Sugieren aplicar justicia restaurativa en menores
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sugiere a Bolivia evitar la privación de libertad a menores de 18 años y pensar en una justicia restaurativa con el fin de evitar la criminalidad y la reincidencia de este grupo de personas.
El “Diagnostico de las y los adolescentes en conflicto con la ley en Bolivia” revela que hay 1.160 adolescentes menores de 18 años que tienen un proceso penal, de los que más del 50 por ciento, 711 están privados de libertad, y 500 con procesos alternativos. Se establece que enviar a la cárcel a los menores no es la solución, sino aplicar medidas restaurativas.
El estudio se dio a conocer por el Ministerio de Justicia y Unicef que presentaron otros dos documentos sobre la situación de los adolescentes en Bolivia y el sistema penal especializado para los menores en el marco del Código Niño, Niña y Adolescente.
Alternativa
Bajo esta perspectiva, la representante de Unicef en Bolivia, Sun-Ah Kim Suh, cuestionó la aplicación de la privación de libertad en este grupo etario porque no se constituye en una solución de la problemática, por lo que se debe pensar en una justicia restaurativa. “La adolescencia es la etapa en la que más se puede cambiar, por lo que se requiere del tratamiento especializado. Privarlos de libertad no sirve para reducir la criminalidad, ni previene la reincidencia. Es una solución aparente, que genera otros problemas de fondo y a futuro favorecerá a que los adolescentes continúen delinquiendo”, señaló.
A su vez, el viceministro de Justicia, Diego Jiménez, explicó que el documento busca establecer los parámetros de funcionamiento entre los años 2008-2013.
La capacidad instalada para acoger a personas en los establecimientos penitenciarios es de 4.831. Sin embargo, la población penal total en 2013 era de 13.309, de los cuales 582 correspondían a casos de menores de 18 años.
SISTEMA DE JUSTICIA JUVENIL
La investigación de Unicef tiene como objetivo demostrar que el gasto que efectúa el Estado con detención preventiva de los adolescentes en los diferentes penales significa una mayor erogación de recursos económicos para su mantenimiento con relación a la aplicación de medidas alternativas.
“Se ha desarrollado el estudio para efectuar una medición comparativa de la eficacia, costos y gastos de las medidas privativas de libertad (medio cerrado) en relación a las medidas alternativas a la privación de libertad (en medio abierto) y el modelo alternativo de la justicia juvenil restaurativa”, indica el estudio.
Se sostiene que la implementación de un sistema especializado de justicia juvenil, que privilegie las medidas socioeducativas no privativas de libertad, conseguiría reducir los costos directos.
