Casos de corrupción salpicaron a siete empresas del Estado en 10 años
Enid López y Wilson aguilar
Al menos siete empresas estatales se vieron involucradas en casos de corrupción a lo largo del Gobierno de Evo Morales, entre las que figuran Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) con la mayor cantidad de casos.
En Bolivia, las empresas estatales administran el 33,7 por ciento de 214.650 millones de bolivianos del presupuesto consolidado de gastos por nivel, según el Presupuesto General del Estado (PGE) 2018.
Recientemente se desató otro escándalo de corrupción en el Gobierno. Una comisión de fiscales resolvió imputar y pedir la detención preventiva de la expresidenta de ABC, Noemí Villegas Tufiño, y del gerente nacional Técnico, Erick de las Heras, por negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, al haber adjudicado tres contratos por un valor de 100 millones de bolivianos a un consorcio conformado por un familiar político del gerente.
El ministro de Obras Públicas y Servicios, Milton Claros, espera que la Fiscalía departamental de La Paz muestre resultados de su investigación. Los proyectos involucrados en este caso de corrupción son: la carretera Yucumo-San Borja, la ruta Puente-Arce-Aiquile-La Palizada y diseño, y la vía Rurrenabaque-Riberalta. Las tres obras tuvieron observaciones de demora en la ejecución e incumplimiento de contrato.
Este caso se suma a otras denuncias de corrupción que eran investigadas por la entonces fiscal Tania Alfaro, en 2007, por tráfico de influencias y nepotismo en la entidad estatal tras la liquidación del Servicio Nacional de Caminos.
Por otro lado, en YPFB hubieron cinco escándalos de corrupción y otras denuncias menores, la última de contrabando de combustible. Los cinco primeros hechos derivaron en los cambios de presidencia de la firma estatal. En 2017, Evo Morales reemplazó ayer a Guillermo Achá en el cargo de presidente interino por Óscar Barriga tras las irregularidades en la adjudicación para la compra de tres taladros.
Las denuncias más conocidas fueron en las gestiones de Santos Ramírez, Jorge Alvarado, Guillermo Aruquipa, Carlos Villegas y Manuel Morales Olivera.
Otro caso de alta repercusión es el de las barcazas chinas (2009), cuando la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) empezó el trámite con dos empresas chinas para la construcción y adquisición de 16 embarcaciones y dos empujadores, dando un pago por adelantado de 28,9 millones de dólares; sin embargo, las barcazas no llegaron al país y permanecieron en China.
Por otra parte, funcionarios de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) fueron acusados por la desaparición de arroz valuado en 1,1 millones de bolivianos y la creación de granjas fantasmas.
En tanto, la Empresa Constructora del Ejército (ECE) generó un daño económico al Estado de al menos 60 millones de bolivianos, monto que fue un anticipo para la ejecución de seis obras en distintos puntos del país.
La estatal Boliviana de Aviación (BoA) también se vio involucrada en un caso de tráfico de influencias, ya que la cuñada del Vicepresidente brindaba el servicio de catering por 18 millones de dólares al año.
Una denuncia reciente, también recayó sobre Entel. La compañía ADM Technologies denunció la revocación arbitraria de una adjudicación ganada bajo el argumento de que el producto requerido era “innecesario” y se favoreció a otra empresa.
IMPUTACIÓN SALIÓ A 6 MESES DE DENUNCIA
El presidente ejecutivo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Marcos Loayza, denunció a Noemí Villegas en noviembre de 2017 y la imputación se dio a conocer el pasado 24 de mayo.
Villegas fue alejada del cargo de gerente nacional de la ABC en agosto de 2017, bajo el argumento de que debería dar paso a la renovación en la empresa estatal.
“Me han informado que el anterior presidente (de ABC) ha iniciado una demanda el año pasado y que ahora ha sido aceptada por la Fiscalía. Es un proceso del año pasado, no es reciente, entonces las investigaciones nos darán resultado de esta denuncia”, declaró de manera escueta el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.
