Hay 8 pruebas contra Leyes, pero su defensa sólo ve un caso armado
El reloj marcaba las 23:00 del 21 de abril de 2018. El juez de la EPI Norte, Fernando Pérez, determinaba la detención domiciliaria y otras cinco medidas más para el alcalde José María Leyes por la presunta compra irregular de 91.340 mochilas chinas.
Desde entonces, el municipio cayó en una de las mayores crisis institucionales y Leyes sólo pudo volver a la silla edil por un día.
La Fiscalía inició un proceso con la Procuraduría y el Viceministerio de Transparencia como coadyuvantes. Un año después, se encontraron al menos ocho pruebas documentales y se convocó a 19 testigos. Mientras la defensa de Leyes indicó que: “La Fiscalía no está investigando, sino armando un caso”.
A la fecha hay 13 imputados por Mochilas I, dos están con detención preventiva: Leyes y el empresario Juan de Dios M.
La imputación del Alcalde señala la presunta comisión de cinco delitos: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Según exponen las partes investigadoras, existen pruebas documentales como los decretos ejecutivos 043/2017 y 046/2017, que designan a los dos responsables del proceso de contratación que tuvo Mochilas I. Además, está la resolución 650/2017 firmada por Leyes, que da inicio al proceso de contratación, del cual observan el término “recurrente” del documento.
Existe una nota 0263/18, que informa al Alcalde sobre la distribución de las mochilas, pese a que no está en el documento de ingreso de los productos. Y la nota sin Cite, en la cual Leyes instruye la resolución del contrato LP Nº 04/2018 con la Asociación Accidental 26 de Febrero, proveedora de las mochilas.
El contrato es otra de las pruebas. Además del informe circunstanciado de hechos Nº GC/GP03/Y18 y el legal Nº LC/A074/L18 de la Contraloría General del Estado, en los que indican que la Máxima Autoridad, al no haber observado que el proyecto no contaba con los cálculos para su inscripción en el POA, habría incurrido en el delito de incumplimiento de deberes.
Con estos documentos también se ha visto la participación de funcionarios de la Unidad Solicitante, la Comisión de Calificación y la exsecretaria del área, pues es quien firmó el contrato.
Una de las irregularidades señaladas por la Fiscalía es que existió una filtración de información privilegiada al proponente que permitió al empresario comprar las mochilas en China antes de la licitación.
Un testigo, miembro de la unidad solicitante, Christian S., dijo en su testimonio que mandó las especificaciones de los productos a través de un correo electrónico al empresario.
Defensa
Ante esta situación, la defensa de Leyes explicó que existen acciones que no responden a hechos ilícitos, sino procedimientos de contratación.
Sostiene que tres funcionarios elaboraron el Documento Base de Contratación (DBC). Luego procedieron a solicitar las cotizaciones para fijar el precio referencial. “Para que se pueda señalar el precio de un producto se debe saber las condiciones, y para eso se manda las especificaciones al empresario (…) Como el empresario fue proponente la gestión pasada, la norma permite cotizar con él (…) Todos están cumpliendo sus funciones, no están cometiendo ningún delito”, explicó su defensa.
Es así que indicaron por qué el empresario tenía la información. Sin embargo, otro hecho que llamó la atención de los fiscales fue la fecha anticipada de importación de los productos. Para el ingreso al país, las mochilas llegaron con dos facturas: una del 16 de agosto de 2017 y otra del 7 de noviembre del mismo año.
La primera fecha es 104 días antes de la publicación de la licitación en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes). La segunda, 21 días antes.
La Fiscalía observó este hecho como una muestra de que el empresario estaba seguro de que ganaría el proceso. No obstante, la defensa del Alcalde indicó que esto responde a un riesgo del empresario y que no demuestra “ningún contubernio”, pues la compra anticipada no es delito. Otro de los aspectos cuestionados es la supuesta injerencia de una persona externa al proceso de contratación, como lo era en ese momento el asesor general, José Miguel Padilla. Según varias declaraciones, actuaba en función a lo que el alcalde indicaba.
“Es el mismo Leyes quien dice que se investigue a Padilla, al inicio del caso. Quiso culparlo y a otros funcionarios, pues además sabía que Padilla estaba fuera del país y seguro pensó que no volvería. Sin embargo, esta persona llega y declara que todas las acciones son con influencia de Leyes”, indicó el representante del Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga.
