Suspenden juicio contra el Consorcio Misicuni
El juicio oral contra el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM) se suspendió por segunda vez hasta el 10 de mayo. Según el abogado de la Empresa Misicuni, Arturo Arnez, se debe a que el juez Genaro Pardo aceptó tratar los tres delitos iniciales y no sólo dos como señaló la primera vez que se intentó instalar el juicio, el 21 de marzo.
Según la acusación los representantes del CHM: Martín Rovira Rada, Raúl Nemtala Caballero (bolivianos), Eduardo Gómez Vásquez (colombiano), Julio Hernán Espinel Martínez (venezolano), Francesco Senis y Raúl Maggioni (italianos) serán juzgados por los delitos de falsedad ideológica, asociación ficticia e incumplimiento de contrato.
Sin embargo, en el primer intento de instalar el juicio oral, el juez señaló que el delito de falsedad ideológica no es considerado corrupción y lo apartó. Sin embargo, esta determinación cambió ayer, cuando debía reiniciarse el juicio, y el juez decidió juzgar por los tres delitos.
Por esta retractación se requiere volver a notificar a testigos y sacar edictos. Hasta el momento, los seis acusados continúan declarados en rebeldía y se desconoce su paradero, aseveró.
Según la auditoría realizada por la Contraloría General del Estado, el consorcio conformó una asociación ficticia para adjudicarse la ejecución del Proyecto Múltiple Misicuni. Sin embargo, en 2013, se resolvió el contrato por falta de liquidez.
En 2014, se encontró un contradocumento (Anexo 16), que reveló que el representante legal del consorcio, Martín Rovira, contactó a ejecutivos de empresas italianas, venezolanas y colombianas para obtener sus currículos a cambio de un porcentaje del contrato, armar la propuesta y adjudicarse el contrato.
Al momento de ejecutar la obra, el consorcio afrontó numerosas dificultades que pusieron en evidencia los ilícitos. Según la Contraloría, el daño económico al Estado es de 23 millones de dólares. No obstante, el presidente de Misicuni, Jorge Alvarado, indicó que se trata de 33 millones de dólares y un daño social aún mayor, porque la represa debía estar funcionando desde 2014.
El exasambleísta y candidato a gobernador, Henry Paredes, señaló que este tema debería ser seguido de cerca por el Gobernador. Lamentó que la justicia sólo actúe con celeridad en temas políticos y no así en otras situaciones.
ANTECEDENTES
• Mayo 2009, el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni inició a las obras de la represa de 120 metros de altura con un presupuesto inicial de 79 millones de dólares, que luego tuvo que ascender a 90,7 millones.
• El primer plazo para la entrega de obra era noviembre de 2012, pero luego se amplió a noviembre de 2013.
• Ante el evidente retraso de obra y la falta de solvencia económica, en noviembre de 2013 se resolvió contrato con el consorcio.
• 2014, se encontró un documento que reveló irregularidades en la propuesta del consorcio, por lo que se inició la auditoría y posteriormente se denunció ante el Ministerio Público.
• Agosto 2014, Camce y Techno Suelo se adjudican la finalización del proyecto.
OPINIONES SOBRE DEMORA DEL PROCESO
Ademar Valda, diputado
No conozco a detalle el estado de la problemática en honor a la verdad, pero voy a pedir información para hacer el seguimiento correspondiente. De todos modos, si hay daño económico al Estado, nuestra posición es clara: se debe identificar y responsabilizar a los que lo provocaron. Además, se deben resarcir los daños, porque se trata de la plata de todos los bolivianos y no se puede utilizar de manera deshonesta.
Henry Paredes, exasambleísta
No está avanzando el juicio, los imputados están libres, por lo que están en una impunidad total y nadie hace nada. No sé si la empresa Misicuni está poniendo los esfuerzos necesarios. Tampoco el gobernador Iván Canelas, quien debería velar por los recursos de Cochabamba. Pero, cuando el Gobierno tiene objetivos políticos, no escatima esfuerzos, por lo que da a pensar que hay protección. A esto se suma que nadie hace seguimiento, ni siquiera los asambleístas.
