Seguridad vecinal llena vacío y 52% tolera la justicia por mano propia

Cochabamba
Publicado el 09/01/2017 a las 0h00

Un nivel muy alto de desconfianza ante las instituciones estatales responsables de velar por la seguridad de la ciudadanía —como el sistema policial y judicial—, una propensión a recurrir a la organización vecinal para llenar ese vacío y una tendencia a la aceptación, tolerancia o por lo menos cierta comprensión ante la posibilidad de que la gente haga justicia por mano propia son los rasgos más destacables de la manera como la población cochabambina afronta la inseguridad en su vecindario.

A esa conclusión se llega al interpretar las principales corrientes de opinión expresadas por las personas encuestadas. “Si usted fuera víctima de un robo o asalto, ¿cuánto confiaría que el sistema judicial castigue al culpable?” fue una de las preguntas ante la que 73,9 por ciento de la gente dijo que “poco” (33,8 por ciento) y “nada” (40,1 por ciento). En el otro extremo, apenas 8,6 por ciento afirmó que confía “mucho” en el sistema judicial, y 17,5 que confía “algo”.

Aunque en términos generales las tendencias no varían de una región a otra, llama la atención que sea en la zona metropolitana, en los valles y en cono sur donde es mayor la desconfianza hacia el Estado, mientras que el trópico cochabambino y la zona andina donde esa percepción es menor.

Ante tal sensación de indefensión, el 76,7 por ciento de las personas consultadas afirmó estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” (17,5 y 59,2 por ciento, respectivamente), con que los vecinos se organicen para protegerse mutuamente mediante la conformación de grupos de vigilancia u otras formas de control. En contraste, apenas llega a 2,5 el porcentaje de personas que se expresaron en desacuerdo con esa fórmula. Igualmente baja (2,8 por ciento) es la inclinación a contratar servicios de seguridad privada.

De las regiones abarcadas por la encuesta, la Zona Metropolitana es la que cuenta con un porcentaje relativamente menor de personas que se adhiere a la organización vecinal como la fórmula más idónea para afrontar la inseguridad. Ese porcentajes es, en cambio, más alto en los Valles y en el Cono Sur y aún menor que en la ciudad en las poblaciones del trópico.

Las opiniones positivas sobre las ventajas de la organización vecinal, sin embargo, no se reflejan con similar vigor cuando a la gente se le preguntó si participa activamente en su barrio con ese propósito. Apenas poco más de la mitad afirmó que así lo hace.

En este punto, se destaca el dato según el que la Zona Metropolitana es la que menores niveles de adhesión a las organizaciones vecinales tiene, mientras que en las demás regiones el porcentaje es significativamente mayor.

Muy ligados a las anteriores percepciones están unos niveles relativamente altos de duda sobre la relación entre el respeto de los derechos de las personas y la seguridad colectiva. “Para preservar la seguridad de los ciudadanos, el Estado a veces tiene que restringir los derechos individuales de las personas. ¿Hasta qué punto está usted de acuerdo?” fue la pregunta que se hizo sobre este aspecto del problema y se pidió que elijan una de siete opciones entre “Nada de acuerdo” y “Muy de acuerdo”. Al expresar sus opiniones, 60,8 por ciento de la gente optó por una posición intermedia. Sólo un 25,2 por ciento rechazó esa posibilidad, mientras que 14,2 afirmó estar de acuerdo con que los derechos de las personas sean subordinados a la protección colectiva.

Una tendencia muy similar se observó cuando se hizo la pregunta en relación específica con la conducta policial. “Para proteger a la sociedad se justifica que a veces la Policía no respete los derechos de las personas. ¿Hasta qué punto está Ud. de acuerdo?” fue la pregunta que se hizo sobre este aspecto del problema. Al expresar sus opiniones, 54,8 por ciento de la gente optó por una posición intermedia. Sólo un 33,5 por ciento rechazó esa posibilidad, mientras que 11,7 afirmó estar de acuerdo con que los derechos de las personas sean subordinados a la protección colectiva.

La sensación de inseguridad se plasma también en un cambio en los hábitos de vida cotidianos. Cuando se preguntó si han dejado de salir por las noches, casi la mitad de los cochabambinos (el 40,4 por ciento) respondió afirmativamente; el 35,7 por ciento ha cambiado o limitado sus lugares de esparcimiento.

A pesar de todo lo anterior, llama la atención el hecho de que la contratación de servicios de seguridad privada no sea contemplada como una buena opción por la mayor parte de la ciudadanía.  Así lo indica el hecho de que sólo un 2,8 por ciento de las personas encuestadas haya respondido afirmativamente cuando se le preguntó si ha contratado este tipo de servicios.

Es también relativamente pequeña la cantidad de gente que ha hecho inversiones para mejorar la seguridad de su propio domicilio. Sólo 13,6 por ciento afirma haber adquirido algún artículo como alarmas.

