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CIDH pide al Estado planes y plazos concretos contra la contaminación minera
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<p class="rtejustify"> <em><strong>Tomado de Sumando Voces</strong></em></p> <p class="rtejustify"> "Ya no tenemos vida, no podemos sembrar, no tenemos agua ni para tomar, agua llevamos desde el pueblo, en bicicletas, en autos, nuestra plata nos cuesta para llevar el agua". La voz de Emiliana Apaza, vecina del ayllu San Agustín de Puñaca, abrió la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada hoy, sobre la contaminación minera en las comunidades de la cuenca del lago Poopó, de Oruro.</p> <p class="rtejustify"> Luego de recibir la denuncia de contaminación, que estuvo sustentada por estudios científicos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado boliviano que aplique planes concretos contra la contaminación minera de la cuenca del Poopó, pero también en los demás proyectos mineros del país.</p> <p class="rtejustify"> Los representantes del Gobierno replicaron que la política nacional está contenida en la Constitución y, sobre el caso concreto de Puñaca dijeron que existe un proyecto de agua potable que, por competencia, debe ser desarrollado por el municipio de Poopó. Si bien el proyecto ha sido elaborado, los técnicos dijeron que le hicieron varias observaciones que no fueron respondidas por las autoridades municipales.</p> <p class="rtejustify"> Los comisionados de la CIDH recordaron que el caso de Puñaca no es nuevo, que la comisión lo viene tratando desde hace años, que además se recibió la denuncia en la visita in loco realizada el año pasado y que la recomendación para restaurar los territorios está contenida en el informe de esa visita titulado "Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia", y también en el informe país.</p> <p class="rtejustify"> "La remediación de fuentes de agua contaminadas es crucial para restaurar la salud y los medios de vida de estas comunidades afectadas desde hace muchos años, y teniendo que cuenta que el acceso al agua es fundamental para el disfrute de otros derechos de las generaciones presentes y futuras, es necesario reparar los territorios contaminados y degradados por las actividades extractivas", expresó este lunes el relator especial para los derechos económicos, culturales y ambientales, Javier Palumo.</p> <p class="rtejustify"> Palumo, además, pidió a la representación del Estado que dé a conocer los planes no solo de largo plazo, sino los inmediatos, además de plazos específicos para estas comunidades.</p> <p class="rtejustify"> Entre tanto, el relator para Bolivia, José Luis Caballero, se remitió a la recomendación 10 del informe país, en sentido de que "el Estado tiene que diseñar e implementar una política pública nacional con perspectiva intercultural y educativa para el manejo de sustancias tóxicas, prevención y reparación por contaminación ambiental".</p> <p class="rtejustify"> Recordó que el párrafo 64 del informe sobre la visita in loco indica que la contaminación y la industria extractiva tienen afectaciones en el buen vivir, previsto en la Constitución boliviana, mientras que el párrafo 216 señala que "las afectaciones derivadas de daños ambientales han impactado dere chos de pueblos indígenas, originario campesinos y afrobolivianos. Una de ellas, las consecuencias de contaminación del agua y la desaparición del lago Poopó a causa de la minería en el Ayllu San Agustín de Puñaca, Subcuenca Poopó, en Oruro". Caballero exhortó al Estado a cumplir esas recomendaciones.</p> <p class="rtejustify"> <strong>La denuncia</strong></p> <p class="rtejustify"> Emiliana Apaza, con voz entrecortada, continuó con su relato indicando que los comunarios están abandonados y que no existe solución a su demanda para que se frene la contaminación minera. Indicó que de los 300 comunarios que eran, ahora sólo quedan unos 100 porque la mayoría prefiere migrar para buscar mejores días.