Dos nuevos casos de violencia extrema en unidades educativas salieron a la luz ayer en Santa Cruz. La Fiscalía abrió una investigación por abuso sexual en un colegio público y también se denunció que en un establecimiento privado se presentó un acto de bullying en el que a un menor le hicieron tomar agua con lavandina, pero el hecho no fue sancionado.
La violencia en instancias de representación política en las diferentes instituciones del país se “normaliza”. En la víspera, la asambleísta departamental de Santa Cruz por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Muriel Cruz fue agredida por un grupo de mujeres por desacuerdos políticos. Esto derivó en uso de la fuerza excesiva de la Policía contra el grupo de autoconvocados, la gasificación a diputados por Creemos. Asimismo, los efectivos policiales procedieron con el arresto de más de una decena de personas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresó su rechazo al uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y los actos de violencia cometidos por “grupos organizados” en la ciudad de Santa Cruz, durante las protestas tras la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho.
La aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desató una serie de hechos violentos durante la tarde de ayer. Decenas de personas incendiaron las instalaciones de la Fiscalía departamental, del ex-Conaltid y de la casa del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. También provocaron destrozos en el Comando de la Policía.
Los ministros de Obras Públicas y de Gobierno, Edgar Montaño y Eduardo del Castillo, fueron los encargados de desmovilizar la medida. Hoy es el segundo día de movilización para pedir censo en 2023.