Subcontratación pone en riesgo a empresas del país

El modelo de la subcontratación en la adjudicación de grandes proyectos estatales del país deriva en el quiebre de empresas nacionales y el creciente desempleo a raíz de la falta de normativas que regulen los contratos entre las firmas adjudicatarias y sus proveedores.

El último antecedente de este tipo de hechos se vio reflejado en el caso Corsán, en el que la firma española abandonó obras importantes del país sin pagar a sus proveedores. La empresa se adjudicó la ejecución de la hidroeléctrica Miguillas y la doble vía Ixiamas-San Buena Ventura. Sólo en el último contrato dejó una deuda de 17 millones de bolivianos con 120 pequeñas empresas afectadas.

Según la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, las empresas extranjeras que se adjudican proyectos en el país contratan a empresas bolivianas en “condiciones poco ventajosas” porque sólo vienen con abogados, gerentes y garantías.

“Con la subcontratación excesiva, se están vulnerando las normas vigentes, por ejemplo en la cláusula que establece un límite de subcontratación del 25 por ciento, ampliamente superado por muchas empresas extranjeras que casi cumplen un papel de administradoras y/o fiscales de obras”, señala Cadecocruz.

En tanto, el presidente de la Cámara de la Construcción de Cochabamba, Antonio Siles, explicó que las empresas extranjeras se “equivocan” en sus propuestas iniciales porque desconocen la carga social e impositiva que existe en Bolivia, lo que deriva en el incumplimiento de pagos a sus subcontratistas.

“Muchas veces se ven con la imposibilidad económica de cumplir de acuerdo a su propuesta porque podrían haber hecho una propuesta insuficiente”, añadió.

Otra situación similar ocurrió con el Consorcio Chimoré, que se conformó para la construcción del aeropuerto internacional de Chimoré. Según documentos a los que accedió un diario cruceño, existen cuatro empresas que fueron afectadas por una presunta estafa. Casso Metales y Concretos es una de ellas, que sostiene una demanda por varios delitos que presuntamente cometió el consorcio.

Cadecocruz advirtió que la tendencia de la subcontratación de empresas por empresas extranjeras, además de causar daños a la economía del Estado cuando abandonan proyectos, afecta la economía de empresas nacionales y de “centenares de trabajadores bolivianos”. Añaden que las consecuencias también se extienden al sistema financiero.

“En estos casos, la inversión pública y su efecto multiplicador en la economía se convierte en un problema, ya que genera desempleo, pérdidas económicas que pueden llevar a la quiebra a las empresas subcontratistas y proveedoras nacionales”, indica.

La empresa china Camce que estuvo a cargo de la ejecución de obras en el proyecto Múltiple Misicuni también fue observada por el incumplimiento de pagos al seguro social AFP Previsión. La firma asiática atravesó por varios conflictos laborales durante la ejecución de la obra.

El Gobierno rescindió un contrato con la misma empresa que estaba a cargo de la ejecución de obras en la doble vía Montero-Bulo Bulo que se adjudicó en 2012.

CASO CORSÁN

Eduardo Barra, el representante de 120 pequeñas empresas afectados por la empresa Corsán-Corviam, sostuvo que la compañía extranjera “huyó” y dejó una deuda millonaria con decenas de familias bolivianas en la doble vía Ixiamas-San Buena Aventura, en La Paz.

Barra precisó que se presentó una demanda contra la empresa por una deuda que asciende a los 17 millones de bolivianos con 120 pequeñas empresas que abastecían desde comida hasta otro tipo de insumos para la construcción de la carretera.

Agregó que los afectados buscaron ayuda en diferentes instancias públicas como la Administración Boliviana de Carreteras (ABC), sin embargo, no tuvieron resultados.

La empresa dejó dos obras adjudicadas por el Gobierno por 534 millones de dólares.

OTRA FORMA DE BURLAR DERECHOS

Según el último boletín informativo del Centro de Estudios Superiores para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), la subcontratación y tercerización laboral se generalizaron en el país como formas de organización del trabajo que consisten en reducir el núcleo de trabajadores permanentes con beneficios laborales.

“La fuerza de trabajo vinculada a las subcontratistas está sujeta generalmente a contratos temporales, salarios por debajo o iguales al mínimo nacional y a la carencia de seguridad social e industrial. La subcontratación busca la elusión de las obligaciones laborales de las empresas privadas contratantes y trasladar toda la responsabilidad a las entidades subcontratistas, cuya dinámica y tamaño depende de la demanda de las primeras”, advierte el análisis de Cedla.

La institución advierte que la subcontratación que está ligada con firmas extranjeras es una nueva forma de abaratar los costos laborales y generar elevadas ganancias.