</p> <p class="rtejustify"> Abel Machaca, primera autoridad del ayllu, explicó que el agua no es apta para el consumo humano ni de los animales, "pero nuestras autoridades no nos escuchan, nos dicen que para ellos parecería que es normal esa contaminación, que es normal que mueran nuestros animales, que es normal que estemos enfermos, no podemos vivir así".</p> <p class="rtejustify"> Machaca pidió ayuda a la CIDH para que cese la contaminación minera del río Huanuni. "Por lo menos que haya planes, pero que se ejecuten, que se realice la mitigación, estamos pidiendo la ayuda en forrajes, en agua", expresó.</p> <p class="rtejustify"> El director del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), entidad que asesora al ayllu, dijo que "el Estado no está tomando ninguna acción seria para resolver la contaminación".</p> <p class="rtejustify"> Explicó que se presentó una acción popular que ha denegado la solicitud de los comunarios, pero que el Tribunal Constitucional revocó esa decisión y "ha reconocido que los derechos al agua y a la salud están afectados" por lo que el fallo del TCP exige que se haga un estudio para verificar si el agua es apta para el consumo humano.</p> <p class="rtejustify"> Los estudios ratificaron la contaminación, pero el informe final del Ministerio de Medio Ambiente dice que no se presenta contaminación por mano del hombre. Este dato fue dado a conocer por Vásquez y luego corroborado por los técnicos del gobierno, quienes presumen que la contaminación es "natural".</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, CENDA encargó un estudio de sangre y orín de los pobladores y, según dijo Vásquez, confirmaron la contaminación de todos los pobladores con metales pesados como arsénico, plomo y cadmio.</p> <p class="rtejustify"> <strong>La respuesta del Gobierno</strong></p> <p class="rtejustify"> El Gobierno respondió con una comitiva integrada por los viceministros de Medio Ambiente y de Minería, además de sus respectivos técnicos, desde una única mesa enfocada en la plataforma virtual con un plano general, de tal manera que no se pudo ver los rostros de ninguno de ellos, a diferencia de los comunarios que fueron vistos en primer plano y hasta pudieron mostrar sus carteles de protesta.</p> <p class="rtejustify"> El viceministro de Medio Ambiente y Agua, Franz Álvaro Quispe, dijo que el Gobierno dio "estricto cumplimiento a la sentencia constitucional" por lo que, en coordinación con los pobladores, se hizo el estudio científico, el que detectó contaminación "natural" y no así causada por "la mano del hombre".</p> <p class="rtejustify"> Para sustentar su tesis de que la contaminación es natural dijo que no existen operaciones mineras en el ayllu y que la más próxima está a seis kilómetros. Los técnicos de CENDA replicaron que si bien están a esa distancia, es el río el que arrastra los metales pesados hasta las comunidades.</p> <p class="rtejustify"> En ese marco, el Viceministro dijo que "se recomendó que el Gobierno Municipal de Poopó, de acuerdo a sus competencias, debe velar por el agua y el saneamiento de su población".</p> <p class="rtejustify"> <strong>Las réplicas</strong></p> <p class="rtejustify"> El técnico de CENDA Luis H. Vildozo Guillen rebatió la postura del Gobierno indicando que no hizo análisis sobre la salud de los pobladores, pese a que ese era el mandato del Tribunal Constitucional y tampoco se hizo el análisis de los parámetros que, según dijo, dan cuenta de que los metales que contaminan las aguas de Puñaca son cancerígenos.</p> <p class="rtejustify"> Cuando un comisionado preguntó si había algún estudio sobre los efectos de la contaminación sobre las mujeres, Vildozo informó que, de los 20 comunarios que se sometieron al estudio, 11 eran mujeres, de las cuales, siete habían sufrido abortos y algunas de ellas habían enfrentado hasta tres interrupciones de embarazos como producto del arsénico encontrado en sus cuerpos.</p> <p class="rtejustify"> Ante la insistencia de parte de los comisionados para que el Gobierno exponga sus planes específicos, los representantes del Ejecutivo indicaron que durante el segundo semestre de este año se aplicará un programa de salud y que el agua potable está en manos del municipio de Poopó.</p>