 

Un muñeco de trapo con una advertencia a los delincuentes en un barrio de la zona sur de la ciudad.
José Rocha

Justicia por mano propia

La desconfianza en las instituciones estatales y la consiguiente sensación de indefensión, se refleja por otra parte en la tolerancia, comprensión e incluso aceptación ante la posibilidad de que la gente aplique justicia por mano propia. “Algunas veces las personas llegan a hacer justicia por mano propia. ¿Cuál de las siguientes frases refleja mejor su manera de pensar sobre estos hechos?”, se preguntó a las personas encuestadas y se les pidió que elijan entre una de las tres opciones: a) “Hacer justicia por mano propia es un crimen y debe ser castigado”; b) “Hacer justicia por mano propia no es legal pero se comprende”, y c) “Las personas tienen derecho a buscar justicia por mano propia”.

La posición mayoritaria ante tal interrogante expresa un alto nivel de tolerancia y comprensión ante la justicia por mano propia ya que más de la mitad (52,3 por ciento) de las personas optó por la opción b); 21,9 por ciento afirmó que la opción c) es con la que se siente más identificada; mientras que 25,8 por ciento afirmó que hacer justicia por mano propia es un crimen y debe ser castigado.

 

 

La falta de confianza en las instituciones obliga a buscar otras opciones. El 74 por ciento de la gente confía “poco” o “nada” en el sistema judicial y apenas el 8,6 por ciento confía “mucho”
Los Tiempos

La falta de confianza en las instituciones obliga a buscar otras opciones. El 74 por ciento de la gente confía “poco” o “nada” en el sistema judicial y apenas el 8,6 por ciento confía “mucho”
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La falta de confianza en las instituciones obliga a buscar otras opciones. El 74 por ciento de la gente confía “poco” o “nada” en el sistema judicial y apenas el 8,6 por ciento confía “mucho”
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ANÁLISIS

Las consecuencias de sentir temor

VIVIAN SCHWARZ BLUM

CIUDADANÍA

Otro año más que ha pasado dominado por titulares en los medios de comunicación que nos hablan de un tema que, lastimosamente, ya es el pan de cada día: robos, asaltos, feminicidios, violencia. Sí, hay delincuencia y hay inseguridad este año como los anteriores. Pero lo que parecería haber incluso más que inseguridad es temor.

Este año, el Foro Regional vuelve a confirmar en su encuesta departamental en Cochabamba que una de nuestras preocupaciones más grandes es la inseguridad y el temor que se deriva de ella. Es verdad que nadie quiere vivir todos los días con temor, pero creo que ese no es nuestro problema principal. Nuestro problema es la reacción de la población ante la inseguridad.

El Foro Regional nos sorprende, de nuevo, con el dato de que 51 por ciento de la población quisiera tener un arma de fuego para su protección. 21,3 por ciento de la población en el departamento aprueba firmemente la justicia por mano propia. No solamente la aprueba, o en algunas circunstancias podrían estar de acuerdo. No, es un convencimiento. En general, 57 por ciento de la población aprueba esta acción, mientras que sólo 27 por ciento la desaprueba.

Un 22 por ciento incluso opina que hacer justicia por mano propia es un derecho de las personas. El 90 por ciento de la población está de acuerdo con que los vecinos se organicen para protegerse. Claro, si 40 por ciento de la población no confiaría en absoluto en que el sistema de justicia castigue a los delincuentes, si es que la Policía los atrapara, no es sorprendente que la reacción es tomar el toro por los cuernos. Pero ¿es verdaderamente eso lo que estamos haciendo?, ¿estamos solucionando algo con los grupos organizados de protección y vigilancia? Yo no creo que estemos logrando algo bueno.

El miedo de las personas generado por la vulnerabilidad ante la delincuencia y la inseguridad ciudadana hace que la población esté más dispuesta a intercambiar el respeto por los derechos individuales de las personas por una sensación de protección; más específicamente, a conceder la restricción de algunos derechos individuales por parte del Estado a cambio de la preservación de la seguridad. Sin embargo, la confianza en la Policía continúa siendo baja.

El Estado puede protegernos y preservar la seguridad ciudadana exclusivamente a través de la Policía. Si no confiamos en la protección de la Policía (ni en el sistema judicial), entonces ¿con qué institución podríamos contar? ¿Qué personas nos podrían proteger? Supongo que la respuesta lógica es, nosotros mismos.

El caso de Entre Ríos nos muestra que nosotros mismos tampoco somos dignos de confianza en el área de la protección. ¿Cuál crimen es peor? ¿El robo o el asesinato? Peor aún, el asesinato convertido en espectáculo público al más puro estilo circo romano.

Es irónico. Tenemos temor de que nos roben, nos asalten, nos lastimen. Y es justificado. Pero ¿no tenemos temor de quitar una vida? No tememos infligir dolor y brutalidad, ni ignorar los derechos de las personas. Pretendemos que es nuestro derecho porque estamos asustados. Hay cosas que dan más temor que la delincuencia; por ejemplo una sociedad que tolera la brutalidad, que demanda impunidad para los que se esconden detrás del miedo y que se organiza para castigar, pero no para defender sus derechos. 


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