En una de sus últimas declaraciones, Padilla indicó: “Es importante aclarar que en todos los casos yo simplemente transmitía y/o cumplía instrucciones que me eran dadas por el Alcalde”.
Sobre este aspecto, la defensa puntualizó dos factores: el primero es que “la Alcaldía es una sola y, en el caso de Padilla, se trata de un funcionario que era asesor general”.
Es decir, “coordinaba que todos los procesos avancen y, si no avanzaban, era su responsabilidad”, indicó la defensa del alcalde Leyes.
Como segundo aspecto también observaron que Padilla se contradijo en sus declaraciones. “Ha dado como seis, pero a cuál se le cree”, dijeron.
A esto se suma que algunos testigos mencionaron la participación de familiares de Leyes en los procesos y la toma de decisiones. Entre ellas, una de sus hermanas, conocida por los testigos del caso como la “number one”.
Pero la defensa indicó que estas sindicaciones son falsas y sólo buscan seguir quebrando y atacando al alcalde José María Leyes.
Fiscalía debe acusar hasta inicio de junio
El caso Mochilas se denunció el 3 de abril de 2018. La primera fase de la investigación tiene seis meses a partir de cada imputación. La última fue el 3 de enero, por lo que el plazo se cumple el 3 de junio del presente año.
La Fiscalía tiene tres vías: acusar, ampliar imputación o declarar sobreseimiento.
“El caso Mochilas I tiene la conclusión de la etapa preparatoria prevista para inicios de junio. Por lo tanto, hasta esa fecha, el Ministerio Público tendría que tener preparada la acusación fiscal”, indicó el fiscal departamental, Juan de la Cruz Vargas.
Por la crisis, el municipio tuvo 3 alcaldes en un año
Una de las principales consecuencias de la detención del alcalde electo, José María Leyes, fue la crisis municipal que derivó en que dos concejales ocuparan la silla edil en menos de un año, además de un cambio total en el gabinete de secretarios y proyectos estratégicos que fueron retirados del POA.
El 4 de mayo de 2018, la concejala Karen Suárez fue elegida para ocupar el cargo de alcaldesa suplente temporal. Su gestión estuvo marcada por numerosas marchas en contra de la gestión y algunos cambios en el gabinete, pero bajo la constante idea de un retorno del alcalde electo.
Y así sucedió, Leyes volvió a ocupar la silla edil, pero sólo por un día: el 27 de noviembre de 2018. Este hecho generó que Suárez retorne al Concejo; mientras que el alcalde electo hizo varios cambios al gabinete de secretarios y directores.
Asimismo, volvieron a aparecer varios grupos de dirigentes a exigir compromisos hechos por la gestión de Leyes.
Un día después, luego de una audiencia de nueve horas, Leyes fue enviado a la cárcel de San Antonio con detención preventiva por el caso Mochilas II de 2017.
El 5 de diciembre, el concejal Iván Tellería asumió como alcalde suplente temporal. El gabinete cambió casi por completo y ahora la gestión se centra en cumplir algunos compromisos y utilizar recursos en barrios.
Varias denuncias salieron en meses
Los siguientes meses, luego de la detención del alcalde electo José María Leyes, se denunciaron otros casos. Muchos funcionarios expresaron preocupación y renunciaron, la gestión se volvió cada vez más incierta.
La concejal del MAS, Rocío Molina, lamentó que se destaparan la macrocorrupción y también microcorrupción, como la designación de funcionarios supuestamente sin el título para cumplir en el cargo, desde el jefe de Recursos Humanos.
Declaraciones
“Si el Alcalde te pide elefante azul, tienes que darle elefante azul”, le dijo Diego Moreno al testigo de esta declaración". Óscar B., imputado.
"Debo aclarar que en todos los casos yo sólo transmitía y/o cumplía instrucciones que me eran dadas por el Alcalde". José Miguel Padilla, imputado.
"No se firmó comprobante de ingreso y egreso de almacenes de las mochilas, porque no existía informe de recepción". L. G., testigo.
"De todas las actividades que hacíamos, el señor Padilla me manifestaba que era de conocimiento del Alcalde". Juan de Dios M., empresario.
"Fui nombrado comisión de recepción cuando las mochilas ya estaban siendo repartidas", Óscar B.imputado.
"No me había confirmado Padilla del proyecto, pero yo ya estaba trabajando, porque era el proyecto estrella". Juan de Dios M. Empresario