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<p class="rtejustify"> "Somos siete guardaparques para 747 mil hectáreas y uno es jefe de protección". De esa manera definió la realidad de las áreas protegidas de Bolivia uno de los guardaparques que participa del XI Foro Social Panamazónico.</p> <p class="rtejustify"> En el eje de Madre Tierra, una de las mesas de debate es "Áreas protegidas". En el inicio de las discusiones tras la inauguración de este miércoles 12, representantes de comunidades indígenas, activistas y funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) mencionaron las principales amenazas que afectan a tales territorios. Así, la explotación de minerales y la exploración de petróleo (modelo extractivista) reúne -quizá- la mayor preocupación sobre el futuro de estos sitios.</p> <p class="rtejustify"> En discusiones diversas, guardaparques de la Reserva de la biósfera y tierra comunitaria de origen Pilón Lajas (Beni), lamentaron que, aunque todavía no existe actividad minera en su zona, hay "intenciones serias" de mineras ilegales que buscan explotar mineral. Similar situación se denunció desde la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (Tarija), donde empresas petroleras como Petrobras buscan realizar exploración, en base a una proyección de "2,7 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas", refiere una nota de prensa de El País de Tarija.</p> <p class="rtejustify"> Hasta ahora, comunarios del cantón Chiquiacá, en el municipio de Entre Ríos, han resistido a tal embate, pero la firma amenazó con marcharse si no logra un consenso con los pobladores.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, se conoció que el proyecto de construcción de las represas Bala-Chepete, se reactivó después que estuvo varios años paralizado, ya que pone en riesgo a comunidades de la Amazonia boliviana, en especial del Parque Nacional Madidi.</p> <p class="rtejustify"> En la misma línea, habitantes de dicha área protegida lamentaron que se anunció la construcción de una carretera cuyo inicio estaría en dicho parque.</p> <p class="rtejustify"> Por su parte, desde el Sernap se alegó que desde 2017 se viene ejecutando una herramienta que permite medir el estado de conservación de los 22 parques nacionales y que el único año que no se realizó tal medición fue 2020 por la pandemia.<br> <br> En tanto, un Plan Estratégico Financiero (PEF) sería la respuesta para la demanda de mayor protección, ya que los recursos que se destinan a ello son bajos, como lamentaron guardaparques de Manuripi (Pando) y Pilón Lajas, entre otros.<br> <br> Este viernes se dará a conocer las resoluciones de cada una de las mesas de trabajo. Para este jueves 13 se tiene prevista la visita a comunidades que están en los alrededores de Rurrenabaque (Beni) y Sanbuenaventura (La Paz), sedes del Fospa 2024.<br> </p>
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"Somos siete guardaparques para 747 mil hectáreas y uno es jefe de protección". De esa manera definió la realidad de las áreas protegidas de Bolivia uno de los guardaparques que participa del XI Foro Social Panamazónico.
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"Somos siete guardaparques para 747 mil hectáreas y uno es jefe de protección". De esa manera definió la realidad de las áreas protegidas de Bolivia uno de los guardaparques que participa del XI Foro Social Panamazónico.
