Tras críticas, exmilitar pide licencia en la Alcaldía de Quillacollo
El exmilitar que cumplió una condena de dos años por el delito de homicidio, Guery García, pidió licencia en su cargo de director de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía de Quillacollo por los cuestionamientos que surgieron en su contra por sus antecedentes penales.
El colectivo Mujeres de Fuego exige la destitución de García y cuestiona que la justicia no haya procesado al militar por feminicidio o asesinato.
El militar fue acusado en diciembre de 2014 de homicidio por emoción violenta de Sofía Chuquimia, pero también hirió a Lesly Cuellar, quien estaba embarazada.
El hecho ocurrió en las viviendas militares de Cotapachi en Quillacollo, donde García y cuatro camaradas consumían bebidas alcohólicas junto a sus esposas, pero la reunión terminó con una pelea. El exmilitar con la intención de vengarse del camarada que lo golpeó fue a su casa y disparó a Sofía, esposa de otro uniformado.
Ella murió a causa de tres impactos de bala en el pecho y dos más en las manos.
García solicitó ayer su licencia al cargo hasta que se aclare su situación y aseguró que fue dado de baja de la institución militar, pero se hacía llamar capitán. Al respecto, el comandante de la Séptima División, Raúl Hurtado, indicó desconocer si éste fue dado de baja y solicitó preguntar en La Paz.
“El 2 agosto de 2017 ha fenecido esa sentencia, a la fecha soy un ciudadano que goza de todos sus derechos,”, indicó el exmilitar.
El asesor legal de la Alcaldía, Hubert Parra, explicó que García no tiene ningún impedimento para ejercer la función pública. “A la fecha se encuentra extinguida la acción penal y es un caso cerrado y se restituyen inmediatamente sus derechos”.
PIDEN SU DESTITUCIÓN
El expresidente del Colegio de Abogados, Cesar Cabrera, explicó que el artículo 123 del Constitución Política del Estado establece que un ciudadano puede ejercer un cargo público si no tiene pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento.
El colectivo Mujeres de Fuego indicó que no cumple los requisitos para asumir el cargo, por lo que han pedido su destitución.
La abogada Mercedes Cortes indicó que el caso debía haber sido tipificado como feminicidio o asesinato. “Él estuvo sólo dos meses en la cárcel y la pena por homicidio por emoción violenta es de 2 a 8 años. Le dieron la pena mínima”, dijo.
