatoria para la preselección de postulantes habilitados para participar de esas elecciones que debían realizarse el próximo domingo.
Tres semanas después, el proceso tuvo su primer tropiezo judicial: una sala constitucional del Beni anulaba esa normativa.
El 20 de abril la ALP aprobó una nueva convocatoria y un nuevo reglamento, y una semana más tarde el TCP congelaba todo el proceso como efecto de la admisión de un recurso de inconstitucionalidad abstracta presentado por un diputado opositor.
Previendo que el TCP demoraría en su fallo, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para modificar los plazos que la ALP aprobó y el presidente promulgó el 5 de junio.
Mientras, el TCP continuaba preparando la sentencia que emitiría tres meses y cuatro días después de haber paralizado el proceso.
A principios de septiembre el Senado aprobó un proyecto de ley para esas elecciones y una comisión de Diputados lo envió en consulta al Órgano Electoral, al Ministerio de Justicia, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Consejo de la Magistratura.
Y el 20 de septiembre el TSJ presentó al TCP una consulta de control de constitucionalidad, lo que paralizó nuevamente el proceso para las elecciones judiciales, no se sabe hasta cuándo.