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El Tribunal de Sentencia N°1 de Tupiza emitió una sentencia condenatoria contra cinco personas involucradas en la explotación ilegales de minerales en la comunidad Palquiza, ubicado en el municipio Sud Chichas, del departamento de Potosí, informó la dirección regional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
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<p class="rtejustify"> La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ha revelado la operación ilegal de varias mineras en el norte de Potosí. Tras una serie de inspecciones in situ realizadas la semana pasada, se constató que algunas empresas mineras están llevando a cabo actividades de explotación sin la debida autorización.</p> <p class="rtejustify"> La comisión técnica de la AJAM recorrió diversas áreas en las provincias de Tomás Frías, Antonio Quijarro, Chayanta, y Cornelio Saavedra. Estas inspecciones tenían como objetivo verificar la actividad minera en áreas libres, así como en aquellas con solicitudes de otorgación de derechos y licencias de prospección y exploración.</p> <p class="rtejustify"> Durante la inspección, se detectó que en la zona de Challajtiri II, ubicada en la provincia Tomás Frías, algunas mineras estaban operando ilegalmente. Estas actividades se estaban llevando a cabo bajo la cobertura de solicitudes de licencia de prospección y exploración, que no otorgan permiso para la explotación de recursos minerales.</p> <p class="rtejustify"> La AJAM subrayó que las licencias de prospección y exploración, las solicitudes de contratos administrativos mineros o los certificados de área minera libre no autorizan la explotación minera. "Es importante aclarar que las Licencias de Prospección y Exploración, solicitudes de Contratos Administrativos Mineros o Certificados de Área Minera Libre no otorgan autorización para realizar explotación minera", destacó la entidad.</p> <p class="rtejustify"> Además, la AJAM advirtió a los titulares de estas licencias que sus autorizaciones serán revocadas si se utilizan para intentar o consolidar la explotación ilegal de minerales. "Conforme a la Ley Minera, serán gestionadas las sanciones penales que correspondan. De igual manera, se asumirán medidas legales en las solicitudes en trámite sobre áreas en las cuales se incurra en este ilícito, en estricto apego a la Ley de Minería y Metalurgia y al Código Penal", indicó la AJAM.</p>
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<p class="rtejustify"> <em><strong>Tomado de Sumando Voces</strong></em></p> <p class="rtejustify"> "Ya no tenemos vida, no podemos sembrar, no tenemos agua ni para tomar, agua llevamos desde el pueblo, en bicicletas, en autos, nuestra plata nos cuesta para llevar el agua". La voz de Emiliana Apaza, vecina del ayllu San Agustín de Puñaca, abrió la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada hoy, sobre la contaminación minera en las comunidades de la cuenca del lago Poopó, de Oruro.</p> <p class="rtejustify"> Luego de recibir la denuncia de contaminación, que estuvo sustentada por estudios científicos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado boliviano que aplique planes concretos contra la contaminación minera de la cuenca del Poopó, pero también en los demás proyectos mineros del país.</p> <p class="rtejustify"> Los representantes del Gobierno replicaron que la política nacional está contenida en la Constitución y, sobre el caso concreto de Puñaca dijeron que existe un proyecto de agua potable que, por competencia, debe ser desarrollado por el municipio de Poopó. Si bien el proyecto ha sido elaborado, los técnicos dijeron que le hicieron varias observaciones que no fueron respondidas por las autoridades municipales.</p> <p class="rtejustify"> Los comisionados de la CIDH recordaron que el caso de Puñaca no es nuevo, que la comisión lo viene tratando desde hace años, que además se recibió la denuncia en la visita in loco realizada el año pasado y que la recomendación para restaurar los territorios está contenida en el informe de esa visita titulado "Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia", y también en el informe país.