Del terrorismo de Estado a los retos de una democracia en construcción

Lema considera que los asesinatos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y de los jóvenes dirigentes del MIR en la calle Harrington representan dos de los momentos más dolorosos de aquella época. “Fueron tragedias que golpearon a todos los bolivianos”, sostiene.

El descrédito internacional terminó aislando al país mientras, en el ámbito interno, la persecución se extendía contra dirigentes sindicales, periodistas, universitarios y defensores de los derechos humanos.

La democracia que nació del dolor

Paradójicamente, la dictadura también aceleró un consenso que hasta entonces parecía imposible: la necesidad de recuperar la democracia.

La experiencia autoritaria convenció a amplios sectores políticos de que ningún proyecto nacional podía construirse al margen de las libertades fundamentales.

El exdiputado Enrique Urquidi considera que ese fue uno de los principales legados históricos de aquella etapa.

“El terrorismo de Estado marcó el final de una forma de entender el poder y abrió un proceso irreversible hacia la conquista de la democracia.”

A partir del retorno institucional comenzó una etapa conocida como la democracia pactada. Criticada por sus acuerdos entre partidos, también permitió estabilizar un país devastado por la crisis económica y por casi dos décadas de gobiernos militares.

Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron nuevas tensiones sobre el modelo democrático boliviano.

Fernández observa que la Constitución de 2009 buscó ampliar derechos y reconocer históricas demandas indígenas y campesinas mediante la democracia intercultural y plurinacional. No obstante, advierte que las promesas de reparación quedaron incompletas.

“Era una oportunidad para cerrar las heridas del pasado; el problema es que no podían abrirse otras nuevas.”

Una justicia histórica... pero incompleta

Trece años después del golpe llegó un hecho sin precedentes en América Latina.

El juicio de responsabilidades concluyó con la condena del exdictador y decenas de sus colaboradores, enviando un mensaje contundente contra la impunidad.

Para muchos juristas fue una sentencia ejemplar. Para otros, apenas el comienzo de una reparación que nunca llegó a completarse.

“Bolivia fue pionera en juzgar a un dictador”, destaca Fernández. Sin embargo, recuerda que muchos casos de torturas, desapariciones y otras violaciones a los derechos humanos quedaron fuera del proceso, dejando numerosas causas sin respuesta.

El abogado y analista político Paúl Coca coincide en que aquel juicio marcó un precedente regional.

“Demostró que quien abusa del poder debe responder ante la justicia y que la impunidad no puede convertirse en regla.”

Pero advierte que la lección sigue pendiente cuando otros actores políticos continúan evitando responder ante los tribunales.

Más de cuatro décadas después, el golpe militar sigue siendo un punto de referencia obligado cuando se discute la calidad de la democracia boliviana. La historia no solo se recuerda por lo ocurrido, sino por las señales que deja para el presente.

Para Coca, la principal enseñanza es que la institucionalidad continúa siendo frágil.

“La democracia sigue siendo demasiado débil. Todavía existe la idea de que quien gana una elección puede hacer lo que quiera al margen de la Constitución. La dictadura demostró que el poder nunca es eterno, pero mientras se ejerce puede convertirse en absoluto.”

La reflexión apunta a una preocupación compartida por distintos analistas: la democracia no se preserva únicamente mediante elecciones, sino también con instituciones independientes capaces de limitar los abusos del poder.

Enrique Urquidi coincide en que la condena judicial contra los responsables del régimen representó un parteaguas para la región, al establecer que las violaciones a los derechos humanos no podían convertirse en moneda de negociación política.

“La sentencia cerró las puertas a la impunidad y dejó claro que los delitos de lesa humanidad no podían volver a tener carta abierta.”

Sin embargo, ambos coinciden en que la fortaleza de una democracia no depende únicamente de castigar los crímenes del pasado, sino de impedir que las condiciones que los hicieron posibles vuelvan a repetirse.

Una democracia bajo tensión

La memoria del golpe adquiere especial relevancia en un país que atraviesa una profunda polarización política.

Las recientes semanas de bloqueos, enfrentamientos y discursos cada vez más radicales han reabierto un debate que parecía superado: ¿qué tan sólida es hoy la convivencia democrática?

Miroslava Fernández advierte que el mayor riesgo aparece cuando los adversarios políticos dejan de verse como ciudadanos y comienzan a ser considerados enemigos.

“Cuando la justicia pierde independencia y el conflicto sustituye al diálogo, la democracia entra en una zona de peligro.”

La politóloga observa similitudes preocupantes entre algunos episodios recientes y experiencias traumáticas del pasado. Recuerda que la utilización de bloqueos como mecanismo de presión tiene antecedentes que desembocaron en graves hechos de violencia, como la masacre del Valle de 1974, y sostiene que el compromiso con el “Nunca Más” debe traducirse en instituciones capaces de proteger los derechos de todos, sin distinción política.

Para Urquidi, el problema no radica únicamente en las diferencias ideológicas, sino en la incapacidad del sistema para procesarlas institucionalmente.

“Mientras la polarización no encuentre canales democráticos para resolverse, el riesgo de confrontación seguirá latente.”

Entre acuerdos y desencuentros

El debate sobre la democracia boliviana también atraviesa la discusión acerca de sus distintos modelos.

Gonzalo Lema reconoce que la transición democrática permitió construir consensos importantes, mientras que la Constitución de 2009 amplió la inclusión de sectores históricamente marginados.

“El Estado Plurinacional nació como un mecanismo integrador, aunque terminó desvirtuado por la corrupción y la búsqueda de perpetuarse en el poder.”

Paúl Coca, en cambio, sostiene una visión más crítica sobre la evolución institucional de las últimas décadas.

“Se pasó de una democracia de pactos entre partidos a una democracia marcada por los bloqueos y la presión sindical.”

Aunque las interpretaciones difieren, todos coinciden en un punto esencial: ninguna democracia puede sostenerse si reemplaza el diálogo por la imposición.

La memoria como defensa

Las fotografías en blanco y negro de Luis Espinal, Marcelo Quiroga Santa Cruz y los jóvenes asesinados en la calle Harrington no pertenecen únicamente a los archivos. Siguen interpelando a un país que todavía busca respuestas.

La desaparición de Marcelo continúa siendo uno de los mayores símbolos de la deuda del Estado con las víctimas de la violencia política. Los restos nunca aparecieron y el silencio sigue siendo parte de la condena.

Para Gonzalo Lema, la principal victoria alcanzada desde entonces fue derrotar la impunidad.

“Nada se construye sobre la impunidad”

La frase resume una convicción compartida por los cuatro entrevistados: recordar el golpe militar no significa permanecer anclados en el pasado, sino comprender que la democracia es una construcción permanente, vulnerable y siempre inacabada.

A 46 años de aquellos acontecimientos, Bolivia ya no vive bajo botas militares. Sin embargo, los desafíos son distintos, aunque no menos complejos. La polarización, la desconfianza en la justicia, la debilidad institucional y los discursos que deslegitiman al adversario recuerdan que las democracias también pueden erosionarse desde dentro.

La historia del último golpe militar no es únicamente el relato de una dictadura derrotada. Es, sobre todo, el recordatorio de que la libertad, los derechos humanos y el Estado de derecho nunca están garantizados para siempre. Cada generación debe volver a defenderlos. Y quizás esa sea la lección más vigente de una tragedia cuya sombra, 46 años después, todavía acompaña a Bolivia.