</p> <p class="rtejustify"> "La remediación de fuentes de agua contaminadas es crucial para restaurar la salud y los medios de vida de estas comunidades afectadas desde hace muchos años, y teniendo que cuenta que el acceso al agua es fundamental para el disfrute de otros derechos de las generaciones presentes y futuras, es necesario reparar los territorios contaminados y degradados por las actividades extractivas", expresó este lunes el relator especial para los derechos económicos, culturales y ambientales, Javier Palumo.</p> <p class="rtejustify"> Palumo, además, pidió a la representación del Estado que dé a conocer los planes no solo de largo plazo, sino los inmediatos, además de plazos específicos para estas comunidades.</p> <p class="rtejustify"> Entre tanto, el relator para Bolivia, José Luis Caballero, se remitió a la recomendación 10 del informe país, en sentido de que "el Estado tiene que diseñar e implementar una política pública nacional con perspectiva intercultural y educativa para el manejo de sustancias tóxicas, prevención y reparación por contaminación ambiental".</p> <p class="rtejustify"> Recordó que el párrafo 64 del informe sobre la visita in loco indica que la contaminación y la industria extractiva tienen afectaciones en el buen vivir, previsto en la Constitución boliviana, mientras que el párrafo 216 señala que "las afectaciones derivadas de daños ambientales han impactado dere chos de pueblos indígenas, originario campesinos y afrobolivianos. Una de ellas, las consecuencias de contaminación del agua y la desaparición del lago Poopó a causa de la minería en el Ayllu San Agustín de Puñaca, Subcuenca Poopó, en Oruro". Caballero exhortó al Estado a cumplir esas recomendaciones.</p> <p class="rtejustify"> <strong>La denuncia</strong></p> <p class="rtejustify"> Emiliana Apaza, con voz entrecortada, continuó con su relato indicando que los comunarios están abandonados y que no existe solución a su demanda para que se frene la contaminación minera. Indicó que de los 300 comunarios que eran, ahora sólo quedan unos 100 porque la mayoría prefiere migrar para buscar mejores días.</p> <p class="rtejustify"> Abel Machaca, primera autoridad del ayllu, explicó que el agua no es apta para el consumo humano ni de los animales, "pero nuestras autoridades no nos escuchan, nos dicen que para ellos parecería que es normal esa contaminación, que es normal que mueran nuestros animales, que es normal que estemos enfermos, no podemos vivir así".</p> <p class="rtejustify"> Machaca pidió ayuda a la CIDH para que cese la contaminación minera del río Huanuni. "Por lo menos que haya planes, pero que se ejecuten, que se realice la mitigación, estamos pidiendo la ayuda en forrajes, en agua", expresó.</p> <p class="rtejustify"> El director del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), entidad que asesora al ayllu, dijo que "el Estado no está tomando ninguna acción seria para resolver la contaminación".</p> <p class="rtejustify"> Explicó que se presentó una acción popular que ha denegado la solicitud de los comunarios, pero que el Tribunal Constitucional revocó esa decisión y "ha reconocido que los derechos al agua y a la salud están afectados" por lo que el fallo del TCP exige que se haga un estudio para verificar si el agua es apta para el consumo humano.</p> <p class="rtejustify"> Los estudios ratificaron la contaminación, pero el informe final del Ministerio de Medio Ambiente dice que no se presenta contaminación por mano del hombre. Este dato fue dado a conocer por Vásquez y luego corroborado por los técnicos del gobierno, quienes presumen que la contaminación es "natural".</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, CENDA encargó un estudio de sangre y orín de los pobladores y, según dijo Vásquez, confirmaron la contaminación de todos los pobladores con metales pesados como arsénico, plomo y cadmio.</p> <p class="rtejustify"> <strong>La respuesta del Gobierno</strong></p> <p class="rtejustify"> El Gobierno respondió con una comitiva integrada por los viceministros de Medio Ambiente y de Minería, además de sus respectivos técnicos, desde una única mesa enfocada en la plataforma virtual con un plano general, de tal manera que no se pudo ver los rostros de ninguno de ellos, a diferencia de los comunarios que fueron vistos en primer plano y hasta pudieron mostrar sus carteles de protesta.</p> <p class="rtejustify"> El viceministro de Medio Ambiente y Agua, Franz Álvaro Quispe, dijo que el Gobierno dio "estricto cumplimiento a la sentencia constitucional" por lo que, en coordinación con los pobladores, se hizo el estudio científico, el que detectó contaminación "natural" y no así causada por "la mano del hombre".</p> <p class="rtejustify"> Para sustentar su tesis de que la contaminación es natural dijo que no existen operaciones mineras en el ayllu y que la más próxima está a seis kilómetros. Los técnicos de CENDA replicaron que si bien están a esa distancia, es el río el que arrastra los metales pesados hasta las comunidades.</p> <p class="rtejustify"> En ese marco, el Viceministro dijo que "se recomendó que el Gobierno Municipal de Poopó, de acuerdo a sus competencias, debe velar por el agua y el saneamiento de su población".</p> <p class="rtejustify"> <strong>Las réplicas</strong></p> <p class="rtejustify"> El técnico de CENDA Luis H. Vildozo Guillen rebatió la postura del Gobierno indicando que no hizo análisis sobre la salud de los pobladores, pese a que ese era el mandato del Tribunal Constitucional y tampoco se hizo el análisis de los parámetros que, según dijo, dan cuenta de que los metales que contaminan las aguas de Puñaca son cancerígenos.</p> <p class="rtejustify"> Cuando un comisionado preguntó si había algún estudio sobre los efectos de la contaminación sobre las mujeres, Vildozo informó que, de los 20 comunarios que se sometieron al estudio, 11 eran mujeres, de las cuales, siete habían sufrido abortos y algunas de ellas habían enfrentado hasta tres interrupciones de embarazos como producto del arsénico encontrado en sus cuerpos.</p> <p class="rtejustify"> Ante la insistencia de parte de los comisionados para que el Gobierno exponga sus planes específicos, los representantes del Ejecutivo indicaron que durante el segundo semestre de este año se aplicará un programa de salud y que el agua potable está en manos del municipio de Poopó.</p>
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<p class="rtejustify"> <em><strong>Tomado de Sumando Voces</strong></em></p> <p class="rtejustify"> "Ya no tenemos vida, no podemos sembrar, no tenemos agua ni para tomar, agua llevamos desde el pueblo, en bicicletas, en autos, nuestra plata nos cuesta para llevar el agua". La voz de Emiliana Apaza, vecina del ayllu San Agustín de Puñaca, abrió la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada hoy, sobre la contaminación minera en las comunidades de la cuenca del lago Poopó, de Oruro.</p> <p class="rtejustify"> Luego de recibir la denuncia de contaminación, que estuvo sustentada por estudios científicos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado boliviano que aplique planes concretos contra la contaminación minera de la cuenca del Poopó, pero también en los demás proyectos mineros del país.</p> <p class="rtejustify"> Los representantes del Gobierno replicaron que la política nacional está contenida en la Constitución y, sobre el caso concreto de Puñaca dijeron que existe un proyecto de agua potable que, por competencia, debe ser desarrollado por el municipio de Poopó. 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"Por lo menos que haya planes, pero que se ejecuten, que se realice la mitigación, estamos pidiendo la ayuda en forrajes, en agua", expresó.</p> <p class="rtejustify"> El director del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), entidad que asesora al ayllu, dijo que "el Estado no está tomando ninguna acción seria para resolver la contaminación".</p> <p class="rtejustify"> Explicó que se presentó una acción popular que ha denegado la solicitud de los comunarios, pero que el Tribunal Constitucional revocó esa decisión y "ha reconocido que los derechos al agua y a la salud están afectados" por lo que el fallo del TCP exige que se haga un estudio para verificar si el agua es apta para el consumo humano.</p> <p class="rtejustify"> Los estudios ratificaron la contaminación, pero el informe final del Ministerio de Medio Ambiente dice que no se presenta contaminación por mano del hombre. Este dato fue dado a conocer por Vásquez y luego corroborado por los técnicos del gobierno, quienes presumen que la contaminación es "natural".</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, CENDA encargó un estudio de sangre y orín de los pobladores y, según dijo Vásquez, confirmaron la contaminación de todos los pobladores con metales pesados como arsénico, plomo y cadmio.</p> <p class="rtejustify"> <strong>La respuesta del Gobierno</strong></p> <p class="rtejustify"> El Gobierno respondió con una comitiva integrada por los viceministros de Medio Ambiente y de Minería, además de sus respectivos técnicos, desde una única mesa enfocada en la plataforma virtual con un plano general, de tal manera que no se pudo ver los rostros de ninguno de ellos, a diferencia de los comunarios que fueron vistos en primer plano y hasta pudieron mostrar sus carteles de protesta.</p> <p class="rtejustify"> El viceministro de Medio Ambiente y Agua, Franz Álvaro Quispe, dijo que el Gobierno dio "estricto cumplimiento a la sentencia constitucional" por lo que, en coordinación con los pobladores, se hizo el estudio científico, el que detectó contaminación "natural" y no así causada por "la mano del hombre".</p> <p class="rtejustify"> Para sustentar su tesis de que la contaminación es natural dijo que no existen operaciones mineras en el ayllu y que la más próxima está a seis kilómetros. Los técnicos de CENDA replicaron que si bien están a esa distancia, es el río el que arrastra los metales pesados hasta las comunidades.</p> <p class="rtejustify"> En ese marco, el Viceministro dijo que "se recomendó que el Gobierno Municipal de Poopó, de acuerdo a sus competencias, debe velar por el agua y el saneamiento de su población".</p> <p class="rtejustify"> <strong>Las réplicas</strong></p> <p class="rtejustify"> El técnico de CENDA Luis H. Vildozo Guillen rebatió la postura del Gobierno indicando que no hizo análisis sobre la salud de los pobladores, pese a que ese era el mandato del Tribunal Constitucional y tampoco se hizo el análisis de los parámetros que, según dijo, dan cuenta de que los metales que contaminan las aguas de Puñaca son cancerígenos.</p> <p class="rtejustify"> Cuando un comisionado preguntó si había algún estudio sobre los efectos de la contaminación sobre las mujeres, Vildozo informó que, de los 20 comunarios que se sometieron al estudio, 11 eran mujeres, de las cuales, siete habían sufrido abortos y algunas de ellas habían enfrentado hasta tres interrupciones de embarazos como producto del arsénico encontrado en sus cuerpos.</p> <p class="rtejustify"> Ante la insistencia de parte de los comisionados para que el Gobierno exponga sus planes específicos, los representantes del Ejecutivo indicaron que durante el segundo semestre de este año se aplicará un programa de salud y que el agua potable está en manos del municipio de Poopó.</p>
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<p class="rtejustify"> <em><strong>Tomado de Sumando Voces</strong></em></p> <p class="rtejustify"> "Ya no tenemos vida, no podemos sembrar, no tenemos agua ni para tomar, agua llevamos desde el pueblo, en bicicletas, en autos, nuestra plata nos cuesta para llevar el agua". La voz de Emiliana Apaza, vecina del ayllu San Agustín de Puñaca, abrió la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada hoy, sobre la contaminación minera en las comunidades de la cuenca del lago Poopó, de Oruro.</p> <p class="rtejustify"> Luego de recibir la denuncia de contaminación, que estuvo sustentada por estudios científicos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado boliviano que aplique planes concretos contra la contaminación minera de la cuenca del Poopó, pero también en los demás proyectos mineros del país.</p> <p class="rtejustify"> Los representantes del Gobierno replicaron que la política nacional está contenida en la Constitución y, sobre el caso concreto de Puñaca dijeron que existe un proyecto de agua potable que, por competencia, debe ser desarrollado por el municipio de Poopó. Si bien el proyecto ha sido elaborado, los técnicos dijeron que le hicieron varias observaciones que no fueron respondidas por las autoridades municipales.</p> <p class="rtejustify"> Los comisionados de la CIDH recordaron que el caso de Puñaca no es nuevo, que la comisión lo viene tratando desde hace años, que además se recibió la denuncia en la visita in loco realizada el año pasado y que la recomendación para restaurar los territorios está contenida en el informe de esa visita titulado "Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia", y también en el informe país.</p> <p class="rtejustify"> "La remediación de fuentes de agua contaminadas es crucial para restaurar la salud y los medios de vida de estas comunidades afectadas desde hace muchos años, y teniendo que cuenta que el acceso al agua es fundamental para el disfrute de otros derechos de las generaciones presentes y futuras, es necesario reparar los territorios contaminados y degradados por las actividades extractivas", expresó este lunes el relator especial para los derechos económicos, culturales y ambientales, Javier Palumo.</p> <p class="rtejustify"> Palumo, además, pidió a la representación del Estado que dé a conocer los planes no solo de largo plazo, sino los inmediatos, además de plazos específicos para estas comunidades.</p> <p class="rtejustify"> Entre tanto, el relator para Bolivia, José Luis Caballero, se remitió a la recomendación 10 del informe país, en sentido de que "el Estado tiene que diseñar e implementar una política pública nacional con perspectiva intercultural y educativa para el manejo de sustancias tóxicas, prevención y reparación por contaminación ambiental".</p> <p class="rtejustify"> Recordó que el párrafo 64 del informe sobre la visita in loco indica que la contaminación y la industria extractiva tienen afectaciones en el buen vivir, previsto en la Constitución boliviana, mientras que el párrafo 216 señala que "las afectaciones derivadas de daños ambientales han impactado dere chos de pueblos indígenas, originario campesinos y afrobolivianos. Una de ellas, las consecuencias de contaminación del agua y la desaparición del lago Poopó a causa de la minería en el Ayllu San Agustín de Puñaca, Subcuenca Poopó, en Oruro". Caballero exhortó al Estado a cumplir esas recomendaciones.</p> <p class="rtejustify"> <strong>La denuncia</strong></p> <p class="rtejustify"> Emiliana Apaza, con voz entrecortada, continuó con su relato indicando que los comunarios están abandonados y que no existe solución a su demanda para que se frene la contaminación minera. Indicó que de los 300 comunarios que eran, ahora sólo quedan unos 100 porque la mayoría prefiere migrar para buscar mejores días.</p> <p class="rtejustify"> Abel Machaca, primera autoridad del ayllu, explicó que el agua no es apta para el consumo humano ni de los animales, "pero nuestras autoridades no nos escuchan, nos dicen que para ellos parecería que es normal esa contaminación, que es normal que mueran nuestros animales, que es normal que estemos enfermos, no podemos vivir así".</p> <p class="rtejustify"> Machaca pidió ayuda a la CIDH para que cese la contaminación minera del río Huanuni. "Por lo menos que haya planes, pero que se ejecuten, que se realice la mitigación, estamos pidiendo la ayuda en forrajes, en agua", expresó.</p> <p class="rtejustify"> El director del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), entidad que asesora al ayllu, dijo que "el Estado no está tomando ninguna acción seria para resolver la contaminación".</p> <p class="rtejustify"> Explicó que se presentó una acción popular que ha denegado la solicitud de los comunarios, pero que el Tribunal Constitucional revocó esa decisión y "ha reconocido que los derechos al agua y a la salud están afectados" por lo que el fallo del TCP exige que se haga un estudio para verificar si el agua es apta para el consumo humano.</p> <p class="rtejustify"> Los estudios ratificaron la contaminación, pero el informe final del Ministerio de Medio Ambiente dice que no se presenta contaminación por mano del hombre. Este dato fue dado a conocer por Vásquez y luego corroborado por los técnicos del gobierno, quienes presumen que la contaminación es "natural".</p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, CENDA encargó un estudio de sangre y orín de los pobladores y, según dijo Vásquez, confirmaron la contaminación de todos los pobladores con metales pesados como arsénico, plomo y cadmio.</p> <p class="rtejustify"> <strong>La respuesta del Gobierno</strong></p> <p class="rtejustify"> El Gobierno respondió con una comitiva integrada por los viceministros de Medio Ambiente y de Minería, además de sus respectivos técnicos, desde una única mesa enfocada en la plataforma virtual con un plano general, de tal manera que no se pudo ver los rostros de ninguno de ellos, a diferencia de los comunarios que fueron vistos en primer plano y hasta pudieron mostrar sus carteles de protesta.</p> <p class="rtejustify"> El viceministro de Medio Ambiente y Agua, Franz Álvaro Quispe, dijo que el Gobierno dio "estricto cumplimiento a la sentencia constitucional" por lo que, en coordinación con los pobladores, se hizo el estudio científico, el que detectó contaminación "natural" y no así causada por "la mano del hombre".</p> <p class="rtejustify"> Para sustentar su tesis de que la contaminación es natural dijo que no existen operaciones mineras en el ayllu y que la más próxima está a seis kilómetros. 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